Gómez dice que es la reforma laboral más atrevida y profunda, y los sindicatos se desvinculan

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado a los agentes sociales que "si llegan a un acuerdo sobre flexibilidad interna, por parte del Gobierno no habrá ninguna dificultad para trasladarlo en forma de enmiendas" al proyecto de Ley durante su trámite en el Parlamento.

En rueda de prensa para valorar el proceso de contactos antes de la aprobación de la reforma de la negociación colectiva, Gómez ha aprovechado para transmitir un mensaje a los grupos parlamentarios al afirmar que el Gobierno no aprobará un sistema de ultraactividad que desproteja a los trabajadores.

Dicho esto, frente a la CEOE y los sindicatos, que han acusado al Gobierno de no incluir en la reforma los acuerdos alcanzados hasta el momento de la ruptura de las negociaciones, Gómez ha recordado que las partes no llegaron a realizar un "acuerdo por escrito".

Además, ha explicado, con la vista puesta en los sindicatos, que el Gobierno ha cumplido en materia de ultraactividad y no la elimina, a lo que añadió que la reforma prevé un plazo máximo para la renovación de los convenios de "entre 12 y 18 meses", en función del tipo de convenio, al tiempo que ha defendido que los convenios de empresa sólo prevalecerán por encima de convenios sectoriales provinciales, no de los nacionales y autonómicos.

Para los empresarios, ha defendido que la revisión de las flexibilidad es "la más atrevida y profunda" jamás realizada. Así, ha destacado que la reforma no sólo da más peso al convenio de empresa, sino que permite descuelgues salariales y más libertad para el empresario a la hora de cambiar las condiciones de trabajo. "No es una reforma hecha a la medida de las organizaciones sindicales", ha sentenciado.

Abiertos a introducir cambios
El Gobierno se mostró este jueves abierto a cambiar la reforma de la negociación colectiva mediante la introducción de enmiendas de los partidos políticos durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

De hecho, el Ejecutivo ya ha empezado a cambiarla tras incluir en el texto, una rebaja de los 20 meses previstos en el borrador de la reforma, a un periodo de entre 12 y 18 meses del plazo que tienen patronal y sindicatos para negociar un nuevo convenio. Pasado ese período, las partes tendrían que someterse a un arbitraje, que sería vinculante, para evitar que los juzgado de lo social deban resolver tantos conflictos.

Este cambio está más próximo al planteamiento de la patronal, según explicó hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras la reunión que mantuvo con los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, para informarles del borrador de la reforma.