La grave contaminación en Madrid dispara las alarmas y las acusaciones políticas

Grupos ecologistas han pedido a los responsables políticos que adopten las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan respirar aire limpio. El debate sobre la contaminación en las ciudades se ha reavivado los últimos días, al instalarse un anticiclón sobre la Península que impide que haya ventilación y, en consecuencia, que los gases de los vehículos se dispersan en la atmósfera.

Para paliar esta situación, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha animado esta semana a cambiar el coche por el transporte público, una recomendación que se podía leer en pantallas informativas en la M-30. Este miércoles, el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho la misma petición, ya que en la capital castellanoleonesa han llegado a sobrepasarse los valores límite para la contaminación atmosférica.

Expertos afirman que si se desea disminuir la polución es necesario reducir el número de automóviles en las carreteras, ya que tres cuartas partes de la contaminación atmosférica que afecta a las grandes ciudades, provienen exclusivamente del transporte. Sin embargo, para grupos ecologistas, recomendaciones como las realizadas desde los ayuntamientos de Madrid y Valladolid no son suficientes si se quiere aliviar un problema que llevan sufriendo las grandes ciudades desde hace años, y que tiene graves repercusiones sobre la salud de los ciudadanos.

En declaraciones hechas a la Agencia Efe, el director de Greenpeace ha dicho que este tipo de situaciones no se solucionan cambiando estaciones de posición –como se ha hecho en Madrid, dónde se movieron a zonas con un flujo menor de coches- o modificando normativas, como el límite establecido de 80 kilómetros por hora en Barcelona.

Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma a EL IMPARCIAL “reducir la contaminación es disminuir el tráfico” y añade que “cualquier medida que disuada del uso del coche y anime a la gente a desplazarse a pie, en bicicleta o a usar transporte público, es positiva, aunque no puede ser una medida eventual, ya que son necesarias medidas estructurales”.

El portavoz de Ecologistas en Acción ha presentado este miércoles en la capital, el informe “Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid 2010", en el que esta asociación denuncia la polución que sufre esta comunidad y la relación tan estrecha que hay entre enfermedades respiratorias, muerte y contaminación.

En concreto, Segura se ha referido a las 1.699 muertes prematuras que cada año se podrían evitar en Madrid si se redujera la media diaria anual de partículas tóxicas en suspensión a 20g/m3, según un estudio europeo elaborado por Apheis-3, que en España se ha realizado sobre 26 ciudades españolas.

También este miércoles, la Fundación Ecológica y Desarrollo (ECODES) y DKV Seguros, presentó un documento en el que afirma que unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de la contaminación atmosférica, e instan a que las empresas, las administraciones y la sociedad a adopten medidas para evitar que la contaminación siga aumentando.

En esta línea, Ecologistas en Acción presentará el próximo viernes una querella contra el Ayuntamiento de Madrid por lo que consideran un delito de omisión de responsabilidades. A juicio de Segura, los responsables municipales –Gallardón en calidad de alcalde y Ana Botella, como consejera de Medio Ambiente- tienen la obligación, según el artículo 325 del Código Penal, de poner las medidas necesarias para que no haya emisiones contaminantes en la atmósfera que superen los límites legales.

En la capital, según datos publicados por el Ayuntamiento correspondientes al año 2010, se superan los límites legales de dióxido de nitrógeno en 18 de las 24 estaciones que miden este contaminante. Ello, según Segura, quiere decir que hay puntos en los que la concentración de partículas ha sido mucho más elevada que la permitida -que es de 40 g/m3- porque la mayoría de estaciones están en parques o en zonas alejadas de la ciudad.

Interrogado por la responsabilidad individual de los ciudadanos, el portavoz de Ecologistas en Acción cree que desde los organismos públicos se ha ocultado la realidad de una situación que sufren las ciudades desde hace una década. “Si se informa de que hay un problema serio y se hacen campañas, la gente se puede animar a tomar medidas, pero de la noche a la mañana, recomendar dejar el coche en casa o es una propuesta o muy ilusa o es muy cínica, pero que no va a funcionar.”

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si las grandes ciudades españolas están cumpliendo la directiva europea de Calidad del Aire. Para ello, la Fiscalía ha pedido información detallada de los niveles de contaminación atmosférica y de las medidas que están tomando para combatirlos ciudades como Madrid y Barcelona.

Así lo han indicado a la agencia Efe fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente, quienes han explicado que esta investigación se está llevando a cabo ya en Madrid y en Barcelona, en tanto que son las ciudades más grandes y tradicionalmente más contaminadas. Posteriormente, la Fiscalía "continuará con el resto de grandes ciudades españolas" con el mismo procedimiento: petición de datos de contaminación atmosférica y de los programas puestos en marcha para avisar a la población y mejorar la calidad del aire.

En lo que se refiere a la directiva de Calidad del Aire, la Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España por incumplirla a comienzos de 2010, y le advirtió de que, de continuar con el incumplimiento, el siguiente paso sería una denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario.

Los avisos por incumplimiento de la Comisión al Gobierno de España, se han referido, principalmente, a la contaminación por partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10).

Los valores límite de PM10 -emitidas principalmente por las industrias, el tráfico y las calefacciones domésticas- imponen un valor de concentración anual de 40 microgramos por metro cúbico y un valor de concentración diario de 50 microgramos por metro cúbico, que no debe superarse más de 35 veces por año, y que varias ciudades españolas incumplen sistemáticamente desde que entró en vigor la directiva.