Una reforma constitucional profundamente equivocada

Aunque no está contrastado, parece evidente que la Unión Europea, su Banco Central, o más concretamente Alemania y Francia, han presionado a España -y nosotros lamentablemente hemos cedido- a abordar la constitucionalización del límite al déficit de nuestras administraciones públicas, con la reforma ya iniciada del artículo 135 CE. Analicemos con algún detenimiento lo erróneo de esta medida, al menos, en cuatro frentes: 1. Precipitación de la medida, falta de debate y análisis con el sosiego preciso; 2. Los problemas de fondo ¿se conocen desde hace tiempo o aparecen ahora? esta es la cuestión más importante, llevamos cuatro años apuntando los problemas de fondo sin ser escuchados por los dos principales partidos nacionales, que siguen parcheando y superados por la situación, siempre van a remolque, no afrontan con rigor y coraje la situación con su problemática de fondo; 3. Ineficacia e innecesariedad de la medida, si no se cambia de actitud institucional; 4. Qué papel tiene el pueblo español en este proceso, mero espectador o se le debe consultar, en qué se le debe consultar.

1. Precipitación de la medida. Una reforma constitucional no es una cuestión que se improvisa en pocas semanas, se negocia en época estival y se priva a la sociedad del debate necesario, y no sólo a la sociedad, sino a la propia Cámara, usando el procedimiento de lectura única e impidiendo la presentación de determinadas enmiendas, existiendo base suficiente para que prospere un recurso de amparo por vulnerar el artículo 23.1 CE que garantiza la participación en los asuntos públicos. Por lo demás, salva los muebles de momento -aunque tampoco parece garantizado-, pero necesariamente tiene que ir acompañada de otras medidas de fondo importantes, donde la reforma de la CE, ya que se inicia, no puede ni debe quedarse sólo en el límite al déficit, principalmente, de las CCAA. Alemania en el año 2006 abordó una reforma similar y tardó tres años en concretarla.

2. No se abordan los problemas de fondo. No deja de resultar curioso que las dos únicas reformas de la CE vengan impuestas desde la UE. Esto demuestra la falta de madurez y sentido institucional de nuestros poderes constituidos, incapaces, a diferencia del resto de países, de actualizar y corregir las normales desactualizaciones o fallos que todo texto constitucional tiene. La crítica se centraría en la falta de capacidad del PSOE y del PP para aparcar sus diferencias e intereses partidistas y pensar en los 46 millones de españoles y en las medidas institucionales necesarias.

UPyD lleva apuntando desde sus inicios las necesarias reformas de nuestro Estado Autonómico -está en el manifiesto fundacional del año 2007 y en el programa electoral de las generales de 2008-, racionalizando su estructura -supresión de las diputaciones-, evitando sus disfuncionalidades y excesivo gasto y reclamando una serie de competencias esenciales y exclusivas del Estado, como la educación y la sanidad. Junto a ello, hay otras medidas institucionales claves para mejorar la estructura y funcionamiento de nuestro Estado, como la modificación del sistema electoral para evitar el bipartidismo reduccionista y el desigual valor del voto, garantizar la independencia del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Ya es un avance, y un éxito de UPyD, que se empiece a asumir la necesidad de corregir y limitar nuestro Estado autonómico, pero no nos podemos limitar sólo a este punto del déficit y excesivo gasto autonómico.

3. El problema esencial no está en la CE, que material y formalmente es similar a las del resto de Europa, el problema real está en los poderes constituidos que tienen que desarrollarla con lealtad institucional y sentido de Estado, mientras esto no cambie, ya podemos cambiar mil veces la CE que no avanzaremos. Nuestra democracia está seriamente dañada por la partitocracia del PSOE/PP, de ahí la importancia de realizar las reformas ya apuntadas. La Constitución española, ni ninguna otra, tiene efectos cuasimágicos, que por el mero hecho de existir implique que ya esté todo hecho. La Constitución tiene que ser respetada y desarrollada con lealtad y sentido institucional por los poderes constituidos (Gobierno nacional y autonómicos, Cortes Generales y Asambleas autonómicas, poder judicial, Tribunal Constitucional, etc.).

Así las cosas, seamos serios, esta reforma no era necesaria, España ya tiene mecanismos e instrumentos para controlar el déficit y el gasto público, así lo ha reconocido una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional en julio de este año, además nos obliga el Tratado de Funcionamiento de la UE. Por otro lado, tanta prisa, para que según la reforma los límites del déficit estructural entren en vigor en el año 2020 y la mayor parte de las cuestiones claves se remiten a una futura Ley Orgánica que sólo precisa de 176 votos en el Congreso para aprobarse, ¿para eso reformamos la Constitución?

Lo más grave es que la asunción de esta medida refleja la incapacidad de gestión sensata y responsable de algunos gobiernos autonómicos y locales, tanto del PSOE como del PP, como nacionalistas. La política económica eficaz y responsable no es una cuestión normativa, sino de gestión pública prudente y previsora.
4. Por último, queda el tema de la consulta al pueblo español, que permite el art. 167.3 CE. En España se nos consulta más bien poco y cuestiones que afectan al gasto público y a la gestión de nuestro dinero por parte de la Administración, a la reforma del sistema electoral o a la devolución de competencias al Estado en materia de educación o sanidad por parte de las CCAA, debe ser decidida por los principales protagonistas: el pueblo español.