Todos somos excelentes

La excelencia, aislada, resulta ridícula. Lo contrario de su origen etimológico. Sobresale quien irrumpe de la ocultación y brilla en el ámbito de la transparencia. Sale de proporción, donde se produce y aprecia la calidad o el grado eminente de algo.

Pretender aislar en celdas especiales de formación a quienes muestran una capacidad o mérito intelectual, puede arruinarlos socialmente. Se interrumpe el contraste continuo y necesario del medio. Y se daña a la otra parte, a quienes, no dotados del mérito sobresaliente, carecen de estímulo para intentarlo.

La propuesta de reunir en centros especiales a estudiantes con nota media de notable o superior es una barbaridad democrática si antes no se reforman los estudios de bachillerato. Su estado actual es un remedo de lo que fue antaño, una taracea de retales y acomodos administrativos según iba avanzando el desarrollo social y político como consecuencia del peso homólogo de las democracias europeas más sólidas.

Desde la famosa ley ministerial de 1970, conocida como de Villar Palasí, entonces ministro de Ciencia y Educación, hasta el momento actual, el sistema educativo español de grado escolar y medio, de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), fue un continuo reajuste de reformas auspiciado por intenciones políticas diversas. En primer lugar, la progresiva inclusión de maestros en la enseñanza secundaria con el pretexto de agilizar los métodos pedagógicos y adecuar programas a la expansión mediática ya incipiente. Se pretendía configurar una imagen más social de la enseñanza pública, incluida la privada. Para ello, se favoreció la promoción de Magisterio, como se denominaba la enseñanza de este nivel, y otros sectores técnicos, profesionales, a los institutos con diversos medios y modos administrativos que encubrían muchas veces estudios de nivelación por vía rápida, cuando no ajustes de plantilla y niveles.

Este proceso se incrementó con al advenimiento de la democracia y de forma acelerada. Urgía eliminar restos del sistema precedente y favorecer regulaciones de personal adscrito a menesteres tales como, por ejemplo, labores del hogar, instrucción pública, monitores, talleres técnicos, etc. Los centros de formación profesional se convirtieron en institutos. Las universidades habilitaron cursos “puente” y docencia nocturna de estudios cuya titulación permitía acceder, mediante pruebas también adaptadas a la nueva situación -reforma del sistema de oposiciones, habilitación de interinos-, a puestos administrativos y académicos a su vez creados en función de esta nueva realidad programada. Había verdaderos ríos de apuntes de pedagogía, psicología, lengua, historia, matemáticas… El conocimiento era puro apunte informativo.

Un sector amplio de esta nueva promoción social ocupó cargos importantes del Ministerio de Educación y Ciencia a través de sus delegaciones provinciales y las inspecciones educativas también reformadas, especialmente al fundir en una sola las correspondientes a Magisterio y Bachillerato, a las que antes se accedía mediante oposición.

Las reformas quedaron prácticamente en manos de los agentes sociales y, con ellas, los centros educativos, direcciones provinciales e inspecciones. Y todo esto se incrementó con el sistema autonómico. Los cargos de entonces son hoy títulos de Estado en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

El sector y nivel más sufrido, por no decir machacado, de estas reformas que, en el fondo, significaron una revolución administrativa con efectos sustanciales en el nivel académico, fue el de Bachillerato. Se banalizaron las oposiciones mediante convocatorias que eran disimulo de programaciones cualificadas. Durante años, los presidentes de los tribunales procedían de sectores controlados de uno u otro modo por los agentes sociales más representativos sindicalmente. Se vivieron anécdotas curiosas, como que algunos de ellos no tenían la titulación académica originariamente requerida, pero sí el rango y grado administrativo correspondiente. Y algunas otras, sangrantes, como que en los tribunales hubiera docentes cuya formación acelerada les había ahorrado cursos y procesos de selección que los demás colegas soportaron. La picaresca de turno, siempre aguda y anónima, distinguía a estos otros profesores con el apodo de los “pata negra”.

