Anticipación tardía

Era tan ampliamente sentida la necesidad de poner fin a este agónico e ineficaz Gobierno, que el anuncio de que habrá elecciones a finales de noviembre ha sido recibido con general alivio y satisfacción. Pero las propias circunstancias del acontecimiento, incluido el calendario, dan pie para unas reflexiones sobre lo insólito del mismo pero también sobre los extensos e inadecuados plazos electorales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, creo que es la primera vez que se anuncian unas elecciones generales, fijando incluso la fecha, sin que a la vez y simultáneamente se disuelvan las Cámaras. Zapatero, que ha sumido a España en una larga espera durante la cual ni ha sido capaz de afrontar en serio un programa de reformas para salir de la crisis ni se ha marchado -como viene clamando desde hace al menos dos años una gran parte de la opinión pública- nos mete ahora en un prolongado e inútil cuatrimestre sin más sentido que la preparación de esas elecciones. Cuatro meses más de plaga zapateril que van a seguir causando daño a España y a su imagen en los mercados, aparte del relativo consuelo que puede inspirar aquella máxima de “no hay mal que cien años dure”. Cuatro meses que sólo servirán para que el candidato socialista trate de hacerse el simpático ante el electorado de izquierdas y que, por lo tanto, se ponen al servicio del PSOE, que no al de los intereses generales de España. Ya veremos con qué leyes nos regala todavía en su agónico final el Gobierno de las reformas tardías y a medias y de los radicalismos tipo 15 M.

Pero, en segundo lugar, nuestras leyes electorales son premiosas hasta el exceso ya que los plazos electorales previstos en nuestros textos electorales son impropios de esta época de comunicaciones rápidas y, como suele decirse, en tiempo real. Un Gobierno elegido a principios de marzo no inicia aquí su mandato hasta muy avanzado el mes de abril y, alguna vez, ha habido que esperar hasta mayo para verle constituido (2004). Y lo de las negociaciones con otros partidos, necesarias cuando no hay mayoría absoluta, son un pretexto porque si los plazos fueran más cortos seguro que se llegaría también a acuerdos. Les pongo el ejemplo de las últimas elecciones generales celebradas en el Reino Unido (2010). El anterior primer ministro, Gordon Brown, anunció al país, a principios de abril, que iba a solicitar de la Reina la disolución de la Cámara de los Comunes. La disolución fue efectiva el 12 del mismo mes de abril. Las elecciones se celebraron el 6 de mayo (sólo 24 días después de la convocatoria y no 54 como se exige aquí) y los resultados se conocieron oficialmente el 7. Cameron, sin mayoría absoluta, negoció durante tres días con Clegg, el líder liberal-socialdemócrata, que incluso también conversó con Brown. El acuerdo entre Cameron y Clegg era completo el 11 de mayo y ese mismo día dimitió Brown. UNA HORA DESPUÉS Cameron recibía el nombramiento de Primer Ministro y se instalaba en su sede oficial, el famoso 10 de Downing Street. En un mes se había cumplido todo el proceso que aquí nos va a llevar cuatro veces más.

Es verdad que otros países tardan más en el proceso y se puede señalar que en los Estados Unidos, el Presidente es elegido a principios de noviembre (el primer martes después del primer lunes de ese mes), pero oficialmente los resultados no se anuncian hasta diciembre por la complejidad del proceso. Las dimensiones del país y las dificultades de transporte hicieron necesario esos largos plazos en los tiempos iniciales, finales del siglo XVIII. Pero hay que recordar que, si hasta mediados el siglo XX, el Presidente tomaba posesión en marzo del año siguiente, ahora es en enero –y a veces muy a principios de este mes- cuando asume oficialmente el cargo, jurando como es tradicional en las escalinatas del Capitolio. Y esos dos meses que transcurren desde la elección les parecen ya demasiado largos a muchos americanos en estos tiempos de comunicaciones rápidas e instantáneas. También es cierto que en España el trámite de las consultas del Rey con los líderes de los grupos parlamentarios y la propia sesión de investidura, que no existe en el Reino Unido, alargan el proceso. Pero lo cierto es que no es nada moderno ni presentable que aquí un Gobierno que ha ganado unas elecciones tarde varias semanas en poder empezar a ejercer su mandato.

No cabe duda de que a Zapatero le ha urgido hacer el anuncio y, al tiempo, comunicar que, ¡por fin! se va, la propia situación de los mercados, nada tranquilizados después del “arreglo” –que no se le puede llamar de otra manera- de la crisis griega y de sus posibles daños colaterales que pueden ser muy perjudiciales para España y para Europa en general. Era, además, evidente que este Presidente no se podía permitir el lujo de presentar unos Presupuestos (PGE) para 2012 que o serían un brindis al sol, a mayor gloria de Rubalcaba, que Bruselas no iba a dejar pasar sin fruncir el ceño o algo más, o contendrían medidas de austeridad de las que el mismo Rubalcaba –que ya es el que manda- seguramente no quiere ni oír hablar. Eso le obligaba a disolver antes del 30 de septiembre (fecha tope para enviar los PGE al Congreso) y se reserva así dos o tres plenos durante ese mes para terminar de hacer la puñeta a los españoles con sus últimas medidas “testamentarias”. Genio y figura…