No perdamos la última batalla: deben condenar los crímenes de ETA

En las últimas fechas hemos asistido a la puesta en escena (mediática) del último intento de legalización de la llamada “izquierda abertzale”, el grupo político que forma parte de ETA (según sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos).

No oculto mi preocupación por los términos del debate. Mientras los antiguos “batasuneros” dicen que a partir de ahora serán unos pacifistas, la respuesta de nuestras autoridades no va mucho más allá de una neutral y benemérita expectativa ante las peticiones de legalización de “Sortu” (“Nacer”), la nueva marca de la organización. El presidente del Gobierno ha estado circunspecto, como si tuviese obligación de mostrarse equidistante: “hay que esperar”, dijo a los periodistas. Considero adecuado que en un asunto de trascendental importancia para nuestra democracia, los líderes políticos tienen la obligación de pronunciarse ante la opinión pública, pues se trata, ni más ni menos, de una cuestión de naturaleza moral, y por eso, no pueden tratarla, en absoluto, como si fuese un asunto meramente judicial.

Estamos hablando, obviamente, del fin de ETA, e igualmente importante, de cómo será ese final. La democracia española no está forzada, afortunadamente, a soportar condicionamientos con los terroristas. Por lo tanto, la derrota de ETA, en términos ideológicos, debe ser total, y bueno será que así sea. Como escribió José María Ruiz Soroa, en “Cuadernos de Alzate” (nº42, 2010), al comentar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, confirmando la ilegalización de Batasuna: “la forma en que se describa y se conceptualice el fenómeno terrorista que la sociedad vasca vive desde hace décadas, la forma en que se construya el relato de lo sucedido y su final, marcarán indeleblemente el futuro político de esa misma sociedad.”

De esto están hablando los verdaderos dirigentes de ese movimiento político, que quiere legalizarse ahora con otro nombre. Sin ninguna duda están dispuestos a rechazar la violencia de ETA. Incluso afirman “el rechazo previo a ETA para sus candidatos (“excusatio non petita acusatio manifiesta”). Pero en absoluto hacen la mínima crítica a ese pasado de terror, muertes y devastación moral y física. Y de esto hay que hablar. No porque queramos aplicarles una ley del talión, impidiendo que la democracia tenga con ellos la misma generosidad que siempre ha tenido. Sino porque los terroristas, y sus aliados políticos, jamás podrán cantar victoria sobre esta democracia, concretamente, la democracia de la Constitución de 1978, salvo que perdamos la guerra en la última batalla, la que ya está ganada: ¡sólo faltaría que les homenajeemos por dejar de matar!

¿Podría esta democracia aspirar a un futuro con estabilidad y legitimidad si tuviese que aceptar que los culpables de tantas muertes (y cada uno de nosotros tenemos nuestra “memoria histórica”) pudiesen justificar esos asesinatos como unos “sacrificios necesarios” para la “democratización de Euskadi”? Lo que va a decidirse es si se va a aceptar que los asesinos puedan optar al mismo tipo de reconocimiento que merecen sus víctimas.

No es retórica exagerada. La prisa que tienen los nacionalistas moderados, especialmente los partidarios del “soberanismo”(recordemos que ese término lo popularizaron en “Lizarra” cuando pactaron con ETA y HB), se explica porque un final del terrorismo de esa manera, legitima su estrategia inveterada de que la “Constitución de 1978” establece una “democracia defectuosa”, una “jaula de los pueblos” de España.

Hay algunos factores que pueden hacer que perdamos la batalla final que ya está ganada. Sería la tormenta perfecta si coincidiesen: un deseo impaciente de paz, junto a un comprensible cansancio social, podrían añadirse a ese “pensamiento débil” (“hay que terminar con el sufrimiento de las muertes, de todas las muertes, las de los comandos como las de sus víctimas”), que sumado a la falta de entendimiento entre el Gobierno y la oposición, podrían producir un resultado intolerable.

Como se lee en el artículo citado, la democracia no es una mera regla procedimental, sin otros límites que la observancia de sus reglas. “No se puede decidir democráticamente el fin de la democracia”, señala Ruiz Soroa, mencionando, intencionadamente, a Jürgen Habermas. La democracia es, sobre todo, un sistema de valores, y como tal afecta a la moral universal, algo que es sustantivo para que los Derechos del Hombre estén vivos y se hagan cumplir.

No basta con que ahora rechacen la violencia de ETA. La salud democrática exige que sus crímenes se condenen en nombre de los valores democráticos. No es que puedan engañarnos otra vez. Ahora, ni siquiera lo intentan: uno de los dirigentes del nuevo partido explicó que ellos están contra la violencia de ETA: “si la hubiera”. ¡Si dejan de matar no será por ellos, sino porque la democracia se lo impide! ¡Aceptar sus ideas será un negocio ruinoso para quienes son sus potenciales objetivos, es decir, todos los ciudadanos que aprecian las leyes de este Estado!