El pueblo siempre reconoció la excelencia, pero también rechaza a quien se sirve de ella como frontera de distinción exclusiva. Las ciudades y pueblos importantes de España tenían en los institutos a profesionales del conocimiento públicamente reconocidos en las áreas más sobresalientes de las ciencias. Las oposiciones a cátedra de Instituto de Enseñanza Media, luego de Bachillerato, eran sólidas y constaban de seis ejercicios eliminatorios cada uno de ellos, lo cual hacía muy difícil el fraude continuado o la famosa recomendación en cada una de las pruebas. Presidían los tribunales dos catedráticos de Universidad y uno de los vocales era siempre el primer profesor electo de la convocatoria precedente. Se mantenía, de este modo, y como en otros países europeos -Francia, Italia, Alemania-, una continuidad e interrelación entre los estamentos universitario y de enseñanza secundaria. De hecho, ilustres profesores y catedráticos universitarios de entonces, e incluso de hoy día, lo eran de Instituto.

Fue así como el Bachillerato superior, tan importante en las democracias europeas, perdió calidad y prestigio en España. Y no porque no hubiera profesores de mérito, que los hubo y hay, sino por la rebaja y, en ocasiones, degradación pública del sistema de acceso a estos niveles de profesorado con la connivencia social y el aprovechamiento pícaro de sectores profesionales.

El Bachillerato es la gran reforma pendiente del sistema democrático español y la vergüenza institucional de la Transición política y primeras legislaturas plenamente europeas, a partir de la década de los años ochenta. En Europa, el título correspondiente a los estudios secundarios es la carta de presentación social de sus democracias. Los últimos cursos, los que dan acceso a la Universidad, ya son filtros programados de los anteriores, de tal modo que los estudiantes cuya opción se inclina por ciencias conocidas como humanas, técnicas, artísticas o exactas, ya han experimentado selecciones que garantizan su adecuación a futuras exigencias de conocimiento más fundado. Por eso reducen después los años específicos de carrera.

La expresión, con el dominio de la lengua, incluida su gramática; el cálculo numérico e imaginación proyectiva, técnica, del espacio-tiempo; el concepto, la reflexión precisa de la mente; la tradición, el conocimiento de las raíces del presente, donde se fragua el futuro, son los pivotes intelectuales de la sociedad europea y de sus líderes. Lengua, Matemáticas, Filosofía e Historia. Todo ciudadano europeo con título de bachiller o similar es competente en estas materias. Y resulta extraño, difícil, encontrar a un cargo público de importancia sin tales precedentes.

Al suprimir el Curso de Orientación Universitaria (COU), sustituto del antiguo Preuniversitario (PREU), el sistema educativo español se ha ahorrado durante bastante tiempo, respecto de las democracias europeas más sólidas, un año de Bachillerato y, ahora, adscrito al sistema Bolonia con la reducción a cuatro de los cinco cursos especializados de carrera, escatima, por lo menos, otro más. La picaresca española se cuela de nuevo en las instituciones con el pretexto formal de cumplir los requisitos de la Unión Europea.

Oír hablar de excelencia en nuestro país, previene y a veces irrita. Quienes acuden más solícitos a este nombre, acuciados desde el poder por el vergonzoso resultado del nivel actual de los estudiantes españoles comparados con los de otros países, provocaron este estado años atrás o tuvieron en sus manos parte del remedio. Pretenden resolver el entuerto de resoluciones precipitadas con apaños pedagógicos que son trampas para cubrir el vacío generado. Unos confunden la excelencia con el uso diligente de la tecnología digital, para salir del paso y rociarse con el barniz de un conocimiento aparente, informatizado. Otros predican el retorno a la celda del centro exclusivo para dotados. Y otros sacan a relucir el anatema orteguiano de la élite, el temor de las privatizaciones y la singularidad lingüística de las comunidades históricas. Nadie se para a meditar, sin embargo, sobre el verdadero fondo del desastre de nuestra enseñanza pública. Y el argumento es sencillo. Si España es un Estado de la Unión Europea; si no tiene más remedio que seguir las pautas económicas y, por lo que se ve, militares, de Bruselas; si ha aceptado, es un decir, el sistema de Bolonia en la Universidad, ¿por qué no hacer lo mismo con el Bachillerato? La formalidad de los papeles para justificarse ante el parlamento europeo no es el día a día de estas sociedades. Basta comparar los requisitos de sus exigencias para acceder a estudios universitarios con los de nuestro país.

