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Ajuste contra las rentas del trabajo

Javier Zamora Bonilla
martes 03 de enero de 2012, 21:25h
El nuevo Gobierno se ha estrenado con un durísimo ajuste presupuestario, que según anunció la vicepresidenta Sáenz de Santamaría es sólo “el inicio del inicio”. Algunas de las medidas aprobadas son la congelación del salario mínimo interprofesional en 641,40 euros/mes, la congelación del sueldo de los funcionarios, una drástica reducción de oposiciones para el acceso a la función pública y una subida de impuestos que se anuncia como temporal y que afecta principalmente a las rentas del trabajo mediante el alza de los tipos de gravamen del IRPF. El Gobierno ha justificado la necesidad de tan drásticas iniciativas –algunas no sólo contrarias al programa con el que el PP se presentó a las elecciones sino también al recentísimo discurso con el que Rajoy pidió su investidura al Congreso– en las estimaciones que maneja sobre la desviación del déficit público respecto a las previsiones del anterior Ejecutivo. El Gobierno quiere, según las declaraciones de algunos ministros, lanzar así un mensaje claro a los mercados y a los líderes de la Unión Europa sobre el compromiso de nuestro país con una política fiscal responsable.

Mas no es evidente que estas políticas vayan a conseguir su objetivo si no vienen acompañadas de reformas estructurales que marquen el camino de la recuperación económica y de la reducción del desempleo, que es lo que se espera del nuevo Gobierno. El debate sobre si las políticas keynesianas con las que se afrontó inicialmente la crisis, incluso por el Gobierno Bush en Estados Unidos, deberían haberse extendido más en el tiempo, en lugar de recurrir muy tempranamente a los ajustes presupuestarios, es un debate abierto entre los economistas y los políticos, aunque a veces se olvide que la globalización ha cambiado completamente la perspectiva con la que se afrontó la crisis de 1929. No estamos sólo ante un problema de incentivar la demanda, sino ante un nuevo marco que hace muy difícil financiar los incentivos públicos y privados de la demanda por los costes de refinanciación de los endeudamientos. En el caso de la zona euro, estas dificultades se incrementan, de un lado, por la falta de autonomía de los países para ajustar el precio de su moneda a la verdadera situación de su economía y, de otro, por el peso de las soberanías nacionales en un entorno globalizado que exige una nueva concepción de la soberanía en términos políticos y económicos y que frena una política más activa del Banco Central Europeo. Mientras éste no sea algo parecido a la Reserva Federal de Estados Unidos, Europa estará siempre limitada en las actuaciones que hagan frente a la crisis.

Las medidas del nuevo Gobierno son un plan de choque más contra el déficit, a primera vista algo más estructuradas que las del anterior Ejecutivo, pero todavía lejos de un plan de envergadura que afronte las verdaderas reformas estructurales que necesita la sociedad española. Hay problemas generales que nos afectan por formar parte de una economía global y frente a los cuales no se puede hacer otra cosa que intentar influir en los foros internacionales. Desde luego que hay que hacer desde Europa muchas más cosas de las que se han hecho, empezando por una mayor integración política, económica y fiscal, pero seguramente nada tendrá eficacia si no abordamos seriamente lo que Sarkozy llamó, en el comienzo de la crisis, una “refundación del capitalismo”, y que inmediatamente fue olvidado, incluso por él mismo. El capitalismo financiero se ha adueñado de la economía global y es capaz de desestabilizar cualquier economía nacional, cualquiera, incluida la de Alemania, la de Estados Unidos y la de China. Las bolsas han dejado de cumplir su función y se han convertido en una especie de casinos en los que se juega a especular con el dinero ajeno invertido en fondos de inversión, de pensiones, hipotecarios, etc. en busca de millonarias ganancias que repercuten sólo en el bienestar de unos pocos. Al igual que se han creado “bancos malos” para meter en ellos los activos –desactivos, habría que decir– tóxicos y limpiar así los balances de los “bancos buenos”, habría que fundar “bolsas malas” en las que se jugara con los activos que han intoxicado y están intoxicando los mercados financieros y, con ellos, han producido una metástasis en la economía productiva.

El anterior Gobierno se enmascaró tras la crisis global. El nuevo debería actuar teniendo en cuenta nuestras posibilidades como país promoviendo en los foros internacionales la refundación del capitalismo, pero sin olvidar que hay problemas endógenos de la economía española. Las primeras medidas aprobadas –quizá inevitables llegados a esta altura, cómo le pasó a Zapatero en mayo de 2010– no son una buena señal que indique que el Ejecutivo es consciente de muchos problemas que afectan a nuestra sociedad. Pongamos algunos ejemplos.

