www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AL PASO

¿Fraude de ley?

sábado 12 de febrero de 2011, 14:18h
Convendría contemplar sin aspavientos, con completa serenidad, el asunto de la legalización del Nuevo Partido Sortu con el que la izquierda abertzale pretende presentarse a las elecciones forales y municipales de mayo de este año. El problema reside en que este proceso se realiza, como no puede suceder de otra manera en un sistema democrático, a plena luz, por lo que constará a todos la posición que cada uno asuma. Con estas condiciones de publicidad, por tanto, queda poco resquicio para que nadie pueda eludir su responsabilidad, imponiéndose la simulación o el fraude.

Como sabe todo el mundo a estas alturas no hay duda alguna de la plena legitimidad de las exigencias que nuestro sistema legal (esto es, el establecido por la Ley de Partidos) fija al efecto, pues tal norma ha superado en diversas ocasiones el filtro constitucional español, y fue considerada un instrumento plenamente compatible con el sistema democrático por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que suele utilizar un estándar de control al respecto bastante estricto.

En términos constitucionales lo que la Ley de Partidos, antes de nada, trata de garantizar es que en virtud de su relación con el terrorismo, ninguna fuerza política disponga de oportunidades ventajistas en el terreno electoral, derivadas del amedrentamiento que causa la utilización de la violencia o su amenaza. En nuestro sistema democrático es la relación instrumental con la violencia, y no el planteamiento de determinados objetivos políticos, como puede ser la reclamación de la independencia, lo que determina la ilegalización de un partido político, como ocurrió con Batasuna, en virtud de su dependencia judicialmente probada respecto de la organización terrorista de ETA.

En la fase actual en que nos encontramos la cuestión que se plantea es, ilegalizada y disuelta Batasuna, el registro de la nueva formación política. Lo que sucede , como no podía ser de otro modo, es que la Ley de Partidos impide la inscripción de un partido “que continúe o suceda la actividad” de un partido declarado o disuelto. Sin duda será esa presunción de continuidad del nuevo partido con Batasuna la que moverá al Ministerio del Interior a resistirse a la inscripción de la formación política Sortu en el correspondiente Registro, sobre la que decidirá finalmente la Sala Especial del Tribunal Supremo y, en su caso, si hubiese el correspondiente recurso de amparo, el Tribunal Constitucional. Pienso que va ser muy difícil convencer a los jueces, sean los de la jurisdicción ordinaria o la constitucional, a poco que se apure la capacidad del Fiscal del Estado de aportar el correspondiente material probatorio, dependiente de una diligencia policial asegurada por la profesionalidad y la independencia de los correspondientes institutos, de que el nuevo partido no es continuador o sucesor del anterior partido ilegalizado o disuelto, o que como dice la ley “no hay conexión o similitud” entre ambas formaciones, al menos según se desprende de la personalidad de algunos valedores públicos del nuevo partido.

Cierto que se ha producido una ruptura en el terreno de los estatutos, de manera que en los de la nueva formación se adopta una posición de rechazo en relación con la violencia (sólo contemplada en términos de futuro, sin referencia entonces a los crímenes del pasado) de ETA y con el compromiso exclusivo de medios pacíficos en la actividad política. En términos políticos se trata sin duda de una rectificación importante, pero que nosotros no hemos de valorar ahora, pues nuestro prisma es exclusivamente jurídico. Desde esta óptica lo que han de resolver los jueces es si no estamos, contra las apariencias, ante un fraude de ley, esto es, ante la aceptación meramente formal de las normas legales con el propósito verdadero de infringir el ordenamiento, como dice nuestro Código civil, ante actos realizados al amparo de una norma legal persiguiendo un resultado ilícito. Como estableció en su día el Tribunal Constitucional, STC 37/ 1987, la figura del fraude ley es una categoría que despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico, incluido naturalmente el propiamente constitucional. Difícil lo veo.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios