Garmendia y Barbacid: un lamento melancólico por la investigación en España

La historia es sobradamente conocida y se ha repetido en los medios en las últimas semanas. El Profesor Barbacid y la Ministra Garmendia han protagonizado un acalorado enfrentamiento público en relación a las formas de financiación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; al parecer, una de las instituciones científicas punteras en su especialidad y de mayor reconocimiento mundial.

Por lo visto, el Dr. Barbacid pretendía atraer inversión a su centro de investigación, sobre la base de que capital privado entrara en una aventura empresarial en sociedad con la fundación bajo cuyo paraguas jurídico se cobija el famoso centro. Resulta innecesario subrayar el hecho de que prácticas de esta naturaleza son perfectamente comunes en los EE.UU. y otros países del Atlántico europeo. Pero no es el propósito de esta reflexión echar leña a la polémica ni –como se verá- menos aún quisiera enredarme en una trampa legalista. De hecho, mi propósito es más bien el contrario. Lo que me interesa destacar de esta discusión es el contenido del debate. Y me interesa porque, a mi juicio, revela, muy a las claras, los problemas de la investigación en España.

Empecemos por los actores en cuestión. Sería absurdo guillotinar el dilema descalificando a los interlocutores. Ambos son muy conocidos y muy estimables. Es cierto que Cristina Garmendia es ministra del Gobierno actual pero poco tiene que ver con el contingente de zapateros, pajines, trinis y blancos, esa rara combinación de astucia e ignorancia, sazonada con frivolidad y potenciada por la osadía. No, la señora Garmendia es otra cosa. Descontando la dosis de vanidad que lleva a una persona tan estimable a caer en el pozo de un gabinete cuyos despropósitos se contabilizan en los resultados que están a la vista, convengamos en que la Dra. Garmendia es una profesional seria y competente, excelente investigadora, con una sólida trayectoria empresarial, por añadidura. En cuanto a Mariano Barbacid poco hay que añadir a lo que es bien conocido: que es uno de los investigadores más reputados en su especialidad con una probada trayectoria internacional.

Con protagonistas tan calificados, pues, podía esperarse un debate sobre política científica de alcance, altura y consecuencia, cuyo propósito fuera encontrar yacimientos y formas flexibles de financiación que permitieran allegar recursos privados a la investigación, logrando implicar a la empresa privada en esa tarea y –lo que, a largo plazo, es quizá económicamente más importante- ayudando a insertar la investigación en el tejido empresarial español. Es evidente que un debate planteado en esos términos despertaría el interés de la comunidad científica y –a salvedad de pequeñas diferencias de orden práctico- el consenso entre ambos interlocutores. Pero no ha sido así.

Y no lo ha sido porque el debate nada ha tenido que ver con la ciencia y la investigación. Desafortunadamente (para la ciencia en España), la discusión se ha centrado en aspectos jurídicos. Pero que no se engañen nuestros lectores: nada muy profundo encontrarán en el referido intercambio. Aquí no asoma la cabeza de Kelsen sino las habilidades de un bufete. Ojala se hubiera discutido sobre principios de filosofía jurídica. Al mundo académico español en general, y al universitario en particular, le hubiera sido de gran utilidad, por ejemplo, desenredar la confusión que padece entre autonomía y soberanía que, en mi opinión, está en el centro del desbarajuste y la baja calidad de que adolecen los centros de educación superior e investigación en España. Sin embargo, de nada de eso se ha hablado. Por desgracia, la disputa ha quedado prendida en una maraña legalista. En definitiva, ambos interlocutores se han visto atrapados por temas que caen fuera de su competencia e interés profesionales.

La historia en concreto está siendo tan penosa como predecible. Al Dr. Barbacid, en su deliciosa ingenuidad socrática, no se le ha ocurrido nada mejor que aducir la normativa regulada en la Ley de Economía Sostenible, como coartada que debería permitir e incentivar la presencia de la iniciativa privada en la investigación; en este caso concreto en sociedad con la Fundación que cobija al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y es evidente que malamente se va a sostener economía desarrollada alguna que no camine en esa dirección. Lo malo es que don Mariano comete el error estratégico de citar artículos de la citada Ley, para entrar en un espinoso tema de prelación jurídica. Pobriño, que dicen en la tierra de mis antepasados, que también eran médicos y también se toparon con la legislación anti-darwinista del marqués de Orovio -ministro de Fomento, allá por el año de gracia de 1875- empeñado en ocultar su ascendencia pitecantropoide. Eso –citar artículos y meterse en camisa de once varas jurídicas- es jugar en terreno ajeno y dejarse atrapar por las habilidades, casi siempre astutas pero raramente inteligentes, de los letrados de turno. Sabido es que, en España, un abogado del Estado y un ingeniero de caminos le operan a uno del apéndice, si se deja. Y el pobre Barbacid casi se deja. De esta suerte, poco tiempo les ha faltado a los abogados del Ministerio para desmontar el endeble entramado jurídico de nuestro investigador. El veredicto de la abogacía del Estado es claro: una fundación pública no puede entrar en proyectos empresariales, toda vez que, caso de quiebra de la aventura económica en cuestión, la virginidad pública de la fundación quedaría a merced de un posible concurso de acreedores.

