¿Tendrá consecuencias la sentencia del caso Marta del Castillo?

La Audiencia de Sevilla ha dictado una sentencia que ha provocado la indignación no sólo de la familia de Marta del Castillo, asesinada el 24 de enero de 2009 con tan solo 17 años de edad, sino de multitud de ciudadanos, que así lo han reflejado en las redes sociales y en distintas encuestas y entrevistas llevadas a cabo por los medios de comunicación a lo largo del día. Un fallo que sólo condena a Miguel Carcaño a veinte años de cárcel por la muerte de la menor, y no le considera culpable de su violación, y además absuelve a los otros tres acusados en este caso. A la portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, no le ha quedado otra salida que abordar este fallo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y más después de que Mariano Rajoy y el Partido Popular se posicionaran durante muchos años al lado de las familias víctimas de este tipo de delitos, como la de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés o Sandra Palo y defendieran el endurecimiento de las penas para los asesinos de menores, incluso si éstos no hubieran cumplido la mayoría de edad.

La vicepresidenta del Gobierno, sin valorar la sentencia y expresando, como es habitual, el absoluto respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales, sí ha anunciado, en la misma línea que lo anunciado durante la etapa del PP en la oposición, que el Gabinete fortalecerá la legislación penal y penitenciaria, dentro de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y estudiará en profundidad todos los casos relacionados con menores ya sean víctimas o autores del delito.

Fuentes jurídicas consultadas por “El Imparcial” señalan que el Ejecutivo de Rajoy tiene “una oportunidad de oro para tomar de una vez por todas las riendas de uno de los principales problemas del sistema judicial español, el referido a los menores, tanto como víctimas como ejecutores de delitos tan graves como el asesinato o la violación”. En este sentido señalan que “la izquierda siempre se ha mostrado reacia al endurecimiento de las penas por considerar que nunca hay que legislar arrebato de casos que conmocionan a la opinión pública. Pues bien, quizás ahora es el momento de tomar decisiones antes de que vuelva a producirse otro asesinato”.

La portavoz del Gobierno ha recordado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha anunciado la elaboración de un Estatuto de la Víctima y ha adelantado que se estudiará el tratamiento de los delitos cometidos por menores, cuando sean muy graves o lleven aparejados duras consecuencias para la víctima. También ha insistido que, para los mayores de edad, el PP anunció una profunda revisión del sistema de penas entre las que se incluye la prisión permanente revisable, incluida en el programa electoral que le llevó al Gobierno el pasado 20-N.

Esta sentencia ha empañado, la que iba a ser la principal noticia política del día, la aprobación del anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que establece un techo de gasto a las Comunidades Autónomas y a las grandes ciudades y en el que se establecen medidas sancionadoras más duras para aquellas administraciones que incumplan sus compromisos, especialmente para los casos más graves y para las reincidencias. Este texto, que limita el déficit estructural al 0,4 por ciento del PIB y el de deuda al 60 por ciento, será remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera e incluye también una regla de gasto para todas las administraciones públicas, incluidas las locales, para que acompañen sus presupuestos con una equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, los niveles de endeudamiento, los inversiones de las empresas públicas, los gastos originados por el aplazamiento de pagos y con las obligaciones no imputadas al presupuesto.

La portavoz del Gobierno ha abordado también la situación de la reforma laboral, tachando de “insuficientes los acuerdos” puntuales establecidos hasta el momento por los sindicatos y la patronal. Saénz de Santamaría les ha reprochado no haber llegado a acuerdos en materias tan fundamentales como la contratación, la flexibilidad y el absentismo laboral y ha advertido: “El lunes esperamos el balance de sus acuerdos. A partir de entonces trabajará el Gobierno”. También se ha referido la portavoz del Ejecutivo a otra cuestión dentro de los planes reducción del gasto públicos, las televisiones autonómicas, a las que ha dejado la puerta abierta a su privatización.

Y como era de esperar, según fuentes militares consultadas por “El Imparcial”, “la tontería de intentar asaltar un buque de la Armada, el ”Patiño”, por una pandilla de piratas somalíes en aguas del Océano Indico, nos va a ocasionar unos gastos y unos esfuerzos logísticos que se podrían haber evitado entregando a los delincuentes, como se ha hecho en otras ocasiones, no sólo en casos en los que han intervenido nuestras unidades, sino también como han decidido otros países, a las autoridades judiciales de países de la zona, como Kenia o las Seychelles”.

La Audiencia Nacional, sin embargo, ha decido tomar cartas en el asunto y ha reclamado al Ministerio de defensa el traslado a España de los seis piratas detenidos tras el ataque al “Patiño”. El juez Eloy Velasco imputa a los arrestados por los infantes de Marina españoles los presuntos delitos de piratería en grado de tentativa, depósito de armas de guerra, daños a buque y atentado contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones por los disparos que efectuaron contra el buque de la Armada.