¿La Justicia, en manos del Gobierno?

Aprovechando el inicio para muchos de las vacaciones de verano, el titular de Justicia llevaba este viernes al Consejo de Ministros “su” nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los cambios que introduce en el ámbito penal son muy profundos, destacando por un lado un nuevo impulso supragarantista -muy en la línea de la doctrina jurídica más progresista y responsable, entre otros “éxitos” de la redacción de la actual Ley del Menor- a todo el texto normativo y, por otro, la asunción por parte del fiscal de la investigación durante la fase de instrucción. Hasta ahora, esa tarea era cometido del juez pero, con la nueva reforma, será el Ministerio Público quien se encargue de ello.


Sólo el nombre -Ministerio Público- ya da una idea de su dependencia jerárquica. Basta echar una ojeada al capítulo IV del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -“De las relaciones del Ministerio Fiscal con los Poderes Públicos- para calibrar hasta qué punto la sombra del Gobierno planea más que nunca sobre la Justicia. Precisamente, el que haya un juez de instrucción y otro distinto juzgador garantiza la imparcialidad del procedimiento. Con la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal del Gobierno, esa imparcialidad queda cuanto menos en entredicho. El sentir de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales abunda en este argumento. Es comprensible. No lo es, en cambio, la actitud de un Ejecutivo empeñado en tener más vinculación con la Justicia de lo que sería deseable.