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15-M, el fracaso del Estado

sábado 04 de junio de 2011, 01:11h
Las acampadas iniciadas a pocos días de las pasadas elecciones van camino de convertirse en asentamientos permanentes. La Plaza del Ayuntamiento en Valencia, la del Obradoiro en Santiago, Plaza Cataluña en Barcelona o la madrileña Puerta del Sol son sólo algunos de los lugares elegidos por un heterogéneo grupo de personajes que, independientemente de la razón política que les pueda asistir y de las simpatías que despierten, el hecho es que han doblegado al Gobierno. Un Gobierno que, desoyendo a la Junta Electoral Central -avalada, dicho sea de paso, por el Supremo y el Constitucional-, se negó a desalojarlos en plena jornada de reflexión, haciendo gala de una irresponsabilidad sin parangón. Tampoco se atrevió días antes, cuando aún no se había institucionalizado este fenómeno tan bien orquestado. Y menos ahora que, a medida que pasan los días, los campistas se van sintiendo cada vez más fuertes.

Tienen razones para ello. Han conseguido quebrar la credibilidad de España como país. Un estado que se precie no puede permitir semejante chantaje. Se habla de derechos, pero no de obligaciones, y menos aún de cómo ha de ser el uso y disfrute de dichos derechos. Por citar dos, reunión y asociación han de ejercerse bajo una serie de pautas que a todas luces no se están cumpliendo. El dominio público es precisamente eso, público, pero como tal está sujeto a una serie de reglamentaciones, por lo demás imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia. Quien quiera manifestarse puede hacerlo pero ha de comunicarlo con antelación, avisar de la ubicación por donde va a transcurrir la protesta y plegarse a los requisitos gubernamentales, que deben velar porque el derecho que asiste a los manifestantes no conculque otros derechos no menos respetables. Así funciona en todo el mundo.

Pero en España, grupos incontrolados hacen la vida imposible a los comerciantes de la Puerta del Sol, ofrecen una imagen deplorable al exterior y toman como propio algo que es de todos, sin que pase absolutamente nada. Por esa misma regla de tres, los “okupas” tendrán carta de naturaleza para seguir invadiendo propiedades ajenas sin temor alguno, y es que si “okupar” la Plaza del Obradoiro no es delito, tampoco ha de serlo hacer lo propio con un edificio abandonado. Mientras, el titular de Interior y encargado de solventar esta papeleta, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece más pendiente de su propia campaña en el PSOE que de los campistas que pueblan numerosas plazas por todo el país. Su obligación es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Y lo segundo brilla por su ausencia, en detrimento de la seguridad jurídica. El Ministro del Interior y Zapatero son los máximos responsables de todo este despropósito. Que no se extrañen si alguien interpone una querella por prevaricación.
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