Impecable argumento jurídico. Disparatado punto de partida filosófico. Ya nos previno Platón contra el ilusionismo nomocrático, basado en la prepotencia (política) y en el error (cognitivo). “Jamás –nos advertía el clásico- existirá norma alguna capaz de abarcar todos los supuestos de una realidad” compuesta de particularidades cambiantes. Por eso, hay que regresar a un arte de gobierno más modesto, fundado en el pragmatismo e ilustrado por la sabiduría y atento a la multiplicidad de situaciones y diversidad de circunstancias. De tal suerte, que la pregunta razonable a los letrados no es cómo ajustar ciencia e investigación a la ley, sino al revés: cómo acompasar la legislación en beneficio de la investigación, que se supone que es el objetivo de toda normativa que persiga el progreso científico. Si el desarrollo de la investigación no se ajusta a la legislación, lo que hay que cambiar es la legislación, no la ciencia –o, por lo menos, encontrar un hueco donde los investigadores puedan respirar y avanzar. Ese es el enfoque razonable desde un punto de vista científico. Lo otro es el dislate filosófico con cara respetable, gesto de solemnidad jurídica, psicología de reglamento y argumentos de letra pequeña.

Los letrados del ministerio, en su infinita sabiduría, han averiguado que toda sociedad con capital privado busca beneficios y, por tanto, entraña riesgos. ¡Gran descubrimiento en torno al comportamiento codicioso de la naturaleza humana y al funcionamiento de una sociedad de libre mercado! Y, claro, aún cuando con algunos siglos de retraso, han llegado a la misma conclusión que los santos padres de la escolástica medieval: que la forma de maximizar seguridad consiste en yugular la oportunidad. Una letanía que, adornada con cánticos gregorianos a lo público y revestida de casullas rojas, adquiere una pincelada supuestamente progresista. En realidad, nada hay más conservador que una política que estrangule la oportunidad, lo cual no le resta respetabilidad al argumento y solidez al razonamiento conservador. Porque, en efecto, ahuyentado el sórdido interés privado, desaparece el riesgo. Lo malo es que con él, también se evapora parte (50 millones de Euros, nada menos) de la investigación. Para empezar, se van los investigadores, alguno de los cuales, como Pier Paolo Pandolfi, prestigioso investigador de Harvard, ha retirado su candidatura a la dirección del Centro, espantado de la olla de grillos que amenazaba atraparle. Los científicos pueden perecer de inseguridad pero no vivirán sin esa oportunidad que “abre las carreras a los talentos”, como decían en la Francia revolucionaria. Así pues, si es razonable amortiguar el riesgo en un centro de investigación, resulta vital promover una atmósfera de movilidad y oportunidad. Isaiah Berlin, en un famoso ensayo, subrayó la necesidad de integrar ambos valores: la seguridad, y su contenido de naturaleza conservadora, en equilibrio con la oportunidad, raíz de movilidad y progreso.

“Demoledor”, ha sido el resumen del ex-director del Consejo de Investigaciones Científicas de tan “lamentable” episodio. Eso si, que nadie se sorprenda de la espantada del científico de Harvard. A mi, al menos, nada me extraña. Los investigadores no están para pleitos y litigios, códigos, artículos y reglamentos –esos que tanto le gustaban al conde de Romanotes- astucias de abogado y pulsos de poder entre políticos. Todo ese ambiente negativo termina mal –mal para la investigación, se entiende- porque inocula un principio de selección regresiva y seca el alma de gentes que viven en la imaginación y se alimentan de curiosidad. Y conste que el caso que nos ocupa es un tropiezo más en el tortuoso sendero que, hace años, ha emprendido la investigación y la Universidad en España: un ambiente enrarecido de gerentes, burócratas, abogados y sindicalistas, cada vez más politizado, cada vez más endogámico y cada vez más cerrado que el lector puede comprobar con una mirada al patético Estatuto del Profesorado, donde lo que se incentiva es la política burocrática y sindicalista, en lugar de la investigación.

Y se de lo que hablo porque me conozco el percal. Y lo sufro, con paciencia decreciente, desde hace años. En la Fundación e Instituto que presido se nos ha enviado un “recadito” por parte de las autoridades competentes -político-burocráticas, naturalmente- advirtiéndonos de lo impropio de un programa que promovemos con la universidad de Salamanca porque “está fuera de su distrito”. ¡Vaya por Dios! Y uno que pensaba que “el distrito” en la Universidad, como la ciencia, era universal. Grave error. Y no será porque no estábamos advertidos tiempo ha. Hace ya más de treinta años largos, hube de repetir el doctorado en España. Y no porque coleccionara títulos. La razón consistía en que no me reconocieron mi doctorado de Oxford porque, claro, siendo un centro privado, “no estaba reconocido”.

Al parecer, en aquel tiempo pasado de la llamada “cuestión universitaria” (1875), don Francisco Giner barajó la posibilidad –que luego descartó por motivos patrióticos- de establecer la Institución Libre de Enseñanza en Gibraltar. Con el sol a la espalda de mi vida académica, me embarga la creciente duda melancólica de si don Francisco se equivocó. Y yo también.