Por qué aún no se ha actuado contra los profanadores de la capilla de la Complutense

El pasado jueves 10 de marzo un grupo de jóvenes bastante numeroso tomó la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Insultaron al clero, leyeron en voz alta sus críticas a la Iglesia Católica y hasta varias de las asaltantes rodearon el altar desnudas de cintura para arriba, unos hechos que pueden ser considerados delictivos. Los organizadores del acto blasfemo “militan” en una asociación de extrema izquierda llamada “Contrapoder”. Sus miembros colgaron las imágenes del asalto en su web e incluso reivindicaron el acto, conscientes de la posibilidad de que podía ser constitutivo de delito retiraron las fotos y emitieron un comunicado negando su participación aunque apoyando los hechos.

Y, ¿qué ha hecho la Complutense ante tal ataque? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Cuál ha sido la condena por parte del Gobierno? Poco o nada. El rector de la Complutense, Carlos Berzosa, sólo ha abierto un expediente informativo y además ha quitado hierro al asunto, pues considera “desmesuradas las reacciones”. “No creo que haya que detener a estas personas ni limitar su responsabilidad”, dijo Berzosa a ABC. El Gobierno mira para otro lado y la Fiscalía como es ya habitual ni está ni se la espera, cuando se habla de ofender los sentimientos religiosos.

Sin embargo, la realidad es que estos jóvenes podrían haber incurrido en un “delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos”, amparado tanto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna como contemplado en los artículos 524 y 525 del Código Penal. En el primero de ellos se impone una pena de prisión de hasta seis meses y multas de hasta dos años para “actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos”, exactamente lo que se hizo en el asalto a la capilla de Somosaguas. En cuanto al artículo 525 dice textualmente que "incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican", algo que también ocurrió en el campus.

Un artículo que se viene incumpliendo de manera sistemática en manifestaciones o actos en universidades como en este caso y todo ello ante la mirada pasiva del Gobierno y de la Fiscalía. En definitiva, en España parece salir gratis el atacar y ofender a la Iglesia Católica.