La sangría de las televisiones autonómicas

El último informe sobre el coste de las televisiones autonómicas viene a confirmar que su mantenimiento es un pozo sin fondo. En 2010 las trece cadenas dependientes de los Ejecutivos autonómicos costaron a los contribuyentes alrededor de 2.000 millones de euros, a los que deben añadirse 1.500 millones de euros por el enorme endeudamiento que arrastran. Estas cadenas suman un total de veintisiete canales, pues parece que ninguna Autonomía se conforma con un canal, sino que duplica y triplica éstos, y, en algún caso –como el de la televisión de la Generalitat catalana-, cuenta con más de cuatro. Las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y el País Vasco fueron las primeras en montar una televisión pública, a las que siguieron las restantes, a excepción de La Rioja, Navarra, Cantabria y Castilla y León, que nunca han tenido una cadena institucional.

Las trece cadenas autonómicas consumen una parte sustancial del presupuesto de cada región y en prácticamente todas las televisiones tienen plantillas sobredimensionadas. La Televisión valenciana, por ejemplo, tiene tantos empleados como Antena 3, Tele 5 y la Sexta en su conjunto. Aunque todas las cadenas presentan un gran déficit, las más costosas para el ciudadano son, según el informe de 2010, Euskal Telebista, que cuesta más de doscientos cincuenta euros por hogar del País Vasco, y las cadenas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, en torno a los doscientos euros.

Es sabido que en gran medida el objetivo fundamental de las televisiones autonómicas es estar al servicio del Ejecutivo que gobierne en ese momento y cantar sus bondades. Pero, paradójicamente, este despilfarro ni siquiera cumple esa discutible finalidad. Las televisiones autonómicas nunca han gozado de grandes audiencias y mucho menos desde que se fueron implantando más televisiones privadas y de satélite, así como la Televisión Digital Terrestre (TDG). Se da la circunstancia, pues, de que, en líneas generales, los espectadores de cada Comunidad Autónoma prefieren los canales nacionales a los de su región.

Hace ya tiempo que frente a esta sangría deberían haberse tomado cartas en el asunto. Y máxime cuando el ingreso por publicidad, que suponía un cierto alivio para las maltrechas arcas de las cadenas, ha venido bajando de una manera pavorosamente drástica. En cualquier caso, en estos momentos de aguda crisis, abordar sin dilaciones este despilfarro -para más inri, incluso inútil para sus propósitos- resulta imperioso. No es extraño el desprestigio en que en su conjunto ha caído la clase política cuando los ciudadanos contemplan atónitos como, entre otros comportamientos no precisamente elogiables, los gobernantes hacen recortes en servicios básicos y parecen “olvidarse” de este pozo sin fondo que supone las televisiones autonómicas. El Ejecutivo que salga de las urnas en las elecciones del 20-N, sea cual sea su color, no debería pasar por alto este capítulo en la política de austeridad que es imprescindible aplicar para que España no se despeñe.