Lo que diga el pueblo

Esta máxima, que pudiera parecer incontrovertible, se podría expresar de la siguiente manera en términos políticos: en un sistema democrático la última palabra la tiene siempre la soberanía popular.

A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, se le ha dado muchas vueltas al tema en tanto que el Estatuto fue aprobado por el “pueblo catalán” en referendo y el máximo Tribunal vendría a contradecir lo expresado soberanamente. Incluso el presidente del Gobierno planteó en el pasado debate sobre el estado de la nación sus dudas por la contradicción que supone que una ley que haya sido votada favorablemente por el pueblo sea declarada inconstitucional por un tribunal. Así se han expresado también durante estos últimos días varios dirigentes socialistas, de CiU, de ERC y de IU. Más allá de lo que ya aclara la sentencia --que la soberanía nacional sólo se puede entender referida al conjunto del pueblo español (cuestión discutible en un nuevo pacto constitucional, evidentemente)--, merece la pena ir al fundamento de la cuestión.

Los sistemas democráticos no son abstracciones que hayan surgido de la nada sino que reflejan un momento histórico. Las democracias actuales son hijas del liberalismo. Los pensadores liberales entendieron que el hombre tiene unos de derechos y libertades que le son inherentes, es decir, que son propios de su condición humana y que, por lo tanto, el Estado reconoce. Los primeros liberales y, en general, los liberales de finales del siglo XVIII y del XIX que legislaron por primera vez dichos derechos entendieron que los mismos eran naturales, o sea, que pertenecen a la naturaleza humana. Es cuestión muy discutible. Me inclino a pensar que estos derechos y libertades son construcciones ideológicas que los hombres han hecho a lo largo de la historia porque han pensado que era bueno --para la convivencia-- respetar la vida del otro, que era bueno que todo el mundo se pudiera expresar libremente y que no fuese perseguido por sus ideas, que era bueno que nadie fuese obligado a declararse culpable por medio de torturas, que era bueno...

Estos derechos y libertades --los entendamos como naturales o como mentefactura humana-- no son logros conseguidos y establecidos para siempre, aunque sí marcan un nivel en la historia del que no convendría descender. El siglo XX europeo es un buen ejemplo de cómo los totalitarismos y las dictaduras aplastaron una y otra vez estos derechos y libertades, en muchos casos a través de referendos aparentemente legales.
Las palabras del presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación en relación con el tema que aquí abordamos dieron a entender que en una reforma de la Constitución se podría llegar al acuerdo de que las leyes aprobadas en referendo no pudiesen ser sometidas al control del Tribunal Constitucional. De esta forma se salvaría para futuras ocasiones la contradicción a que ha dado lugar la aprobación del Estatuto de Cataluña por el “pueblo catalán” y la corrección que del mismo hace el alto Tribunal. Si así se expresó el presidente --y no lo entendí mal--, es un grave error, porque buscando la solución de un caso concreto se podrían crear problemas generales más graves. El Tribunal Constitucional es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos contra los poderes públicos e incluso contra los propios ciudadanos. Las democracias liberales se basan, entre otros principios, en la asunción de que las mayorías no necesariamente tienen toda la razón y que las minorías y cada ciudadano concreto pueden reclamar jurídicamente la razón que le pueda faltar a la mayoría.

Si se constitucionalizase la imposibilidad de someter a control constitucional las leyes aprobadas en referendo, se estaría poniendo un arma muy peligrosa en manos de las tendencias dictatoriales de cualquier partido que alcanzase el Gobierno por vías democráticas. Los que gobiernan en una democracia deberían pensar siempre que mañana, antes o después, estarán en la oposición. Hitler, Mussolini y Lenin son ejemplos demasiado recientes para el olvido.

¿Quién estaría de acuerdo en que por medio de un referendo se suprimiese el derecho a la vida o más sutilmente se restableciese la pena de muerte? Posiblemente algunos. ¿No habría quiénes quisiesen suprimir por referendo la libertad de pensamiento o la libertad religiosa? ¿O quiénes votasen a favor de la tortura? ¿O quiénes quisiesen restringir el derecho al sufragio? Lo planteo llana y burdamente, pero se podría hacer de una forma más sibilina y enmascarada. Si se llegase a alguno de estos extremos, habiéndose constitucionalizado la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional juzgue sobre la constitucionalidad de las leyes votadas en referendo, ¿en qué situación estaríamos?, ¿quién podría garantizar los derechos y libertades constitucionalizados? Sé perfectamente que los mismos están también salvaguardados por el ordenamiento internacional, pero ¿realmente pensamos que no podrían darse pasos atrás o que las instituciones internacionales tendrían fuerza para imponer en un Estado estos derechos y libertades vulnerados? ¡Hay tantos ejemplos presentes de lo contrario! No demos mecanismos a los totalitarios y piénsense las cosas antes de decirse, sobre todo si se dicen desde la presidencia del Gobierno. Se está muy lejos de un nuevo pacto constitucional, aunque algunos querrían imponer su voluntad minoritaria y forzar el mismo, pero hay principios que conviene tener claros.