¿Ruptura o restablecimiento del consenso constitucional?

Con independencia de que las reformas que precisa la Constitución –incluida la presente- debían haberse tramitado con más sosiego y en tiempos más apacibles, no voy a entrar en el tema del fondo (económico) o de la forma (jurídica y política) de la reforma constitucional que, con el fin de erradicar el déficit, se está tramitando en España. Otros ya lo han hecho variada y exhaustivamente en estas columnas y con más autoridad que yo. Salvo, quizá, mencionar un tema, de naturaleza política, además de económica, y que demasiados se han dejado en el tintero; a saber: el hecho de que el déficit es antidemocrático, en la medida que, en el fondo, se trata de un impuesto regresivo, no aprobado en esta u otras legislaturas sobre las que, sin embargo, se proyecta inexorablemente. Fuera de ello, el propósito de estas líneas se enhebra en la cascada de declaraciones –y titulares- que dan por roto el consenso constitucional de 1978, en vista del acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y el Partido Popular en relación a dicha reforma constitucional y el disenso del resto de los partidos, particularmente de los grupos nacionalistas que son quienes han apuntado con el dedo acusador a la ruptura del consenso.

Y el caso es que, desde su punto de vista –soberanista- tienen algo de razón. Desde una perspectiva confederal, en efecto, se cuenta por territorios. Pero no es el caso. Vivimos en un Estado federalizado o autonómico en que la soberanía corresponde al conjunto de la ciudadanía, no importa en que Comunidad residan. En consecuencia, el asunto va de ciudadanos que no de territorios. Tampoco de los llamados históricos. Desde la votación el 4 de agosto de 1789 en la legendaria Asamblea, en que precisamente quedaron abolidos los derechos históricos, la democracia no es historia. No es el país de los muertos –que decía Kant refiriéndose a España. Es el presente de los votantes vivos, con la vocación de convertirse en la patria de los hijos, diríamos parafraseando un famoso giro nietzschiano.

La democracia es, pues, un sistema político que se organiza en función de la voluntad de los ciudadanos. Al menos, de la mayoría. Por tanto, un cierto respeto al principio algebraico del voto parece imprescindible. De modo tal, que una decisión tomada por los representantes del 80% del electorado alguna consideración debe merecer desde el punto de vista democrático.

Sin embargo, en su versión Occidental, la democracia no es un plebiscito. En eso tienen razón los nacionalistas –con independencia de la pequeña contradicción de exigir, alentar o promover al tiempo referenda ilegales de autodeterminación. La mayoría no es todopoderosa - afirmaría Lincoln- por encima de ella se hallan en el mundo político los derechos. Porque “la democracia liberal es en primer lugar –y en palabras de Sartori- demoprotección: protección de los derechos fundamentales. “Ilegislables” –decía una conmovedora fórmula de los viejos republicanos españoles- en la medida que no se codifican. Se “declaran” porque están por encima de cualquier gobierno o Parlamento y se recogen en la parte de las constituciones que los juristas llaman “pétrea” porque, como derechos fundamentales que son de las personas individuales, ni se mueven ni se votan y, como tales, quedan al abrigo de mayorías circunstanciales. Entre otras cosas, para preservar el principio de alternancia. En este sentido, la democracia “es la política del reconocimiento del otro” (Ch. Taylor); o “la aceptación del adversario” -como tituló su libro entre nosotros el Profesor Dardé- “reconociendo que la mayoría de hoy pueda convertirse en minoría mañana”. Y, “la cultura democrática” es, según Alain Touraine, la protección “de la diversidad”. Porque, “si partido viene de parte, será que hay otra parte” (lord Acton): sólo los fingidores de extremismos –escribía Prieto en la amargura del exilio- aseguran que “una parte” equivale a todos.

Proteger los derechos de las minorías es, pues, una sana tarea constitucional. Una política que camina, pari passu, con una idea central de que la constitución, para tener ese plus de legitimidad que le exigía Kelsen, sea producto de un acuerdo negociado e integrador de casi todos los grupos políticos. Un principio elemental que, tras siglo y medio de asonadas, motines y pronunciamientos, precisamente porque se confundía una constitución con un programa político, parece que los españoles han terminado de entender con la Constitución consensuada de 1978. Doble motivo, pues, de satisfacción: en primer lugar que, en vez de hacer constituciones de partido, para deshacerlas luego a golpes militares, propongamos reformas; y, en segundo lugar, el hecho de que los nacionalistas toquen a rebato del consenso constitucional.

