Compre o alquile... y no pague

Estoy muy lejos de creer como Locke que la propiedad sea un derecho natural. Muy al contrario estimo que es una convención humana a la que en algunas sociedades se llegó por medio de la razón y en otras, la mayoría de las veces, se impuso por la fuerza física o legal. Que la propiedad no sea un derecho que el hombre tiene por naturaleza nada empece para su defensa jurídica. La mayoría de las cosas que los hombres hacen o poseen no son naturales y a nadie en su sano juicio se le ocurriría suprimir la matemática o la poesía o confiscar los libros de las bibliotecas privadas porque no son por naturaleza.

El sistema de mercado basado en la propiedad privada se ha mostrado hasta la fecha como el más eficiente en la asignación de recursos y en la apertura de posibilidades para que cada individuo pueda desarrollar libremente su propia vida. Sería insensato pensar que es un sistema perfecto y que no caben en él ni mejoras ni transformaciones radicales. En un libro recientemente traducido al español, el profesor italiano Alessandro Roncaglia desmonta lo que llama El mito de la mano invisible (Genueve Ediciones, 2011) y muestra la necesidad de que los poderes públicos regulen los mercados. La cuestión, como en casi todo, es el límite. Ya lo decía Aristóteles: nada en demasía. Los difusos gestores del capitalismo financiero han convertido el sistema de libre mercado en un casino donde el ansia de enriquecimiento rápido prima sobre cualquier consideración de carácter general, sin importar lo más mínimo si se hunde una empresa o la economía de un país, pero el problema es que la economía no es solamente una cuestión privada sino, como su propia raíz griega nos dice, la administración de la casa, de lo común.

Sea dicho todo esto para mostrar que la propiedad privada –con los límites razonables recogidos en la legislación– es un pilar fundamental de la economía de libre mercado y, en gran medida, la base de muchas operaciones que se realizan en el mismo, pues sirve, por ejemplo, como garantía hipotecaria. Algunas medidas anunciadas recientemente por el Gobierno de Zapatero y la dejación de las fuerzas de orden público en el desalojo de algunos inmuebles embargados, ante la presión de varias decenas de manifestantes, lanzan un mensaje equívoco.

La crisis económica ha provocado situaciones humanas penosas. La ausencia de ingresos familiares por la falta de empleo hace que mucha gente no pueda pagar las hipotecas o los alquileres de las casas en que vive, por lo que los propietarios de esas viviendas o los bancos que hipotecaron esas fincas como garantía de los créditos concedidos están solicitando y obteniendo embargos para hacerse con la propiedad o sentencias favorables para el desalojo de los inquilinos.

El movimiento 15-M ha hecho de la oposición a los embargos y desalojos una de sus bazas movilizadoras porque detrás de la mayoría de los mismos hay auténticos dramas humanos, personas concretas que lo están pasando muy mal porque no encuentran trabajo y, por lo tanto, no tienen ingresos para sacar adelante a su familia. El Ejecutivo –seguro que con buena voluntad pero de forma poca meditada– ha ampliado el mínimo de ingresos inembargable a 961 ó 1.300 euros si la persona sobre la que recae el embargo del bien tiene dos personas sin ingresos a su cargo. Esta cifra está muy por encima del salario mínimo interprofesional, fijado en poco más de 640 euros. Esto resulta contradictorio porque, por un lado, se manda el mensaje de que el mínimo imprescindible para vivir hoy en día en España es de 640 euros si uno está buscando trabajo, es decir, intenta ganarse el pan de cada día, y, por otro, se da a entender que si uno deja de pagar las deudas que ha contraído, el mínimo necesario para vivir son 961 ó 1.300 euros, según su condición familiar.

Parece evidente que hay que acabar con la usura que los bancos aplican cuando uno deja de pagar la hipoteca, imponiéndole unos intereses, abusivos a todas luces, que incrementan rápidamente la cuantía de la deuda y la hacen, en la práctica, inasumible para muchas familias. También hay que poner coto a la posibilidad de que los bancos vendan las casas embargadas muy por debajo de su precio de mercado. Y parece razonable que la dación del bien cubra el coste de la hipoteca si ésta suma una cuantía que coincida con el precio de mercado del bien. Mas trasladar al sector privado un problema que es público no tiene ningún sentido y va contra lo que el propio Gobierno quiere fomentar: la circulación del dinero a través de la concesión de créditos. Si las entidades financieras ven difícil ejecutar el cobro de las deudas por medio de las garantías establecidas en los préstamos (los bienes inmuebles), incrementarán el tipo de interés a que cobran los créditos que conceden y mirarán aún más a quién prestan el dinero, con lo que el crédito se reducirá.

Es muy populista y queda muy bien hablar de la responsabilidad de los bancos porque concedieron créditos alegremente en los tiempos de las vacas gordas, o sea, de la burbuja inmobiliaria, pero ellos, que se dedican al negocio de comerciar con el dinero, se cubrieron las espaldas hipotecando bienes inmuebles como garantía de esos créditos concedidos. La responsabilidad, en el fondo, está en los muchos que se hipotecaron más allá de sus posibilidades reales de pago y no previeron que el valor de sus casas podía bajar y sus ingresos disminuir.

Muchos se creyeron nuevos ricos porque sus bienes inmuebles habían pasado de tener un valor de 180.000 euros a 400.000 y aprovecharon para venderlos y comprarse una casa de 500.000, un coche de 50.000, un viaje de 10.000, etc. –rebájense o súbanse las cifras en la cuantía que se ajuste al presupuesto de cada uno–. Es verdad que no todos se comportaron así, pero sí muchos que ahora sufren las consecuencias de su irresponsabilidad. En las sociedades en las que vivimos somos incapaces de asumir las responsabilidades propias y siempre intentamos derivarlas hacia otros, y si es un ente abstracto como los mercados o el Estado, mejor.

El caso de los alquileres puede llevar a consecuencias parecidas a las descritas. Si se dificulta el desalojo de los inquilinos que no pagan, volvemos a la legislación de años atrás, que llevó a que muchos pisos vacíos no se pusiesen en el mercado porque los propietarios temían no cobrar los alquileres. Esto acabará generando a la postre un descenso del número de pisos en alquiler y un alza de los precios.

El problema de las hipotecas y de los alquileres que no pueden pagarse es una cuestión privada, pero cuando en un país hay muchos problemas privados similares se acaba convirtiendo en un problema público. Lo que no puede ser es que la solución a ese problema la asuman individuos o entidades privadas (los propietarios de las viviendas en alquiler y las entidades financieras). Habrá que buscar soluciones públicas.

A nadie se le oculta que también hay caraduras especialistas en no pagar, los cuales pueden aprovecharse de una legislación y de una política de hechos que faciliten no pagar la hipoteca o el alquiler, pero este no es el tema de este artículo.