Vida política española: ¿Hay hoja de ruta?

Nada es peor que no saber hacia dónde se quiere ir, cuáles son los objetivos a lograr, qué caminos se deben seguir. Sin duda estamos en un momento delicado en la vida política española. Es verdad que nuestro margen de maniobra al margen de la Unión Europea y de la coyuntura internacional es bastante relativo, pero no es menos cierto que como Nación, sí tenemos una responsabilidad propia que asumir.

Para ello, como siempre, el primer paso es un diagnóstico claro y acertado. Al igual que con los problemas matemáticos, un buen planteamiento es ya una parte importante de la solución. Por lo demás, hoy el PP tiene una coyuntura favorable en cuanto al control casi total de la mayor parte del entramado institucional español, gobierna con mayoría en la Administración General del Estado, en once de las diecisiete Comunidades Autónomas, tal vez a partir del 25 de marzo en doce -con Andalucía- y en los Ayuntamientos de las principales capitales de provincia. Insisto, es una buena oportunidad para afrontar los grandes retos que España tiene como Nación. Pero, ¿tiene el PP las ideas claras?, ¿tiene hoja de ruta?, ¿prioriza las grandes cuestiones?, ¿mide bien los tiempos? Sería bueno en estos temas lograr el consenso con la mayor parte de los partidos políticos, especialmente con aquellos que son de ámbito nacional y, lógicamente, con el PSOE, principal partido de la oposición, pero es el PP quien tiene que pilotar este barco con decisión y claridad.

De entrada, como decíamos, es imprescindible identificar los grandes problemas, y éstos los concretaría en tres. En primer lugar, por encima de todos los demás, está la organización territorial del Estado. Sin duda es un tema complicado y de gran recorrido, pero pocos pueden dudar ya que el sistema actual ni se sostiene económica y financieramente, ni es viable políticamente dadas las enormes desigualdades que crea entre los ciudadanos, que están por encima de los territorios. Hay que afrontar el tema del Estado Autonómico, de su financiación, del cierre de competencias, de la mejor forma de dar servicios públicos a los ciudadanos a través de una administración eficaz, que sirva, insisto, a los intereses generales, no territoriales. No podemos mirar hacia otro lado, hay que controlar a los barones autonómicos, está por encima el sentido de Estado y el bien común, que el interés del partido. La racionalización del Estado Autonómico no solo se demanda desde la Unión Europea, sino que mayoritariamente la ciudadanía quiere una Administración ágil y resolutiva acorde a las posibilidades reales. En estos últimos años hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades, hemos gastado lo que no tenemos, y no siempre en lo necesario y ahora son los servicios básicos y esenciales -educación, sanidad, dependencia, justicia, etc.- los que se resienten. La gestión de Comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía son lamentablemente buena muestra de lo que digo.

La segunda cuestión son las entidades financieras, especialmente las Cajas de Ahorro, durante muchos años, en las épocas de bonanza, han estado gestionadas más en términos políticos que profesionales, algunos ya lo denunciamos al inicio de la anterior Legislatura, pero nadie nos quiso escuchar; hoy es evidente la imprescindible despolitización y profesionalización de las Cajas de Ahorro, nuevamente los partidos políticos han querido ir más allá de donde deben.

Y, por último, y tal vez el problema más de fondo y de raíz, la educación y la cultura, básicos para la regeneración democrática que precisamos. La democracia se gana día a día, uno no se puede relajar. La educación y la cultura -y los principios éticos que las acompañan- son imprescindibles para el sostén de nuestra vida pública. Casos como los de los Eres en Andalucía, la trama Gurtel en la Comunidad Valenciana o el caso Palma Arena de Baleares producen un gran desaliento en la ciudadanía fuertemente castigada por la crisis, que percibe que quien tiene que pilotar la gestión de los problemas, son parte importante de los mismos, y aquí las cúpulas directivas de los partidos políticos tradicionales deben actuar con ejemplaridad sino quieren seguir aumentando su desprestigio.

Evidentemente hay otros problemas que afrontar como el empleo, la productividad, la reforma laboral, la independencia judicial, etc., pero creo no equivocarme al afirmar que no avanzaremos realmente hasta que se afronten con el rigor y la seriedad necesarios los tres problemas antes señalados.