España, alarmada

El Gobierno autocalificado de socialista ha descubierto que una interesante forma de atajar un conflicto social es el uso de la autoridad militar, por supuesto. En realidad, no es algo novedoso. Franco también utilizaba la militarización como respuesta a la amenaza (terrorismo, huelgas). Lo que sucede es que cuando lo hacía no era precisamente aplaudido por los exiguos sectores democráticos de aquella España. Ahora, sin embargo, el Gobierno de Zapatero utiliza el mismo mecanismo y, encima, quiere que se le haga un homenaje.

Pues bien, el uso del excepcional Estado de Alarma nunca puede ser un éxito de un Gobierno democrático. Más bien es la constatación de un fracaso previo. Y la respuesta de la impotencia se convierte en ferozmente agresiva (en el terreno de los derechos y las libertades) y sienta un precedente de impredecibles consecuencias. Pues todos los Gobiernos futuros tendrán la tentación de abordar los problemas graves con el mismo mecanismo (si ven ahora que es aplaudido por la ciudadanía). Y los ciudadanos, por su parte, se sentirán vigilados, cuando no coaccionados, por si reciben parecida respuesta ante movilizaciones, manifestaciones o huelgas. Y, atención, controladores hay pocos, pero controlados pueden ser muchos.

En el último conflicto, que hoy jueves se trata en el Congreso, se puede decir que el Gobierno no tenía otro remedio que dictar el Estado de Alarma. El problema es por qué no lo tenía. Por qué los anteriores Gobiernos constitucionales habían podido sortear el uso de instrumentos tan radicales y por qué éste, el Gobierno del talante y del diálogo, ha tenido que apelar a la autoridad militar, por supuesto. El mismo “militar, por supuesto” que soltó Tejero cuando quiso dar paso a punta de pistola a otro "salvador" para una situación de crisis (aquella, por cierto, generalizada) en España.

Los perros que muerden suelen ser cobardes. Y el bocado gubernamental ha emanado en este caso de la debilidad que nace de la imprevisión, de la falta de visión estratégica, de la incapacidad intelectual para buscar alternativas a las crisis. Porque no deja de tener su guasa que un Gobierno, heredero de otros socialistas empeñados en embridar el “poder fáctico” militar, sea el que haya terminado por recurrir al Ejército, y a sus excepcionales leyes previstas para la guerra. Ese Gobierno que utilizó el símbolo de una mujer embarazada y pacifista (sin que ello le quite o le ponga capacidad personal) como demostración de la superioridad de lo civil en la sociedad democrática es el que grita all'arme, alarma, a las armas, cuando un entero Estado queda en jaque por unos centenares de personas (absolutamente desquiciadas en su acción, por cierto).

¿Cómo ha podido permitir un Gobierno que eso haya llegado a pasar? Probablemente, de la misma manera por la que fue sorprendido por una crisis económica que se gritaba por todo el mundo, menos por Solbes; o cuando lo fue con la ruptura de la tregua por Eta, también avisada por muchos, menos por Rubalcaba; o lo puede ser el día de mañana en un incidente en la frontera marroquí, que todos tememos, menos Zapatero.

Y, ante tanta improvisación y error de diagnóstico, al medico gubernamental termina por quedarle siempre una opción. La cirugía extrema. Con un recorte salvaje en el Estado del bienestar por la tardanza en gestionar la crisis económica, o con la militarización de la sociedad civil cuando hay un plante de controladores. Ambas corresponden a un Estado de Alarma (pues afectan a derechos adquiridos y a libertades fundamentales), aunque sólo se haya declarado formalmente en el segundo caso.

El tiempo que le quede a este Gobierno agónico puede dar de sí muchas páginas para la antología del disparate. Por ejemplo, que el mismo decreto de militarización pueda emplearse en caso de cualquier huelga en sectores estrategicos (¿no los afectó la última huelga general, no los afectó la huelga salvaje del metro de Madrid? ¿no los afectaría una huelga ferroviaria, de pilotos, de jueces o de policías).

Y definitivamente paradójico resulta que sea el propio Gobierno el que siembra los vientos del conflicto (por ejemplo, con su inagotable dispendio en el gasto público, con su asombroso ataque al ladrillo justo antes de la catástrofe inmobiliaria mundial, o con su demagógica batalla contra los controladores).

El mundo, después del 11-S empezó a quedarse cortito en libertad, a cambio, presuntamente, de seguridad. También Zapatero ha descubierto, como Franco, que a los espñoles no se nos puede dejar solos, que hay que poner en cintura a los revoltosos utilizando todas las armas en la mano. A las armas, por tanto, y veamos después cómo quedan las libertades constitucionales en España. A lo mejor, a la gente le gusta que le pongan un ronzal, porque así se siente más segura y puede viajar en los puentes.

Para descubrir eso, que si le preguntas a los ciudadanos pedirán pena de muerte para los terroristas o que se mande el Ejército contra quienes predican independencias, o que se expulse masivamente a los emigrantes conflictivos, o que se encarcele a los ricos y ahora famosos controladores, no hace falta ser un águila. Por eso, las democracias son sistemas delicados de equilibrio, de confrontación civilizada bajo la ley emanada del imperio de la soberanía ciudadana. Y por eso están obligados sus Gobiernos a prever los conflictos para que el sistema no quede dañado por el uso, que siempre es abuso, de la legislación excepcional.

El Gobierno ha decretado oficialmente el Estado de Alarma. Extraoficialmente, el estado de alarma es el de los ciudadanos respecto a la capacidad del Gobierno.