La subida del IRPF, que se empezará a plasmar en las nóminas de febrero, es una manera fácil de incrementar rápidamente los ingresos del Estado (como fue fácil la reducción de los gastos del Estado con la bajada de sueldo a los funcionarios que hizo Zapatero en mayo de 2010), pero se vuelve a cargar sobre las rentas del trabajo el esfuerzo fiscal para salir de la crisis. Parece que los políticos y los ciudadanos viviéramos en mundos distintos, incluso incomunicados. Todos sabemos que en España las grandes fortunas tienen enmascarados sus ingresos a través de sociedades, que les permiten desgravarse por numerosos conceptos, además de atribuir como gastos societarios lo que es mero consumo personal, mas no es sólo una cuestión de las grandes fortunas, sino también de un innumerable grupo de profesionales autónomos, un tejido empresarial importantísimo para nuestra economía y el empleo, al que hay que apoyar y que necesita ahora incentivos, pero que, en muchos casos, vienen defraudando automáticamente a la hacienda pública y que durante los años de crecimiento han ganado muchísimo dinero, el cual no se ha reflejado en su justo término como ingresos para el erario. Se puede pedir un mayor esfuerzo fiscal, pero no puede ir sólo contra las rentas del trabajo.

Lo que se va a recaudar por la subida de impuestos a las rentas de capital es mucho menor que lo que se va a ingresar por la subida del IRPF, pero, claro, hay un enorme miedo a que los grandes capitales se muevan de un sitio a otro en un mundo globalizado si no se les ofrece una fiscalidad beneficiosa. La pregunta moral es inevitable: ¿por qué gravar más los ingresos de alguien que acude todos los días a su puesto de trabajo que los de aquel, que a lo mejor es el mismo alguien, que espera sentado los intereses de sus fondos, acciones, etc.?

La congelación del salario mínimo envía también un mensaje contrario a las aspiraciones sociales de los jóvenes. Son muchos los licenciados universitarios que están cobrando ese salario mínimo o, si tienen un poco más de suerte, sueldos que no sobrepasan los 1.000 euros, irrisorios para su formación y para el empleo que están desarrollado, mientras ven que las generaciones mayores cobran sueldos muy superiores por un trabajo igual y, muchas veces, con menos conocimientos, sobre todo en cuestiones tecnológicas. Se habla mucho de la necesidad, justa, de igualar los sueldos de los hombres y de las mujeres que desempeñan el mismo trabajo, y poco de esta brecha social intergeneracional que se está abriendo, cuyas consecuencias son imprevisibles. Las expectativas frustradas han sido siempre un buen aliciente para la revolución, que se presenta como un mundo de nuevas expectativas.

De las medidas del pasado Consejo de Ministros, además de lamentar que Rajoy no saliese a dar la cara, también hay que preocuparse porque se congelan fondos en I+D+i. Esto se suma a los ajustes que están aplicando en educación muchas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y es una política que no parece una buena apuesta por la sociedad del conocimiento a la que decimos querer encaminarnos.

Hay más medidas criticables del nuevo Gobierno, como la injusticia de mantener un IVA súper reducido a la compra de vivienda nueva y no bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la vivienda de segunda mano, con lo que afianza la política aprobada por Zapatero con agosticidad y alevosía en favor de las grandes constructoras y de los bancos y en perjuicio de los muchos ciudadanos que tienen sus casas en venta a un precio inferior al que les costaron.

Por último, y no por ello lo menos importante, hay que señalar que en las medidas del nuevo Gobierno hay un nuevo ataque a la función pública, no sólo porque se mantenga la congelación de los sueldos de los funcionarios, asimilada la bajada del año anterior –y que en el fondo es una reducción porque se incrementa la jornada laboral y se aumenta la reducción por IRPF–, sino porque da la impresión de que ha calado la falsa imagen de que el funcionario es un chupóptero que se lleva un buen dinerito a casa sin trabajar. Es una imagen absolutamente falsa, que ha calado socialmente, pero que es preocupante que el nuevo Gobierno la comparta, pues el éxito o no de su labor dependerá en gran parte de la eficacia de esa Administración Pública que ahora dirige según el artículo 97 de nuestra Constitución.

Javier Zamora Bonilla

Profesor de Historia del Pensamiento Político

JAVIER ZAMORA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de León, ha completado su formación con estancias de investigación en el Massachusetts Institute of Technology, el Max-Planck Institut für Geschichte y el Colegio de México.

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