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Cómo no reducir el gasto farmacéutico

martes 01 de noviembre de 2011, 23:35h
Ayer martes entraba en vigor la normativa que obliga a los médicos a recetar según principio activo y no según marca comercial. El fin último de esta medida es ahorrar una parte importante del gasto farmacéutico; o lo que es lo mismo, criterios puramente economicistas en lugar de sanitarios.

Es un hecho que determinados comportamientos de la industria farmacéutica pueden tildarse de abusivos. Prácticas monopolísticas, márgenes comerciales excesivos y una cierta falta de sensibilidad social son, entre otros, los cargos que con más frecuencia se le suelen atribuir. Pero más allá de aspectos puntuales, quienes desarrollan las medicinas que prescriben los facultativos sanitarios son empresas privadas. De sus beneficios salen las partidas económicas destinadas a investigación, tan necesaria en el ámbito de la salud. Es sencillo hacer demagogia satanizando a la industria farmacéutica -otro día le volverá a tocar a la banca-, pero carente de sentido.

El gasto sanitario es el que es, y sí, puede reducirse, pero no a costa de la calidad de los fármacos. Cada médico prescribe lo que más conviene a su paciente no en función de su precio, sino de la idoneidad del fármaco en cuestión. Obligarles a recetar el más barato per se sólo se le puede ocurrir a alguien cuyo conocimiento de la profesión médica sea nulo, caso de Leire Pajín. Las consecuencias económicas tanto para la industria como para las oficinas de farmacia van a ser muy negativas. Por el contrario, el ahorro que semejante iniciativa pretende lograr será apenas perceptible.

Además, hecha la ley, hecha la trampa. El médico siempre podrá prescribir al paciente el medicamento que considere más apropiado, tenga el precio que tenga, siempre que exista una necesidad terapéutica justificada. Para ello, deberá hacer constar en la receta las palabras “necesidad terapéutica”, y nadie podrá rebatirlo. Hacerlo sería ir en contra del la lex artis de todo el colectivo médico, poner permanentemente en tela de juicio su criterio o, peor aún, fiscalizar todas y cada una de sus prescripciones. Consideraciones todas que no hacen sino evidenciar las lagunas de una ley manifiestamente mejorable.
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