Justicia y huelgas

No es pequeña la trascendencia de esta huelga que acaba de finalizar. Se produce con cierto escándalo de la opinión pública que repara en la posición de ventaja de los funcionarios respecto del común de los huelguistas. En efecto en este caso, tratándose de asalariados públicos, los trabajadores en huelga no ponen en peligro la suerte de la empresa o el sector; tampoco arriesgan finalmente su empleo, de manera que sólo tienen como límite en su actuación su sentido de la responsabilidad.

Los funcionarios de la Administración de la Justicia arrastran alguna otra circunstancia especial. No se ha demostrado la especial menesterosidad de su situación, de manera que se supone que el éxito de sus reclamaciones va a estimular una oleada de protestas en diversos sectores de la Administración Pública. Desde luego la situación salarial de los empleados públicos no debe establecerse en un Estado moderno a fuerza de huelgas y movilizaciones. Se necesita previsión y mesas de negociación eficientes que aquí han brillado por su ausencia. Naturalmente la concertación en la Función Pública es muy importante que se haga desde parámetros generales y no planteamientos meramente sectoriales o corporativistas, demasiado dados a la estridencia, justificándose por tanto la presencia en las negociaciones de los dos grandes sindicatos nacionales.

Sin duda el Estado Autonómico, como ha mostrado este conflicto, tiene grandes ventajas, pero presenta también algunos aspectos problemáticos. No es posible, ni siempre deseable podría decirse, la equiparación absoluta de los sueldos de los funcionarios en un Estado en el que se han transferido a las Comunidades el personal de la Administración. Autonomía quiere decir posibilidad de llevar políticas propias por parte de los poderes autonómicos, así pueden desarrollarse, por ejemplo, estímulos para el reclutamiento de los funcionarios, o responder a necesidades como las derivadas del diferente nivel de vida entre unas Comunidades y otras. No neguemos a la Administración, lo que es práctica común en el mundo empresarial privado. El problema de desigualdad territorial puede venir si se obstruye en virtud de barreras innecesarias, por ejemplo por motivos lingüísticos, el acceso a los empleos públicos en la Administración en algunas comunidades, pero no porque se dé una diferencia salarial no esencial entre los servidores del Estado según su ubicación geográfica.

Finalmente dos apuntes. La huelga afecta a un sector de la Administración, la de la Justicia, sobre cuya eficiencia hay alguna duda. Esperemos que el aumento salarial se vea correspondido por un compromiso por la mejora, en lo que toca a los empleados públicos, del funcionamiento de un sector vital para el Estado de Derecho. Por último, en todo conflicto es muy importante la actitud de los negociadores. Parece que han sobrado voces altas y han faltado formas. Quede apuntado, si ello es así, en el deber de quien corresponda, por muy alto que se encuentre.