Los sindicatos argentinos llaman a una huelga general tras la muerte de un militante

Los choques, que finalizaron con la muerte del joven de 23 años y otras dos personas heridas de bala, se produjeron cuando "piqueteros" que intentaban bloquear las vías del tren en la localidad bonaerense de Avellaneda se enfrentaron con integrantes de la Unión Ferroviaria.

El joven fallecido militaba en las filas del Partido Obrero (PO) y acompañaba a los "piqueteros", como se denomina en Argentina a quienes cortan calles para expresar sus demandas sociales.

Los manifestantes reclamaban que un grupo de trabajadores fuera reincorporado a la línea de trenes Roca, que pasa por Avellaneda, donde en junio de 2002 murieron dos militantes de izquierda a manos de la Policía bonaerense.

Tras los enfrentamientos, cientos de universitarios y simpatizantes de grupos de izquierda se concentraron en una céntrica esquina de Buenos Aires para repudiar el crimen del joven, identificado como Mariano Ferreyra.

Numerosos sindicatos se sumaron a las manifestaciones de rechazo, al igual que la CTA, la segunda central gremial del país, que reúne a alrededor de 1,4 millones de afiliados, muchos de ellos empleados estatales.

Además, los trabajadores del metro realizaron un paro de una hora "en repudio" por los incidentes que se sumó a las movilizaciones y contribuyó a paralizar el tránsito en el centro de Buenos Aires.

"Exigimos el inmediato esclarecimiento de los responsables directos y políticos del crimen" y "convocamos un paro nacional (huelga) para este jueves 21 con movilización a la Plaza de Mayo -frente a la sede del Gobierno argentino- y en todo el país", indicó la CTA en un comunicado.

"Responsabilizamos al Gobierno nacional por una muerte más cuando venimos advirtiendo que hay impunidad para patotas, algunas integradas en el Estado, para pegar y amedrentar", señaló Rodolfo Rechea, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires, gremio integrante de la CTA.

En una escueta alusión a los incidentes, la presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó que "hay que identificar a los autores materiales" del crimen, mientras que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo estar "consternado".

"Es un hecho repudiable y hay que encontrar a los responsables. Es una locura a lo que estamos asistiendo. No debemos andar con miramientos con el que pegó el tiro", añadió el funcionario, quien afirmó que el enfrentamiento "fue evitado por la Policía Federal".

"Fue asesinado por luchar contra las políticas de flexibilización laboral que se mantienen desde los 90. Esto demuestra que a pesar de lo que sostiene el Gobierno nacional, la criminalización de la protesta social sigue vigente", sostuvo en un comunicado el bloque de diputados de la opositora Proyecto Sur.

Rubén Tripi, abogado laboralista del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, afirmó a Efe que "hay un reclamo desde hace años de un sector de los ferrocarriles metropolitanos que cobran un tercio que el resto, pero que la empresa se niega a incorporar como personal permanente".

La CTA, que desde hace años reclama al Gobierno reconocimiento jurídico, convocó en septiembre unas elecciones de autoridades en las que el candidato opositor, Pablo Micheli, triunfó por una diferencia superior a 18.000 votos frente a lista liderada por Hugo Yasky, afín al Gobierno de Cristina Fernández.