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Transparencia y administración

lunes 23 de agosto de 2010, 18:30h
Con gran despliegue de medios, primera página nada menos, EL PAÍS anunciaba hace algunos días que se va a tramitar una Ley de Transparencia Administrativa.

Básicamente, a lo que parece, se procederá a ofrecer al ciudadano la posibilidad de denunciar ante la Agencia de Protección de Datos, que un órgano de la Administración del Estado no le ha contestado en treinta días y que así, dicha Agencia arbitre. Nada se dice de los poderes de ejecución de dicha Agencia frente a la Administración incumplidora, ni de la responsabilidad personal del agente incumplidor. Se indica, eso sí, que no se aplicará a la Administración Local ni a la Autonómica, lo cual, quiere decir que es una ley no básica, que muestra una inmensa debilidad y que coloca al ciudadano en una posición claudicante frente a la mayor parte de las Administraciones.

La Administración en España es cerrada, oculta, oscura, nada transparente, nada que ver con esas Administraciones que originaron el Ombusdman. Aquí el ciudadano no cuenta. No se puede quejar ante la Administración y ésta no le hace caso si lo pretende. Así a diferencia con el Reino Unido, por ejemplo, si se tiene problemas con una compañía telefónica, eléctrica o gasista, más vale rezar, porque remedio administrativo no tendrás. A la Administración eso de atender al ciudadano le parece cosa rara, propias de gente molesta, extravagante, en fin, que ellos están más para sancionar, autorizar, etc., pero no para atender, al menos no como misión principal. Otra cosa son los administrados potentes, a los que sí se les hace caso, demasiado, diríamos.

La Ley de Procedimiento Administrativo necesita desde luego, bastantes enmiendas. Así, resulta indignante que continúen los sábados siendo hábiles, cuando ninguna oficina pública está abierta. O los registros administrativos cierran a las 3 de la tarde, y si se cae el sistema informático, tendrás que salir corriendo a Correos, como última solución, ante la mirada burlona del oficinista. Lo de la Administración informática, sigue siendo una broma, al constituirse en un piélago de dificultades, erizado con barreras técnicas de toda índole y escasamente aplicable. ¿Para cuándo la presentación telemática ante los Juzgados?

El acceso a la tramitación de un expediente, continúa en el más puro misterio. Y la documentación, las actas, incluso documentos públicos como las Sentencias recaídas en determinados organismos, son celosamente consideradas arcanos inaccesibles aptos solamente para iniciados.

Es posible que este proyecto de Ley sea bienintencionado, pero si hemos de juzgar por lo publicado, es manifiestamente mejorable.

Así, por de pronto, tiene que aplicarse a la Administración Local. Ninguna razón hay para que se tenga miedo por el Gobierno a ofrecer a los ciudadanos unas Entidades Locales más transparentes, lo cual, hoy con Internet, sería perfectamente posible. Así, en relación con los aspectos más oscuros de la Administración Local, los ligados al Urbanismo, fuente de toda corrupción local, pueden y deben corregirse con la utilización de medios informáticos. Así, supongamos que un Ayuntamiento quiere hacer un convenio urbanístico con recalificación del suelo previa clasificación ad hoc de determinadas parcelas. Ello, lamentablemente, no se publica ni da lugar a ningún tipo de información, apenas en su caso, y dependiendo de la legislación autonómica, una escueta referencia que remite a documentación no accesible ni publicada en sitio alguno, con lo cual, resulta imposible seguir y controlar ese cambio urbanístico.

Sin embargo, con un seguimiento claro vía informática y en la red, de todo el procedimiento del convenio, con un sencillo y fácil acceso, sería muy hacedero fiscalizar esa alteración y en su caso, impedirla.

Igualmente si el proyecto fuera una Ley básica, también podría aplicarse a las Comunidades Autónomas, con el simple cambio de Agencia que en este caso sería la nuestras Administraciones, van a quedar fuera del proyecto de Ley. No tiene ningún sentido.

En definitiva, creo que la transparencia es, efectivamente el gran desafío de la Administración. Pero entiendo que no costaría tanto abordar este importante asunto dentro de una reforma “pro cives” de los ciudadanos. Y ello, supone, abordar algunas deficiencias de la Ley de Procedimiento Administrativo, para facilitar la vida al ciudadano, que deje de ser el simple administrado que hoy es, y que pase a constituir el centro de gravedad de toda la Ley.

Son así múltiples los aspectos a reformar, desde los ya indicados sobre calendario y horario, hasta la supresión del carácter obligatorio de los inútiles recursos, que debería pasar a ser en todo caso, meramente voluntario, dado que solamente sirven para algo en la práctica cuando has negociado previamente con la Administración. Al igual que el importante tema de la responsabilidad del funcionario, hasta ahora inexistente, o el acceso en tiempo y de manera efectiva a la documentación que pasa por delante tuya, que aparentemente estás viendo y que sin embargo realmente es oculta, como ocurre con la apertura de plicas en concursos donde incluso con exposición en una hoja Excel pública, lo que existe en la Mesa de Contratación y que aparentemente se está exponiendo a los interesados, no tiene nada que ver, o incluso es contradictorio, con lo que, por acción u omisión, está decidiendo el concurso.

También la utilización de medios audiovisuales, como ya ocurre en los Juzgados ( si bien en estos se enfocan solamente a las partes y no al Juez, el cual, así, permanece oculto y resulta incontrolable).

Si el Gobierno se atreviera a modificar estos múltiples aspectos y a expandir la Ley a todas las Administraciones, lograría múltiples apoyos, conseguiría gratitud de los ciudadanos y demostraría que una administración regida por Les en sus más pequeños detalles, constituye el camino hacia un Estado de Derecho perfecto, como indicó Bullinger cuando se promovió la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo alemán, con excelentes resultados

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