La Administración pública se retrasa a la hora de implantar la factura electrónica

¿Qué es exactamente la factura electrónica?
La factura electrónica es una tecnología que, a día de hoy, es conocida en la mayoría de los casos pero no está tan extendida como, por ejemplo, el correo electrónico. No se conoce en base a su uso.

Así, una factura electrónica no deja de ser un fichero electrónico que contiene la información de una factura. La diferencia es que ese fichero está estructurado y, al ser electrónico, se deben cumplir los requisitos necesarios para darle un ámbito de seguridad claro, que nadie la pueda modificar, tanto en el proceso de emisión como en el destino. Para esto se utilizan varios métodos de seguridad entre los que destaca la firma electrónica, que no es lo mismo que la factura. Mucha gente piensa que son lo mismo pero en absoluto, sólo están relacionados para conferir un entorno de seguridad, confianza y confidencialidad a la información.

¿Cuáles son los beneficios derivados de su implantación en la Administración pública?
Lo podemos agrupar en dos grandes beneficios. El primero es el ahorro económico. En 2006, el Ministerio de Industria situó el ahorro que se podría alcanzar con la implantación de la factura electrónica en la Administración pública en los 15.000 millones de euros. Este dato ya es aplastante de por sí ya que representa un porcentaje del PIB muy relevante que podría reinvertirse en otros ámbitos.

Por otro lado, hay otra vertiente más de gestión. El hecho de que alguien pueda emitir una factura y pueda consultar en todo momento en qué estado se encuentra aporta una claridad importante. Además, el hecho de introducir la factura electrónica provoca que la propia Administración tenga que revisar los procedimientos de gestión interna, que podrían ser más ágiles y más automatizables.

¿A qué se debe el retraso?
La respuesta fácil es echarle la culpa a la crisis, pero nosotros consideramos que ha habido otros factores mucho más determinantes. Principalmente, creemos que la administración no ha sabido aprovechar la coyuntura y apoyarse en la Factura electrónica para reducir gastos, y no ha sabido impulsar con suficiente fuerza y criterio su implantación. Con ello, ha originando que algunas administraciones locales hayan asumido por su cuenta un coste que no les correspondía al querer dotar con una solución para facturar telemáticamente también a sus proveedores, además de a sí mismas, hecho que ha llegado a incrementar sus presupuestos hasta en un 70 por ciento.

Así, la falta de un criterio común, ha hecho que las administraciones hayan implantado diferentes soluciones obligando a las empresas a facturar de varias formas dependiendo de la administración con la que facture, algo que ha perjudicado y complicado algo tan sencillo como es el uso de la factura electrónica.

De este modo, ¿el proceso de introducción de la factura electrónica va en aumento o está estancado?
Va en aumento. Desde que publicamos el informe ha habido varias administraciones que se han puesto en marcha. Entendemos que es un proceso que se va a ir poniendo en marcha en los próximos años.

Dos de las regiones más industrializadas y con mayor peso económico de nuestro país son Cataluña y País Vasco y representan dos realidades diferentes en cuanto a factura electrónica. ¿Cómo valora este desfase entre ambas Comunidades?
Creo que está claro que en Cataluña han sido los pioneros en este ámbito, tanto a la hora de implantarla como a la hora de generar un proyecto común para facilitar su introducción. El servicio “e.FACT, “Model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes” del Consorcio AOC, impulsado desde el gobierno autonómico, ha facilitado el paso a la e-factura a numerosas entidades locales. De todos modos, aún queda un gran trecho en cuanto a las administraciones locales.

Por su parte, el Gobierno vasco ha puesto en marcha un proyecto que dará en breve sus primeros resultados. Eso no quita que muchos de sus ayuntamientos no usen aún la factura electrónica. También es verdad que las entidades locales están sujetas a unas partidas presupuestarias más estrictas y eso siempre complica el asunto.

¿Qué radiografía se podría hacer de la factura electrónica en España?
Creo que sería una pirámide un tanto deformada. Si ponemos en la cúspide la Administración nacional, sólo hay un Ministerio en la actualidad, el de Industria, que haga uso de la factura electrónica. Los demás forman parte de la AGE, un proyecto común del que forman parte 9 ministerios y 7 entidades públicas, incluida la Agencia Tributaria, para implementarla en un entorno propicio y dinámico, hecho que ha originado este retraso en su puesta en marcha.

Si bajamos un escalafón, son las autonomías las que realmente están impulsando la factura electrónica y que tienen una actividad más dinámica y amplia en este ámbito. Finalmente, el cuello de botella lo representarían las entidades locales.

¿Qué pasos debe seguir la Administración pública para mejorar en el campo de la factura electrónica?
Creemos que se tendrían que aprovechar las soluciones que ya existen en el mercado y en la propia Administración, el ministerio de Industria, por ejemplo, cuenta con una aplicación gratuita para facturar electrónicamente que se puede descargar desde su página web. Deben implementar cuanto antes una solución para poder recibir facturas electrónicas, sin preocuparse de que sus proveedores aún no tengan soluciones para emitirlas, y no complicarse con el proyecto.