Sebastián sube la luz sin que se note

El mejor de los mundos para el Ministerio de Industria: nos sube la luz sin que lo notemos en el bolsillo. La razón es que la factura de la tarifa de último recurso está dividida en dos partes prácticamente iguales: 1) La subasta, que recoge la evolución del precio de la materia prima, y 2) la tarifa de acceso, que recoge los costes de mantenimiento del sistema. Entre estos costes se incluye el carísimo pago de primas a las renovables. El primer componente ha bajado en la subasta un 10 por ciento, lo que aliviaría nuestra factura, pero el Gobierno lo compensa subiendo la tarifa de acceso. Ahora no notamos nada, pero cuando la subasta vuelva a subir, notaremos todo lo que ahora nos ha subido la luz, subrepticiamente, el Gobierno.

Ahora que todos parecen aceptar que el BCE subirá los tipos en abril, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha salido diciendo que España puede soportar ese cambio en la política de tipos sin mayor problema. El Estado, que tiene un endeudamiento del 60,1 por ciento del PIB, según el Banco de España, puede que lo sostenga, aunque no le será fácil. Pero ¿y las familias y empresas? Nuestro país tiene un problema enorme de endeudamiento privado. El sector privado se ha estado desapalancando en los últimos años, pero todavía no lo suficiente. Ahora bien. Salgado dice que de haber problemas será “a corto plazo”, lo que resulta difícil de entender cuando gran parte del endeudamiento privado es a largo plazo y la subida de tipos no tiene visos de cambiar de signo en mucho tiempo. Salgado añade que todo dependerá del nivel de aumento. Según RBS, los tipos pasarán del 1 por ciento actual al 2,75 por ciento el año que viene. Es decir, que en contra del titular que ha dado la ministra de Economía, sí vamos a tener un grave problema en nuestro país. La OCDE desaconseja la subida de tipos y no cree que el aumento de los precios del petróleo vaya a tener un efecto inflacionario importante.

BBVA ha publicado dos importantes estudios sobre las pensiones en España. Uno de ellos concluye que la reforma introducida por el Gobierno “conseguiría estabilizar el gasto en pensiones a un nivel en torno al 9 por ciento del PIB durante el período transitorio, lo que podría evitar la aparición de un significativo déficit estructural del sistema antes de finales de la próxima década. Tras 2030, sin embargo, se prevé que, en ausencia de reformas adicionales, el gasto aumente rápidamente hasta situarse por encima del 15 por ciento del PIB en 2050, lo que exigirá nuevos cambios en el sistema para evitar la aparición de déficit elevados”. Es decir, que necesitaremos nuevas reformas. Pero éstas no serán suficientes, pues consisten en pagar cada vez menos, dado que el sistema público sólo es sostenible en la medida en que de menos a cambio de más. Por eso lo complementa con otro estudio sobre “El papel ineludible de las pensiones privadas en los sistemas de ingresos de jubilación”.

Las mismas ideas aparecen en un estudio publicado hoy por la OCDE: tendremos que rebajar de nuevo las pensiones. El informe valora las reformas introducidas por el Gobierno pero hace una nueva propuesta: desplazar la carga fiscal del trabajo (aligerando las cotizaciones a la Seguridad Social) al consumo (aumentando el IVA o colocando más bienes bajo el tipo general).

Eso por lo que se refiere a las propuestas que todo el mundo puede entender. Más complicado es lo de la idea de Álvaro Nadal, secretario de Economía del Partido Popular, de ligar los sueldos a la tasa de desempleo. Si ésta es baja, podrán subir, si es alta, se mantendrán o bajarán. La idea es que todo el mundo se baje el sueldo cuando hay mucho paro para que sea más atractivo contratar y baje el desempleo. Pero es una propuesta extraña e innecesaria; basta permitir que se relacionen directamente con lo que explica el valor de los salarios, que es su productividad.

España coloca su deuda con facilidad y se ve que ha recobrado le confianza del mercado. Esto es importante, porque el Estado detraerá menos crédito del mercado, lo que dejará un pequeño respiro a empresas y familias. Por el contrario, los tenedores de deuda portuguesa e irlandesa venden los títulos incluso aceptando graves pérdidas, lo que es muy mala señal. Ya dijo S&P hace unos días que había varias razones para no meter a España en el club de los PIIGS.

En el capítulo empresarial, sorprende la situación patrimonial del hasta hace muy poco presidente de la CEOE: iene una deuda de 419,4 millones de euros y unos activos por valor de sólo 5,6 millones. En la noticia se señala que “el valor de los bienes que reconoció Díaz Ferrán sorprendió a muchos de sus acreedores, que critican el elevado nivel de vida del que sigue disfrutando el ex copropietario de Marsans pese a su estado de insolvencia”. Mientras, Nueva Rumasa y los sindicatos han acordado enviar a los trabajadores seis meses, un año como máximo, en un ERE temporal.