Cristina Fernández y su guerra con los medios

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, intenta buscar nuevos mecanismos para mantener a raya a los medios de comunicación críticos con su gestión y el kirchnerismo en sí mismo. Ahora quiere recurrir a la justicia de su país para que investigue la legalidad de la compra de la empresa papelera Papel Prensa,-compañía responsable en distribuir el material para la impresión a todos los periódicos argentinos-, por parte de los diarios ‘Clarín’ y ‘La Nación’, los cuales, está demás decir, han destapado algunos cuantos trapos sucios que se cuelgan en el tendedero de la política kirchnerista.

¿El alegato para tal medida? La presunta participación de los citados medios con el último gobierno de facto (1976-1983) a manos de la Junta Militar, conformada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que, según el Gobierno, durante este período, se apropiaron de la papelera de forma irregular. Una acusación que fue presentada a través de un informe titulado ‘Papel Prensa, la verdad’, elaborada por el departamento de Comercio Interior y una antigua representante del Estado en la empresa.

Todo ello, no es novedad para los accionistas de Papel Prensa que, desde hace meses, vienen denunciando que el Ejecutivo de Cristina Fernández muestra su intención de nacionalizar la empresa. Ante esta situación, la mandataria responde que la compañía es de interés público, por lo que hay que acabar con el “monopolio” que estos medios ejercen sobre la misma. Ahora nos preguntamos ¿Cuáles son las verdaderas intenciones para desencadenar una segunda “guerra del papel”? ¿Hacer justicia por los daños causados por la dictadura y velar por la libertad de mercado, o más bien se trata, por el contrario, de controlar a la prensa?

Todo parece indicar que las verdaderas razones apuntan hacia esta última hipótesis, debido que desde hace poco más de un año el Gobierno argentino trata de implementar acciones que permitan frenar el alud de críticas que la actual gestión ha recibido por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, queda en manos de la Justicia corroborar o desmentir esta hipótesis. En todo caso, sean cuales fueren las causas originales de este conflicto, esperemos –aunque desconfiemos- que la Presidenta no se valga de la trágica historia reciente de su país para satisfacer intereses personales y ocultar sus responsabilidades de gobierno. Sería nauseabundo; sin olvidar que la libertad de prensa –clave en el derecho a la libre expresión- es central en una democracia de corte occidental.