El Gobierno se ha comprometido a parir la
ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información por parte de los ciudadanos, una normativa que persigue sacar a España de la opacidad y enterrar el reglamento vigente, la Ley de Secretos Oficiales, aprobado en 1968. No es menos significativo que nuestro país sea el único en Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, fijó en una reciente intervención un plazo máximo de tres meses para el impulso de esta medida, puesto que la promesa se ha dado en anteriores legislaturas pero nunca llegó a materializarse.
José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió tanto en 2004 como en 2008, como prioridad, a desarrollar una ley de transparencia y acceso a la información pública. Después de pasar el borrador de despacho en despacho y de intermitentes discusiones, el texto se quedó en el cajón. Además, esta iniciativa incumplía la exigencia europea, que establece un alcance general de la norma. El Gobierno socialista excluía de la obligatoriedad de cumplimiento a los poderes Legislativo y Judicial, entre otros puntos que desnudaban de contenido de peso el articulado.
De Santamaría detalló esta semana en el
Congreso de los Diputados que gracias a esta norma los españoles podrán conocer, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales o lo que ganan los altos cargos. "El fin de las instituciones opacas", a su parecer. Pero este tipo de leyes también ofrece posibilidades a la ciudadanía hoy día inaccesibles, como poder consultar el expediente de sanciones de una residencia de ancianos en la que acomodar a un familiar o consultar el currículum académico de un aspirante a un puesto de trabajo ante la sospecha de que pueda estar mintiendo o entregando documentos falsos.
También es una llamada de atención a quien ejerza irregularidades. Bien lo sabe
Jesús Sánchez Lambás, director general de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón y secretario general de Transparencia Internacional España y quien desde este segundo organismo denuncia la necesidad de la ley, imprescindible a su juicio para avanzar en
índices de percepción de corrupción, en los que este país no se encuentra precisamente en un puesto honroso.
Sánchez Lambás defiende la "luz mientras no se vulneren derechos fundamentales o se viole la intimidad". Es decir, acceso a la información pública hasta donde marquen los límites legales, también en materia de secretos oficiales o
seguridad nacional. "Es normal querer saber lo que hacen con tus impuestos", afirma. En este sentido, el experto subraya el papel del periodista, cuyo trabajo de vigilancia al poder se vería facilitado, así como la cantidad y calidad de las informaciones ante quien decida saltarse las reglas.
EL IMPARCIAL pregunta a Sánchez Lambás por la incidencia de los
recortes en la Administración en la dificultad de ofrecer, tanto por personal como por tecnología, todo aquello que solicite el contribuyente. Discrepa: "Consiste en conectar en Red las bases de datos. Nuestros equipos están muy por encima de la media. Es absolutamente posible. La información pública no es nada más que Internet".
El secretario general de
Transparencia Internacional España opina que la reticencia de anteriores Gobiernos a dar luz verde a la norma responde al "miedo atávico de los grandes cuerpos a la vieja idea del ciudadano soberano, a la resistencia feroz del
Estado para protegerse de los incumplimientos". Precisamente, los contenciosos con el Estado, que comúnmente se eternizan en perjuicio del denunciante, se agilizarían sensiblemente, destaca Sánchez Lambás.
La propuesta del Ejecutivo de
Mariano Rajoy responde por tanto a la exigencia resignada de una ciudadanía que no conocía las posibilidades de la Administración para ser más eficiente y prestar un servicio útil tanto por el bien que genera como por el mal que evita, especialmente en materia de corrupción. Antes del verano, España tendrá ley de transparencia. Muy tarde, pero mejor que nunca.
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