Conflicto de competencias en México

Las elecciones locales del pasado 4 de julio en México han generado diversas discusiones y enfrentamientos entre los distintos partidos políticos. Una de las más recientes es la denuncia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del presidente Felipe Calderón. El motivo de dicha denuncia se basa en la transmisión de anuncios publicitarios sobre logros del gobierno días antes de los comicios, durante el periodo de prohibición de mensajes políticos y de campaña política, lo cual podría haber favorecido al Partido Acción Nacional (PAN) que gobierna el país.

Los consejeros del IFE han mencionado que el titular del Ejecutivo violó la legislación electoral, pero que no puede ser sancionado al respecto.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que indica que el Presidente deberá esclarecer su participación en la transmisión de los anuncios, con el fin de determinar su responsabilidad. Los magistrados han señalado que todas las autoridades y servidores públicos son sujetos de responsabilidad administrativa, pero aun no se determina si el Presidente tenga alguna.

Sin embargo, para la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior) el IFE no tiene competencia para censurar y sancionar los mensajes de Calderón, además de invadir las facultades del Presidente y atentar contra el derecho a la información. Lo que queda claro de este conflicto es que, por un lado, es necesario que las competencias y jurisdicciones de las diferentes instituciones públicas estén bien definidas y sean claras, pero también que, en una democracia, todos los funcionarios y entidades de gobierno sean sujetos a rendición de cuentas. Con la lucha por el poder entre los partidos políticos en México, pareciera que se están utilizando las facultades de instituciones para debilitar al oponente con fines partidistas y no con apego y respeto a la ley.