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Crónica política

Rajoy sube impuestos obligado por la herencia de Zapatero

viernes 30 de diciembre de 2011, 22:01h
Mal, muy mal deben estar las cosas para que una de las primeras medidas contra la crisis tomada por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy haya sido la subida de impuestos, concretamente del IRPF, de las rentas del capital y del IBI. Una decisión, completamente fuera de todas las previsiones, según Soraya Sáenz de Santamaría, y con la que el Ejecutivo espera ingresar más de 6.000 millones de euros durante los dos años en los que estará vigente este “recargo complementario y temporal”. Y todo ello, provocado “por el regalo envenenado que José Luis Rodríguez Zapatero le ha dejado a Rajoy”, según analistas políticos consultados por “El Imparcial”: un déficit de las cuentas públicas que se elevará hasta el 8 por ciento en este 2011, frente al 6 previsto por el Ejecutivo socialista, lo que implica, de momento, que los Ministerios dispondrán ya de 8.900 millones menos de euros para elaborar sus presupuestos, dentro del objetivo de reducción del déficit de 16.500 millones de euros para 2012. En el otro lado de la moneda, el compromiso del PP con los más desfavorecidos, la subida en un 1 por ciento de las pensiones y el mantenimiento del subsidio de desempleo de 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación.
Se esperaban medidas duras en este segundo Consejo de Ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el primero dedicado fundamentalmente a la adopción de decisiones para combatir la crisis y recuperar el empleo en nuestro país. Y al Gobierno no le ha temblado el pulso. Si la congelación del sueldo de los funcionarios estaba descontada, así como una primera revalorización de las pensiones, el anuncio por parte de la portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría del incremento durante dos años de los impuestos relativos al IRPF, las rentas del capital y el IBI han sido una auténtica sorpresa. El desfase entre del déficit previsto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cifrado en el seis por ciento, y lo que se ha encontrado el Gabinete de Rajoy, un ocho por ciento, ha sido definitivo, según fuentes del PP consultadas por este diario, para que el Gobierno haya echado mano de medidas que en principio son contradictorias con su filosofía, completamente contraria a la subida de impuestos.

La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría ha querido dejar muy clara la postura del Ejecutivo popular. La desviación del déficit obliga a “tomar decisiones extraordinarias y no previstas ante las que el Gobierno no va a tener la menor vacilación para afrontarlas”. Con una premisa, como ha explicado: “Queremos salvaguardar a los más débiles, sin poder pedir sacrificios a quienes no pueden dar más”. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado revalorizar las pensiones a partir de 1 de enero en un 1 por ciento y mantener los 400 euros de subsidio para los parados que hayan agotado su prestación por desempleo.

Analistas políticos subrayan que Rajoy ha cumplido su palabra y no “ha tocado el IVA para aumentar la recaudación del Estado, en lo que sí que sí que hubiera sido una medida absolutamente gravosa para los ciudadanos con menos recursos, al verse afectados en igual manera que aquellos con rentas más favorecidas”, según las fuentes consultadas por este diario. “El presidente del Gobierno –añaden- ha optado por medidas más progresivas, como gravar progresivamente el IRPF y subir los impuestos sobre las rentas del capital y el IBI, que harán pagar más a quien más tiene”. Respecto al IRPF, el ministro de Hacienda ha establecido un incremento progresivo que irá desde el 0,75 por ciento para el primer nivel de renta hasta el 7 por ciento para la base liquidable de 300.000 euros. Una subida que Saénz de Santamaría ha destacado que se efectúa bajo “los principios de justicia y equidad”.

Más medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: recuperar el IVA superreducido del cuatro por ciento para la adquisición de vivienda y la deducción por casa en propiedad en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. En la cruz de la moneda, la eliminación de las bonificaciones para el gasóleo profesional.

Además de las congelación de los sueldos de los funcionarios y el aumento de la horas trabajo de los mismos, que se verán ampliadas a 37,5 a la semana, la Administración del Estado verá reducida en un 18 por ciento, aparte de que los Ministerios tendrán un recorte total de 8.900 millones de euros no previstos en principio y motivado por el desfase en las previsiones de déficit que presentó el Gobierno de José Luios Rodríguez Zapatero. Como era de esperar, según las fuentes consultadas por este diario, los partidos políticos y los agentes sociales tampoco se libran de los recortes. Todos ellos verán reducida en un 20 por ciento la subvención que reciben de los Presupuestos Generales del Estado.

Respuesta inmediata del PSOE a las decisiones del Consejo de Ministros, la primera para negar la desviación del déficit público anunciada por el Gobierno. La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha asegurado que esta variación no puede estar provocada del Estado y ha asegurado que si “de verdad existe es por las Comunidades Autónomas, que son todas del PP”. Fuentes populares recuerdan que “efectivamente el mapa político autonómico cambió el 22 de mayo y en otras autonomías gobernadas por el PSOE, como Cataluña y Galicia, antes, y ahora es cuando las cuentas reales están saliendo a la luz”.

En cuanto a los nombramientos, dos de calado. Uno, sorprendente por la rapidez con el que se ha llevado a cabo ha sido la designación del almirante Fernando García Sánchez como jefe del Estado Mayor de la Defensa, en sustitución del general del Aire, José Julio Rodríguez. Fuentes militares destacan a este diario que el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, “ha llegado al Departamento con los deberes hechos”. En Interior, el diputado Ignacio Cosidó, quien durante la pasada legislatura destacó como uno de los por portavoces del PP en esta materia, con duros enfrentamientos con Rubalcaba sobre las negociaciones del Gobierno socialista con ETA o el “caso Faisán” ha sido designado nuevo director general de la Policía. Un cargo que no le resulta para nada desconocido, pues ya ocupó,”aunque en el otro lado, con los verdes”, la jefatura del Gabinete del director de la Guardia Civil durante la etapa de Santiago López Valdivielso al frente de la Institución durante los Gobiernos de José María Aznar. Pero en este campo la decisión más importante ha sido la separación del mando unificado de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que a partir de ahora vuelven a tener directores independientes. Si Cosídó se ocupará del CNP, Arsenio Fernández de Mesa es el nuevo responsable de la Benemérita. Dos hombres que se conocen muy bien, señalan fuentes del PP, desde hace muchos años, cuando ambos coincidieron como diputados en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados antes de la llegada a la Presidencia del Ejecutivo de José María.
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