Terrorismo judicial en Venezuela

El candidato presidencial en las primarias de la oposición, Oswaldo Álvarez Paz, fue condenado a dos años de cárcel, por opinar que instituciones del Estado venezolano estaban penetradas por el narcotráfico. La condena fue por transmitir “información falsa”.Esta información sale, casi todos los días, en la prensa nacional e internacional. Especialmente, después de la confesión pública del narcotraficante Walid Makled, quien admitió haber tenido a sueldo varios generales y oficiales de la Fuerza Armada, denuncia corroborada, en parte, por la Oficina del Tesoro de los EEUU. Álvarez Paz, dirigente de la Democracia Cristiana (COPEI), fue candidato presidencial en 1993, ex Gobernador del Estado Zulia y ex Presidente de la Cámara de Diputados. El caso de Álvarez Paz es sólo el último, en el tiempo, de una larga serie, que demuestra la clara estrategia del régimen de utilizar el control que tiene sobre el Poder Judicial y otras instituciones, como la Contraloría General, para eliminar de la competencia electoral y/o intimidar e inhibir a líderes de la oposición democrática.

El oficialismo ha gobernado por 12 años, integralmente a nivel nacional y en un altísimo porcentaje, en el nivel regional y local, pero “curiosamente”, la inmensa mayoría de los acusados de corrupción son opositores o disidentes del chavismo. Leopoldo López, ex alcalde y líder del partido Voluntad Popular, quien aparecía bien ubicado en las encuestas, fue inhabilitado, inconstitucionalmente, para aspirar a cargos del Poder Ejecutivo, por ocho años. Manuel Rosales, ex candidato presidencial de la oposición en el 2006 y ex Gobernador del Zulia, ex Alcalde de Maracaibo y líder del Partido Nuevo Tiempo, tuvo que pedir asilo político en Perú, para evitar ser arrestado por supuesta corrupción, lo mismo le pasó a otros ex Gobernadores chavistas, apenas se declararon disidentes y ya hay una denuncia en contra del actual gobernador, originalmente chavista, del estado Lara. Más recientemente, se inició otro proceso por corrupción en contra del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, quien “curiosamente” está muy bien posicionado en las encuestas para las primarias de la oposición.
El otrora héroe de la revolución, miembro de la logia golpista de 1992, factor clave en la recuperación del poder de Chávez, después del tragicómico “golpe de estado” del 2011 y ex Comandante del Ejército, General Raúl Baduel, también “curiosamente” fue acusado y condenado, a varios años de cárcel, por corrupción, sólo después de declararse opositor del régimen.

Otro adversario del gobierno, Alejandro Peña Esclusa, está arrestado, con problemas de salud, por habérsele “encontrado” explosivos en su residencia, donde habitaba con su esposa e hijos pequeños. Es tan evidente la injusticia del caso que el Congreso de Paraguay, unánimemente, aprobó una resolución a su favor y una delegación de parlamentarios de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile se movilizaron hasta Caracas para apoyarlo.

Pero no sólo se criminaliza a los adversarios políticos. La jueza Maria Lourdes Afiuni, por sentenciar de forma distinta a la voluntad de Yo-El-Supremo, provocó que el mismo, públicamente y preso de la ira, pidiera que se le aplicara, la pena máxima de 30 años. Fue encarcelada y enjuiciada inmediatamente. El caso Afiuni evidencia la inexistencia de la separación de poderes y hasta Noam Chomski, simpatizante del chavismo, socialista utópico, pero libertario, ha solicitado la libertad de Afiuni. Es imposible, en estas líneas, mencionar todos los casos en los cuales se demuestra la violación del Estado de derecho, sólo falta que empiecen a recluir a los opositores en hospitales psiquiátricos, para que tengamos algo muy parecido al sistema judicial de la colapsada Unión Soviética.