Los afectados por el caso del aceite de colza, abandonados 30 años después

Francisca y Rafael recuerdan con horror la primavera de 1981. El matrimonio y sus dos hijos estuvieron ingresados en el hospital militar de Carabanchel, donde, a las puertas de la planta 22, un cartel los identificaba como “infecciosos”. Junto a ellos, más de 10.000 personas enfermaron en apenas un mes, víctimas de lo que se catalogó como una epidemia de “neumonía atípica”.

El 10 de junio, cuarenta días después de que falleciera el primer afectado, las autoridades sanitarias cambiaron de hipótesis y relacionaron el origen de la intoxicación masiva con el consumo de aceite de colza. Éste, adulterado con anilina, se convirtió en un combinado mortal al comercializarse como aceite de oliva en mercadillos ambulantes de todo el país.

Para entonces, los afectados ya eran 20.000 y, a falta de un antídoto o de un caso similar en el mundo con el que comparar la enfermedad, los médicos sólo pudieron tratar los síntomas según iban apareciendo: hipertensión pulmonar, riesgo cardiovascular, patologías tiroideas, alteraciones en la piel, dolores musculares, invalidez, pérdida de memoria, fatiga muscular...

La Organización Mundial de la Salud bautizó la epidemia como “síndrome del Aceite Tóxico” para despejar toda duda acerca del origen de la enfermedad. En uno de los momentos más convulsos de la democracia española, con la entrada del país en la OTAN, un intento de golpe de Estado, las consecuencias de la crisis del petróleo o la aprobación de la ley del divorcio, florecieron las más variadas hipótesis en torno al origen de la epidemia. Algunos doctores y militares alimentaron la teoría de que la empresa farmacéutica Bayer había probado armas químicas en unos tomates cultivados en Almería que, por error, se introdujeron en el mercado.

Treinta años después, Manuel Posada, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III, explicaba a Diario Médico que “todas las investigaciones posteriores han confirmado el diagnósitco oficial”. Fue la mezcla de aceite con anilina, destinado a uso industrial, lo que provocó la muerte de 4.527 personas desde el año 81 hasta hoy.

EL CASO ANTE LA JUSTICIA
El primer juicio, conocido como el “juicio de los aceiteros”, se celebró en 1987. Un total de 38 empresarios aceiteros se sentaron en el banquillo acusados de envenenamiento masivo. El grupo había introducido el aceite de colza desde Francia, cuya importación estaba prohibida para evitar que compitiera con el de oliva, mucho más caro. Los empresarios lo mezclaron con anilina para que se catalogara como aceite industrial y, una vez en el país, lo pusieron a la venta.

Un año y tres meses después, sólo tres de los 38 empresarios fueron a la cárcel y, en 1996, el Supremo condenó a dos funcionarios por imprudencia temeraria. Ante la imposibilidad de que los condenados se hicieran cargo de las indemnizaciones que correspondían a las 20.000 víctimas, el Estado se declaró responsable civil subsidiario y los afectados recibieron ayudas económicas en forma de prestaciones e indemnizaciones.

“QUE NO SE OLVIDE LO QUE FUE EL SÍNDROME TÓXICO”
A día de hoy, unos 400 casos siguen pendientes de tramitación ante el Supremo y otros tantos se han llevado hasta el Tribunal de Estrasburgo, aunque la mayoría de los 6.000 afectados que aún viven “carecen de la energía y del dinero necesarios” para continuar con la lucha ante la Justicia.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es el abandono sanitario de las administraciones. Hasta principios de los años 90, había en cada comunidad unidades de seguimiento especializadas en el Síndrome Tóxico, además de una Unidad de Investigación de la enfermedad en el Instituto de Salud Carlos III.

Sin embargo, a pesar de que por ley se aseguró a estos enfermos un tratamiento especializado, en 2011 sólo queda un centro para atender a los supervivientes y, debido a una falta de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, la investigación se ha interrumpido.

El 12 de Octubre es el único hospital donde una doctora, María Antonia Nogales, trata desde hace 20 años a los enfermos de Síndrome Tóxico. La consulta, como denuncia Mercedes García Rambla, es precaria, como también lo son las condiciones en las que trabaja la doctora. “Se trata de un pequeño despacho en el que Nogales atiende a 500 enfermos anuales ella sola. Tiene un auxiliar administrativo durante dos horas al día pero está de sustituta y si la llaman es la doctora la que tiene que, además de vernos, hacer papeles y facturas”.

Al parecer, según fuentes consultadas por El Imparcial, la intención de la Comunidad es derivar la atención de estos pacientes a sus médicos de cabecera. Sin embargo, esta opción no satisface a los enfermos por dos razones de peso. La primera es que no quieren “revivir el calvario de su enfermedad” con otro médico a quien le tengan que explicar la multitud de secuelas físicas y psicológicas que les ha provocado la intoxicación. La segunda, como explica la doctora Nogales, es que muchos médicos jóvenes de atención primaria desnonocen la enfermedad porque no se estudia en las universidades. Un diagnóstico erróneo o tardío puede hacer que el paciente empeore irremediablemente.

Treinta años después de la epidemia, la petición de las asociaciones de enfermos se reduce a “hacer que se cumpla la ley que nos prometió una atención especializada” y a que “se den cursillos sobre la enfermedad en las facultades”, si es que se pretende transferir a los enfermos a los médicos de cabecera. “No debemos permitir que se olvide lo que fue el Síndrome Tóxico, porque un país que olvida vuelve a caer en los mismo errores”.