El problema, empero, es que nuestros nacionalistas se acuerden de la Constitución cuando truena la elección. Es muy complicado sostener al tiempo que se rompe un consenso constitucional que engloba a los representantes del 80% del voto y, en cambio, se considera consenso constitucional un Estatuto (de partido) que margina al 40% del electorado de un partido (el PP, en ese caso). Un partido apestado, al que se intentó expulsar del sistema con el pacto en el Tinell, hace pocos años, pero que ahora amenaza con ganar las elecciones generales. La aritmética electoral es sencilla: el PSOE y el PP representan, elección va elección viene, entre nueve y once millones de votos cada uno; todos los nacionalistas sumados, apenas logran superar los dos millones de sufragios. La ecuación política no tiene vuelta. Es deseable que los nacionalistas se sumen al consenso pero, que lo hagan los dos partidos mayoritarios, resulta imprescindible. En este sentido, los nacionalistas pueden y deben reclamar su puesto al sol de las reformas constitucionales. Y, no sólo a ellos, a todos conviene tenerlos ahí. Pero lo que resulta de una imprudencia –por no decir, desfachatez- sonrojante es que recurran como argumento a una supuesta ruptura del consenso constitucional. No tienen autoridad para ello. La perdieron en el Tinell.

Por fin, con motivo de esta escena de nacionalistas puestos en jarras y con cara de feroce por –supuestamente- habérseles marginado de la reforma constitucional, llama poderosamente la atención la actitud de los medios de izquierda. Desde un punto de vista filosófico, es asombroso, aunque tan reiterado que a pocos sorprende, la actitud de ciertos medios de izquierda al respecto. Uno debe esperarse titulares nacionalistas con cabezas y en medios nacionalistas pero, desde una mínima coherencia filosófica, resulta llamativo que un periódico de izquierdas como EL PAÍS (3 de setiembre de 2011), caiga en renuncios nacionalistas en sus titulares y contenidos. Alguna vez nos tendrán que explicar estos polígrafos y periodistas de dónde les viene a ellos y a la izquierda española actual esa fascinación por un pensamiento nacionalista, identitario y etnicista contra el que argumentaba Marx, le repugnaba al presidente Mitterrand y provocaba las burlas de Prieto. Nos van a tener que explicar en detalle porqué, en lugar de rectificar lo tradicional con lo racional –como reclamaba Azaña- llevan años esforzándose por rectificar lo racional con lo tradicional. Como los carlistas y ultramontanos. Quizá por eso, en Bilbao, le han quitado su calle a Espartero, que defendió su libertad, para entregársela a Zumalacárregui, que nunca lo conquistó.

Se comprende –aunque no se comparta- la irritación de los nacionalistas y secesionistas ante la reconstrucción del consenso entre populares y socialistas con ocasión de esta reforma constitucional. Una frustración que reflejaba el gesto y el tono desabrido de un político habitualmente afable y ponderado, como el señor Durán i Lleida. Pero incluso los nacionalistas, y a pesar de las brumas que ofuscan un pensamiento de naturaleza neo-romántica, confusa y prejuiciada, pueden entender –aunque les disguste- que, en un régimen democrático, la minoría, siendo digna de respeto y protección, no puede imponerse durante mucho tiempo a la mayoría. Y esto es lo que ha ocurrido en España, por una perversa combinación entre una ley electoral proporcional y un intensísimo proceso de descentralización, liderado por partidos nacionalistas más interesados en desmontar todo que en constituir nada: que la oportunidad de que uno de los dos grandes partidos se aliaran con los nacionalistas, para desplazar del sistema político a su rival, ha ejercido una atracción irresistible en el mercado de poder. Y el Partido Socialista, en su peculiar versión zapaterista, no pudo o no quiso resistirse a tal oportunidad. Ello les ha dado a los partidos nacionalistas en estos años un peso político muy superior a su número de votos. En otras palabras, la rentabilidad del voto nacionalista, medida en términos de poder, se ha demostrado simplemente espectacular.

Pero poco democrática. Fuera ya de preferencias políticas, una relación tan desequilibrada puede resultar tentadora pero es sumamente inestable porque conlleva un déficit democrático que provoca un efecto disfuncional en el sistema político. No es extraño que haya hecho crisis. Los pequeños grupos nacionalistas debían haber pensado (con Sagasta) que la estrategia de exclusión de uno de los dos grandes partidos alternantes para maximizar programas no termina más que en desastres. Y que, por tanto, no resulta realista fiar una política o unos textos –aunque sean soberanistas- a unos cimientos tan frágiles y efímeros.