Una reforma migratoria integral es la única solución que resolverá de modo definitivo disputas como la que se vive en Arizona sobre la ley estatal de inmigración, afirmó hoy la Casa Blanca.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, aludió a la decisión de la jueza Susan Bolton el miércoles de bloquear la entrada en vigor de pasajes claves de la ley SB1070 de Arizona, entre ellos la obligación de los agentes de policía de interrogar sobre su situación migratoria a las personas que consideren sospechosas.
"Todos entendemos la frustración de Arizona y los estados fronterizos (sobre el problema migratorio) pero creemos que en lugar de un batiburrillo de 50 leyes estatales, el Congreso tiene que actuar para poner en marcha una reforma migratoria exhaustiva", declaró el portavoz.
La demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, a la que se debe el bloqueo, "fue lo correcto, y lo correcto ahora, basándonos en el dictamen judicial, es hacer lo que va a ser más difícil, y eso es la reforma migratoria exhaustiva", señaló Gibbs. Tras la decisión de la jueza Bolton, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, respondió hoy con la presentación de una apelación en el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco.
La apelación reclama que se pongan en práctica los pasajes bloqueados, como el resto de la ley, que entró en vigor la medianoche del miércoles. Al tiempo que Brewer presentaba la apelación, la Policía detenía al menos a 40 manifestantes en las calles de Phoenix que se concentraban contra la ley de inmigración.
En Washington, el caucus hispano en el Congreso celebró una rueda de prensa para expresar su satisfacción por el bloqueo. En declaraciones a la prensa, el legislador demócrata Luis Gutiérrez, un firme defensor de la reforma migratoria, declaró su acuerdo con la decisión de Bolton, que apunta que debe ser el Gobierno federal el que tenga la última palabra sobre política migratoria.
"La Constitución de EE.UU. habla claramente de la responsabilidad del Gobierno federal cuando hablamos de la puesta en práctica de una política migratoria", señaló el legislador.
Inmigrantes aterrorizados
Por su parte, los activistas pro-reforma de Arizona piensan establecer en Phoenix una "zona libre de deportaciones" para protestar contra una polémica ley de inmigración que, aunque diluida por una juez, ha sembrado el terror entre los inmigrantes. La ley SB1070 entró en su segundo día de vigencia, mientras los grupos a favor y en contra de la legislación también hacen lo propio para llamar la atención sobre el problema de la inmigración ilegal.
Este jueves voluntarios del grupo "Verano de Libertad de Arizona" (Arizona Freedom Summer) establecerán en la intersección entre las calle 16 y McDowell una "zona libre de deportaciones", y dirigirán sus protestas contra el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio.
Según los organizadores de la protesta, los voluntarios tendrán una fuerte presencia en la zona para respaldar a quienes "viven con miedo", como parte de una serie de actos de repudio a las redadas de Arpaio. "Nuestra idea es crear un movimiento contra las redadas y deportaciones... las acciones de Arpaio en nada resuelven el problema de la inmigración ilegal", dijo a Efe Frank Harper, un voluntario del grupo.
Harper señaló que el grupo ha recurrido a las redes sociales como Twitter y YouTube para difundir información sobre las redadas contra los indocumentados con el objetivo de crear un ambiente político en el que se niegue el acceso a los barrios latinos a los agentes de Arpaio.
Así como los grupos pro-reforma impulsan un movimiento de resistencia contra la SB1070, los grupos que la apoyan también organizan actos para exigir un aumento en la vigilancia fronteriza, aunque son menos visibles.
Aunque la juez federal Susan Bolton suspendió las partes más polémicas de la ley, la SB1070 es parte del nuevo régimen migratorio de Arizona y ha sembrado el terror entre los inmigrantes.
Bolton dejó en pie la cláusula que convierte en delito de menor cuantía el dar albergue y transporte a los indocumentados. Eso significa que, por ejemplo, el pastor de una iglesia que traslade a sus feligreses indocumentados en su automóvil podrá ser sujeto a arresto y confiscación del vehículo.
Centenares de activistas, incluyendo 600 sindicalistas del área de Los Ángeles (California), participaron este jueves en diversos actos de protesta y desobediencia civil. Las manifestaciones y vigilias de oración continuarán hasta el próximo domingo.
