Corea nos da lecciones en las posaderas de los piratas somalíes

El problema de la piratería en el Mar de Arabia y en el Índico es conocido pero sólo salta a los titulares cuando adquiere el tinte dramático del secuestro con violencia, con su corolario de chantajes y extorsiones. Pero el fracaso de la respuesta ante esta cadena de atentados repetidos y sistemáticos es menos denunciado de lo que el asunto merece. A los efectos, la evidencia estadística es demoledora: desde hace casi un lustro, los ataques piratas no han hecho sino aumentar, al punto que, en el 2010, más de medio centenar de buques fueron secuestrados y los piratas retuvieron a cerca de mil doscientos rehenes.

No obstante, las autoridades europeas alardean de los éxitos de la operación “Atalanta”: tantos y tan repetidos que su número y frecuencia presentan un contra-argumento devastador. La multiplicación escandalosa de ataques denuncia un fracaso estratégico: es el guarismo que ilustra una operación mal pensada, en la medida que no ha servido para desalentar al enemigo, o bien no ha conseguido paralizarlo o destruirlo. En otras palabras: la disuasión no ha funcionado. Para eso está la fuerza. Ese es el propósito de toda operación militar. Y ese es también su sentido.

Al parecer, el propósito de la operación “Atalanta” de la UE consiste en “detener a los piratas y ponerlos a disposición judicial”. Nada menos. Como disparate, la idea no tiene desperdicio. Porque se trata de un supuesto incoherente y, como tal, abocado al fracaso. Lo de menos es que no se sepa bien ante qué autoridad judicial conducir a los “detenidos”. El principal problema es que el instrumento utilizado no está pensado ni diseñado para ese tipo de acciones jurídicas. Si persistimos en utilizar nuestras Fuerzas Armadas en el incoherente papel de policía judicial, el resultado será militarmente ineficiente y judicialmente complicado. Al punto, que no tardaremos en ver a nuestros propios militares sentarse como imputados en alguna corte europea. El corolario -y el costo- del disparate, naturalmente, es que los piratas en Somalia (o los terroristas en el Sahel) interpretan que el sistema de capturas y atentados produce dividendos; y la expresión matemática de que los piratas no están precisamente desalentados es la abultada estadística de la que se ufanan nuestras autoridades. Los que han padecido directamente la violencia terrorista lo tienen claro: “no hay nada más destructivo para las reglas del juego que la impunidad” —declaraba hace algunos meses Maite Pagazaurtundúa.

Lo peor de las políticas de “apaciguamiento” frente a los profesionales de la violencia es el mensaje de aliento de que determinados métodos dan resultado. Un mensaje emitido para unos pero recibido por todos —por todos los especialistas en la industria del secuestro y la extorsión, se entiende. Así lo ha entendido el Gobierno de Corea del Sur. Por eso, no ha dudado en ordenar a uno de sus destructores perseguir a un carguero secuestrado por los piratas, hasta detenerlo y abordarlo, reduciendo y matando a los piratas y liberando a los rehenes. Un mensaje del que tomarán buena nota los piratas somalíes pero que se escuchará también desde el Sahel y Afganistán hasta Corea del Norte.