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Una Administración manirrota y sobredimensionada

sábado 18 de septiembre de 2010, 09:03h
Uno de los motivos por los que los mercados financieros miran con recelo a España es por el precario estado de sus cuentas públicas. Zapatero se comprometió a reducir el déficit tanto a medio como a corto plazo, más obligado por las circunstancias que por convencimiento propio. Mirando las cifras del endeudamiento de las administraciones públicas españolas, es comprensible la inquietud de inversores y organismos oficiales. Un país cuya deuda supera el 57 por ciento del Producto Interior Bruto es poco menos que una catástrofe financiera. Y eso es en lo que ha convertido a España la política económica del señor Zapatero.


Los datos en cuestión reflejan que casi el diez por ciento de esa cantidad corresponde a las comunidades autónomas, copando Cataluña la cuarta parte del monto total. Eso debería de hacer reflexionar a la práctica totalidad de la clase política catalana, tan dada a un victimismo que suele quedar desmontado cada vez que salen a la luz cifras oficiales. Pero también habría que hacer más de una precisión sobre la sangría que para el bolsillo de los españole supone el Estado de las Autonomías. Porque sus administraciones públicas no sólo copan el diez por ciento del PIB español, sino que detraen otra ingente cantidad de recursos financieros por la duplicidad de funciones y la inoperatividad de algunos procedimientos cuya única razón de existir es la del peaje político.


Gran parte de la izquierda española se rasga las vestiduras cada vez que alguien planeta revisar algunas transferencias autonómicas. Tan malo es un centralismo a ultranza como una descentralización exacerbada y anárquica, y eso es lo que se ha estado haciendo de un tiempo a esta parte, originando una factura por todos conocida. Bien es verdad que el Ejecutivo tiene tantos frentes abiertos que puede que no sepa -o no se atreva- por dónde empezar. Un buen punto de partida sería poner coto a tanto desafuero autonómico. Así, rescataría conceptos tan denostados como los de solidaridad fiscal o cohesión entre regiones y, de paso, reforzaría la estructura de un Estado sumamente debilitado por las continuas cesiones a los nacionalistas.
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