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Contrapesos al poder partidario

sábado 18 de junio de 2011, 16:53h
Los tres magistrados del Tribunal Constitucional que llevan prorrogados sus mandatos más de medio año, Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vega presentaron al presidente, Pascual Sala, su dimisión, y éste no se la admitió. Los magistrados dimisionarios tenían el temor que les sucediera en el Congreso algo parecido a lo ocurrido con sus equivalentes en el Senado: que estuvieron prorrogados años al no lograrse en esa Cámara los tres quintos de los votos de los senadores. Desde luego, parece clarísimo que la oposición parlamentaria no tiene ninguna intención de acordar con la mayoría la elección de esos y otros puestos, a estas alturas, y porque creen que dentro de unos meses tendrán la mayoría en la Cámara.

El problema no es la incapacidad de las Cámaras, como instituciones representativas, sino de los partidos políticos que hablan y negocian en su nombre.

Yo fui ponente de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, junto con Plácido Fernández Viagas, el otro ponente socialista (y más tarde magistrado de ese Tribunal), y llegamos a un acuerdo completo con los ponentes de la UCD, Carlos Calatayud, Antonio Pérez Crespo y Manuel Villar Arregui.

La ley llegó del Congreso con los apoyos de la UCD y de CiU, habiendo votado en contra o abstención los demás grupos parlamentarios de la Cámara baja. Los ponentes comenzamos a estudiar el texto de la ley que había remitido el Congreso, el 23 de agosto de 1980. Plácido Fernández Viagas y yo llegamos a un consenso con los tres ponentes de la mayoría de manera autónoma. En otras palabras, discutimos la ley con toda flexibilidad, sin estar pendientes ni de prensa ni de nuestro partido político.

Cuando terminamos nuestras tareas, Placido y yo, que éramos portavoces de los Grupos “socialistas andaluces” y “socialista”, respectivamente, fuimos a informar a Alfonso Guerra, que era el responsable de todos los grupos socialistas en las Cortes Generales. Guerra se sorprendió de nuestro acuerdo, y no estuvo plenamente convencido de que hubiéramos acertado. Gregorio Peces Barba, que había sido el ponente en la otra Cámara, sin embargo, nos apoyó, a pesar de que simpatizaba con alguna de las objeciones de Alfonso Guerra.

La duda residía en que no estábamos seguros de quiénes iban a formar el primer Tribunal Constitucional. Los socialistas, desconfiados, sospechábamos que la UCD podría proponer magistrados con gran prestigio como juristas –algo que exigía le ley-, pero neutros democráticamente hablando, o sea, sin la audacia que pensábamos debían tener quienes tendrían que vigilar la construcción jurídica del Estado de la Constitución de 1978.

Los ponentes de la UCD nos habían asegurado, en aquellos días de agosto, las intenciones de elegir un Tribunal digno de sus responsabilidades históricas. Así se lo hicimos saber a nuestros jefes del Congreso. Cuando, días más tarde, se llegó a la elección de los candidatos a magistrados constitucionales, Alfonso Guerra mostró reticencias con alguno de los nombres. Yo me esforcé en convencerlo de lo contrario, y recuerdo que el entonces ministro de la presidencia, José Pedro Pérez Llorca, se acercó para darme las gracias por aquella intervención mía. ¿Cómo se enteró el ministro de mi conversación con Alfonso Guerra? A los senadores siempre nos sorprendía que en el Congreso no hubiese secretos.

Lo que me interesa resaltar hoy con estos recuerdos son varias cosas. 1) Que la democracia se basa en el respeto a la pluralidad, y la pluralidad empieza por el respeto a las personas. 2) Que el respeto a las personalidades de los representantes elegidos por el pueblo es esencial para que las instituciones representativas sean respetadas. 3) Los partidos políticos son instrumentos de ese pluralismo (según lo afirma la Constitución), y de ninguna manera pueden instrumentalizar a los representantes elegidos, como ocurre muchas veces en nuestros días. 4) Si se dejara que los parlamentarios pudiesen opinar sobre sus estrictas funciones, en vez de estar pendientes de las órdenes de su correspondiente jefe de partido, habría más debate, intervendrían más parlamentarios, habría más acuerdos, y el prestigio de los representantes elegidos aumentaría.

Una coda sobre el TC: en 1992, Francisco Tomás y Valiente, entonces presidente del Tribunal Constitucional, me escribió una nota en la que decía cómo en Alemania la ley de ese órgano preveía la situación de que los parlamentarios fuesen incapaces de elegir magistrados en un tiempo razonable. En ese caso, los antiguos magistrados podrían sustituir a los parlamentarios para cubrir las vacantes. Sería necesario que en nuestro país se encontraran formulas similares, es decir, crear contrapoderes para solucionar los problemas creados por los partidos.
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