La situación más grave del Bachillerato español es, con todo, la de su profesorado. Sometidos a procesos de interinaje, de reformas continuas en sus especificaciones académicas, a cambios de temarios y centros; manipulados por la administración como masa humana interactiva; convertidos en controladores comunitarios de los alumnos; explotados por los agentes sociales, a cuyos intereses se doblegan los ministros de turno…, los profesores de Bachillerato no disponen de una organización administrativa y académica europea correspondiente a la categoría que los titula. Resulta indignante observar que parte de sus funciones docentes se limita al control social de actitudes y comportamientos que debieran corregirse en niveles previos. Los destinan a guardianes de alumnos en pasillos y recreos. Pierden el tiempo en reuniones claustrales insulsas, simple pretexto la mayoría de las veces de ejercicio laboral controlado. Indignante asimismo considerarlos comodines de cualquier materia diferente a la exigida para acceder al puesto académico o sucedáneos psicológicos de los padres de alumnos. Un insulto someterlos a controles de inspectores cuya cualificación es el ejercicio administrativo, la gestión social o, en muchos casos, política. El Bachillerato se ha convertido en una prolongación de la escuela, con lo que se resiente el nivel de conocimientos impartidos y necesarios para emprender otros más exigentes en la Universidad. En consecuencia, estos profesores tampoco están remunerados del mismo modo que sus colegas europeos, especialmente los de cursos superiores.

Caballo especial de batalla es el litigio de las lenguas autonómicas respecto de la lengua nacional común, el castellano. Se produce un forcejeo impropio del honor y prestigio histórico de cada lengua, causado en gran parte porque la segunda o tercera eligida, normalmente el inglés, goza de más prestigio social a la hora de encontrar trabajo. Desaparecido prácticamente el estudio del latín y del griego, las lenguas románicas de España parecen ajenas entre sí, cuando sus estructuras son las mismas de las clásicas citadas. Hasta el vasco, la más diferenciada en apariencia, respondería, al menos en gran parte de su vocabulario, y según algunas investigaciones actuales, al efecto conjunto de la romanización y el sustrato celta. El estudiante de Bachillerato ignora que el léxico inglés, tan dinámico y expresivo, experimenta también el avance incontenible del halo latino.

El Bachillerato debiera contemplar una asignatura común de ciudadanía democrática en la que se estudien las fuentes comunes de las lenguas del Estado español, el gallego, catalán, vasco y castellano. Es una exigencia de solidaridad lingüística. Descubriremos cómo nos une el fondo histórico que la superficie geográfica y política pretende separar con frecuencia periódica. Y la excelencia brillará por sí misma, sin necesidad de aislar a los estudiantes notables y sobresalientes en reductos de salvación democrática. El Bachillerato siempre contempló la excelencia de los ciudadanos.

Hay países, cierto, que contemplan estudios especiales para los alumnos intelectualmente más distinguidos. Es el caso de las Grandes Escuelas francesas, que preparan a sus candidatos en los institutos con programas específicos una vez superado el examen equivalente de selectividad (Terminal) y durante dos cursos académicos. El examen de ingreso es especialmente exigente y la titulación obtenida en las Escuelas al cabo de cinco años equivale a varias de las tradicionales universitarias. Ahí se forma normalmente la crema de la intelectualidad francesa, pero no exclusivamente. El sistema tiene también sus detractores, pero el Estado francés sabe que de ellos depende en gran parte el prestigio de su historia. La sociedad francesa acepta esta modalidad universitaria porque el conocimiento está integrado en ella y la actividad intelectual es aún cuestión de Estado.

Si se pretende algo semejante en España, dudo que la sociedad lo requiera y permita, entre otras cosas porque la inteligencia aún no es aquí asunto social de Estado, sino cualidad que debe, más bien, procurarse disimulo, tal vez una vía de exilio, como antaño, o cultivo colateral al margen de las instituciones oficiales.