Las esperadas, aunque ocultas, medidas económicas del Gobierno Popular (I)

Las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del PP del pasado viernes requieren tanto una valoración política como económica.

El PP rige en la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos desde junio de 2011, donde las desviaciones respecto de la disciplina presupuestaria han sido mayores según reconoció el propio Gobierno de la Nación. Ya durante las primeras semanas del pasado verano diversas Organizaciones Internacionales vaticinaron una caída de la actividad económica que tendría como consecuencia la reducción de los ingresos fiscales y nuevas obligaciones para atender al desempleo. Incluso con anterioridad,se incrementó la prima de riesgo de la deuda pública con la consiguiente subida de la carga por intereses de las Administraciones públicas. En fin, cualquier economista sabía que iban a ser necesarios nuevos ajustes, como lo sabía Mariano Rajoy. Que éstos deberían contar con subidas de impuestos era más que evidente, dado que el Gobierno anterior ya había recortado gastos de manera intensa. Así lo habían declarado los expertos; en este mismo periódico así como en otras entrevistas yo mismo lo había afirmado.

Los ciudadanos también lo intuían. Todos sabían cómo la economía se venía deteriorando y habían podido observar lo que venía sucediendo en otros países europeos que comparten nuestra moneda: hubo cambios de Gobiernos con medidas de ajuste, incluidos los incrementos de impuestos.

En este contexto, ¿por qué el Rajoy se empeñaba en negar subidas de impuestos e incluso prometía bajadas selectivas para pymes y autónomos? ¿No confiaba en sus posibilidades? ¿No confiaba en el buen juicio y la responsabilidad de los electores? Porque estamos hablando de medidas que afectan de forma muy fundamental y de manera general a elementos clave de las relaciones de los ciudadanos con el poder, pagar impuestos como parte de un contrato social que estructura nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra política. No se trata de decisiones que deban ocultarse a quienes las van a sufrir más directamente, al menos cuando se cree en el ejercicio responsable del poder democrático. Bajo mi punto de vista, esta manera de actuar tendrá como consecuencia pérdidas de ciertas dosis de credibilidad, no tanto del presidente del Gobierno, que también, sino de la política y de los políticos en general.

Pero más debería preocuparnos la insistencia de la vice-presidente en el carácter temporal de estas decisiones, que perderían vigencia en 2013. En su informe del último trimestre de 2011 sobre reformas fiscales en los Estados miembros,la Comisión Europea señala que existe en España un gap de sostenibilidad de las finanzas públicas. En la valoración que el ejecutivo de Bruselas hace de esta carencia y sobre la fórmula para hacerle frente se destaca cómo en nuestro país no se ha utilizado de forma satisfactoria el potencial disponible para incrementos de recaudación fiscal dirigidos a atender las necesidades de consolidación presupuestaria – eliminación del déficit público–. Esto es, existe margen para subir impuestos, que debe utilizarse si se quiere cumplir con los compromisos asumidos en Bruselas. Salvo, claro está, que se proceda a desmantelar elementos clave de nuestro modelo social y se dejen de cumplir sine die los compromisos derivados de la Ley de dependencia, entre otras medidas.

Tampoco me ha parecido sensata la combinación de retraso en laformación de Gobierno y celeridad en la aprobación de este paquete económico: se hizo público el aspirante al cargo de secretario de Estado de Hacienda un par de días antes de que los miembros del Gobierno lo debatieran. La Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios no ha estado constituida para estudiar unas medidas que, a base de negarlas, tampoco han podido ser conocidas, analizadas ni mejoradas en un proceso organizado y público en el que intervinieran además expertos en estas materias.

En cuanto a las medidas en sí, destaca por su trascendencia la subida generalizada del IRPF. Dicen que se trata de subirlo a quienes más ganan. Es verdad que, como tributo progresivo, quienes más ingresan pagarán más que proporcionalmente que los que ganan menos. También lo es que la magnitud del incremento del impuesto acabará pesando sobre las clases medias, que aglutinan a la inmensa mayoría de la población y son las que más capacidad tienen para generar los recursos suficientes. Esto es, con subidas a los más ricos los ingresos fiscales obtenidos son insuficientes para las necesidades planteadas. Se debe acudir a un número significativo de contribuyentes para poder atender la carestía de recursos. Me surge la duda sobre la capacidad de esta iniciativa en un cuadro macroeconómico de recesión en el que será normal que los sueldos bajen, los contribuyentes ganen menos y, por tanto, acaben por pagar cantidades inferiores del IRPF. Salvo en el caso de pensionistas, claro está, para quienes el incremento del 1% determinará una mayor carga fiscal.

Respecto de la anunciada subida del gravamen de las rentas de capital, se trata de una solución desnaturalizante y engañosa. La propuesta del Gobierno rompe con la neutralidad inter-temporal de su gravamen: se trata de rentas que no se suman al resto de las obtenidas por el contribuyente sino que se separan y tributan a un tipo especial porque su obtención a lo largo del tiempo es poco predecible e inconstante; desde esta óptica, no tiene sentido introducir elementos de progresividad como el pretendido al incluir ahora tres tramos. Pero se trata de una propuesta que puede generar confusión sobre su alcance real. El capital tiene diversas formas de inversión y existen canales que quedan sujetos a regímenes fiscales diferenciados. La reforma no alcanza a las fórmulas utilizadas por quienes disponen de suficientes medios para planificar sus actividades con el objeto de optimizar el gravamen.

En cuanto a la subida del IBI y partiendo de la consideración de que la tributación inmobiliaria en nuestro país requiere una importante revisión para racionalizarla y atribuirle el peso que debiera corresponderle de acuerdo con criterios de eficiencia económica, debemos decir que la improvisación ha impedido resolver la complejidad y el oscurantismo por el que atraviesa actualmente el tributo, lo que se traducirá en que la medida resulte errática e impredecible en su futuro, puesto que dependerá de las pasadas y futuras revisiones catastrales. En esto caso, la temporalidad de la propuesta puede ser una virtud siempre que se proceda en el futuro a homogeneizar su exacción. En todo caso, esperamos que sí que sirva para paliar la deficitaria posición en la que se encuentran la gran mayoría de nuestros municipios.