La residencia veraniega de Franco será investigada por la Xunta

La Xunta de Galicia reclama desde hace casi dos años que la residencia en la que Franco pasó 36 veranos sea inspeccionada. El 23 de agosto de 2007, la Dirección General de Patrimonio Cultural ordenó la entrada de un equipo técnico para comprobar el nivel de conservación, pero la familia Franco, encabezada por su nieta Carmen Franco Polo, lo impidió.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según informa Efe, ha mediado y ha dado la razón a la Xunta, que insiste en la necesidad de abrir el edificio al público, y dotarlo para uso expositivo cuatro días al mes. El Pazo de Meirás perteneció a la escritora Emilia Pardo Bazán, hasta que en 1938 las autoridades gallegas de entonces, zona nacional, decidieran unieran esfuerzos regalarle la propiedad a quien se convertiría en el Generalísimo.

Exigencia de discreción: dos condiciones
Existe un innegable resquemor en torno al Pazo de Meirás, especialmente en aquellas familias más afines al movimiento republicano. La entrega del bello edificio a Franco se realizó bajo coacciones a la población, con la obligación de aportar desde 25 a 500 pesetas de entonces, para financiar el regalo en forma de Pazo, como recuerda el diario “Público”. Se cuenta del temor de ciertos terratenientes que veían como el muro que cercaba el Pazo avanzaba, lo que significaba que pronto sus tierras dejarían de ser suyas.


Por eso, queda un sentimiento agrio entre quienes no aprobaron ni el regalo, ni el modo de hacerlo. De ahí también el interés popular en que se entre en la propiedad, y en que dilucide qué esconde en su interior, ya que se especula sobre una posible fortuna oculta en añejos arcones y en diverso material valioso.

Por todo esto, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio, según informó la Consellería que dirige Anxela Bugallo a Efe, podrán acceder al interior, pero bajo dos condicionantes. El primero de ellos es que las fotografías que se tomen se limiten al estado de conservación. No hay que olvidar que el objetivo último de esta operación es dictaminar si merece la pena catalogar el Pazo como Bien de Interés Cultural. La otra exigencia es que no se dé publicidad a la inspección, que no se diga lo que allí se vio.