El buen juicio del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha dado al traste con una de las últimas ocurrencias lingüísticas del Tripartito. PSC, Esquerra e Iniciativa pretendían en 2008 que el saber catalán fuera determinante a la hora de ocupar una plaza como fiscal en Cataluña. A juicio del Supremo, “el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma no puede prevalecer sobre la acreditación de la formación jurídica”. Se puede decir más alto, pero no más claro. A la hora de obtener el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución, resulta mucho más importante saber de leyes que escribir “pollo” en lugar de “pollastre”.

Abundando en el argumento legislativo, el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal detalla de manera clara cuáles son sus funciones: “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Funciones, por otra parte, sumamente importantes como para andar perdiendo el tiempo con cuestiones de otra índole que no sea la estrictamente jurídica. Además, todas las resoluciones judiciales son públicas, lo que significa que han de estar dictadas en el idioma por todos entendido, cual es el castellano. Ello no obsta para que los naturales de aquellas comunidades autónomas donde tengan la suerte de poseer una lengua vernácula puedan expresarse en ella y utilizarla como les plazca. Y tampoco es óbice para considerar un mérito, en todos los sentidos y profesiones, el conocimiento de la lengua vernácula. Pero de una manera sensata y positiva que pasa por apoyar y promocionar nuestra riqueza y variedad lingüística sin discriminar la lengua de todos.

En general, la gente quiere tener un sistema judicial profesionalmente solvente o una medicina que le cure, sin que disputas lingüísticas aldeanas deterioren su seguridad jurídica o física: en interés de todos; especialmente, de los ciudadanos catalanes. Así pues, el Supremo aporta algo de cordura al debate político que suele rodear el tema lingüístico, permanentemente contaminado por las salidas de tono del nacionalismo.