El Congreso guatemalteco despeja el camino hacia la pena de muerte

Pese a que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom reiteró su rechazo a la medida adoptada por el Congreso, aclarando que si le tocara sancionarla la “volvería a vetar”, tal como hizo en 2008 con una normativa similar; la ley tiene prevista su entrada en vigor el 15 de enero de 2012, fecha en el que el mandatario entrega el poder y con este gesto arranca la cuenta regresiva para que que los presos condenados sean o no ejecutados en el plazo de 30 días que establece la norma para recurrir al citado indulto.

Desde 2001, la aplicación de la pena de muerte en Guatemala estaba en una moratoria no legal debido a que el aquel entonces presidente del país, Alfonso Portillo determinó que no correspondía al Ejecutivo decidir sobre el perdón o no a los condenados y, ante la ausencia de un camino legal para aplicar el recurso de gracia, se hizo imposible aplicar la pena capital.

Ante el retorno de esta legislación al sistema judicial, las organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) no han tardado en pronunciarse sobre un tema que ha vuelto al debate público dentro una sociedad en donde la violencia, el crimen y la impunidad están a la carta.

La ONG en un intento por dar vuelta atrás a la legislación, anunció en un comunicado que “condena los intentos de algunos partidos de reinstaurar la pena capital como solución a la violencia de las bandas en Guatemala", e insistió que la aplicación de esta ley no va a poner fin a las acciones violentas de las maras.

Pero dicha postura no es compartida por los principales actores políticos de ese país. Tanto el oficialismo como la oposición, argumentan que la medida es producto de un consenso en el pleno parlamentario, por lo que abogan a que no sea vetada por Colom, porque no le corresponderá a este Gobierno aplicar la pena de muerte.

En este sentido, Manuel Baldizón, representante de la plataforma Libertad Democrática (Lider) y principal promotor de la ley, sostiene que “la población exige a gritos su aplicación”, por lo que partir de 2012 los reos condenados a la inyección letal tendrán que hacer frente a la sentencia, recalcó.

Actualmente en Guatemala hay 41 presos en el “corredor de la muerte”, condenados por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro, entre otros, que en estos diez años fueron beneficiados de la inmunidad que supuso la suspensión de la pena capital. Sin embargo, tras la restauración de la misma, el reloj de arena comienza a correr en su contra y su vida dependerá de presidente que esté al mando.

La muerte como justicia en América

La pena muerte no es sólo un método de impartir justicia frecuente en Estados Unidos o Cuba, que desde el 2003 no ha ejecutado a ningún preso. Si bien está prohibida en la mayoría de países que conforman la región, tales como Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; hay algunos como Jamaica, Guayana, Trinidad y Tobago, o los de las Pequeñas Antillas del Caribe como Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, que aún estilan esta práctica dentro de su sistema judicial, siendo el ahorcamiento el método más usado.

Entre tanto que otros como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Perú, la contemplan para delitos previstos en el código penal militar o los cometidos en tiempos de guerra mas no para delitos comunes, por lo que no entran en el rango que los organismos humanitarios denominan “abolicionistas de hecho”.

En el caso concreto de Perú, la Constitución de ese país, aprobada en 1993 luego del auto golpe del ex presidente Alberto Fujimori, también recurre a esta medida para los delitos de terrorismo o traición a la patria. Recientemente el actual mandatario de ese país, Alan García abogó a que la pena capital también se aplique a los pederastas que provoquen la muerte de sus víctimas.