Garzón, el juzgador juzgado por el Tribunal Supremo

El primero de los juicios a los que se enfrenta Baltasar Garzón, el que fuera polémico juez de instrucción de la Audiencia Nacional, y suspendido de sus funciones en la actualidad, ha comenzado en el Tribunal Supremo, en este caso acusado por los presuntos delitos de prevaricación continuada y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de la trama “Gürtell” y sus abogados, y por los que se enfrenta a una posible pena de diecisiete años de inhabilitación. Por otra parte, el Supremo ha citado a declarar al ex ministro de Fomento y ex portavoz del Gobierno, José Blanco, el próximo 26 de febrero acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el presunto cobro de comisiones ilegales para favorecer a determinados empresarios.

La actualidad informativa del día ha estado centrada fundamentalmente en el Tribunal Supremo, en una jornada que también ha estado centrada por el entierro en la localidad coruñesa de Perbes de los restos mortales de Manuel Fraga, al que han asistido, además del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; el ex presidente del Gobierno, José María Aznar; su esposa, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; la secretaría general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal y el presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, entre otras personalidades.

Pero el primer juicio de los tres a los que se enfrenta el juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo ha marcado el día. “El juzgador juzgado”, señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario y que subrayan, “parafraseando a Su Majestad el Rey, que la ley es igual para todos, incluso para los propios jueces”. El ex magistrado de la Audiencia Nacional, tras una sesión matutina centrada en cuestiones de procedimiento, con nuevas peticiones de recusación de jueces de la sala, rechazadas por el Tribunal, y solicitudes para que, a puerta cerrada, se puedan escuchar parte de las grabaciones realizadas en prisión a los cabecillas del “caso Gürtell”, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados, en este caso aceptadas, ha declarado por la tarde durante dos horas.

Afectado por una fuerte afonía, Garzón se ha defendido ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que nunca tuvo interés en utilizar esas grabaciones para saber la línea de defensa que estaban usando o iban a utilizar y las ha justificado en la necesidad de impedir que los miembros de esta presunta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España. El ex magistrado de la Audiencia Nacional ha subrayado que fue la Policía quien le sugirió la posibilidad de que desde prisión, los cabecillas de la trama estuvieran dando instrucciones a sus abogados para seguir sacando dinero del país y ha insistido en que la actividad delictiva “continuaba en prisión y las escuchas eran la única posibilidad que tenía, como juez para poder perseguir los delitos”.

Sin embargo, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha recordado esa finalidad no constaban en el auto en el que ordenaba las escuchas, “limitando los derechos fundamentales de los acusados”. Antes del comienzo del juicio, los incondicionales del juez como Gaspar Llamazares o Pilar Bardem, que apoyan al magistrado tras haber abierto y mantenido las investigaciones sobre las desapariciones en el franquismo, durante las que llegó a pedir el certificado de defunción de Francisco Franco, se han concentrado ante las puertas del Tribunal Supremo para mostrarle su apoyo y condenar los procesos que se llevan a cabo en su contra.

El Tribunal Supremo también ha citado a declarar este martes como imputado al ex ministro de Fomento, ex portavoz del Gobierno y actual número dos del PSOE, José Blanco, el 26 de febrero por su presunta implicación en el “caso Campeón”, acusado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por la recepción de comisiones ilegales para favorecer a determinados empresarios. Esta citación no ha servido para que el Partido Socialista haya cambiado de opinión sobre su dirigente, sino todo lo contrario. Precisamente hoy, Blanco ha sido elegido por su partido para ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.

En materia de política económica, el Gobierno popular ha celebrado este martes su primera reunión en el marco de Consejo de Política Fiscal y Financiera, dentro de la estrategia del Ejecutivo de Mariano de Rajoy de reducir el déficit público y que las Comunidades Autónomas y grandes ciudades se sumen a objetivo primordial para sacar a España de la crisis. En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, ha adelantado que el Estado podrá intervenir a las Autonomías que no cumplan los objetivos de déficit planteados. Analistas políticos consultados por este diario subrayan que éste es uno de los pilares de la acción del Ejecutivo: “De poco valdrá que la Administración central y los ciudadanos se ajusten el cinturón con medidas de reducción de gasto e incluso de subida de impuestos como las tomadas tras conocer de verdad cuál es el déficit del Estado si luego las autonomías continúan haciendo lo que les da la gana y siguen gastando mucho más de lo que ingresan, sean del partido que sean, incluido el propio PP”.

El presidente del Gobierno ha continuado este martes con su agenda internacional en un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en el que éste ha alabado las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo popular en materia económica. Una cita preparatoria de la Cumbre europea del próximo día 30 en Bruselas y que ha servido para que Van Rompuy ha subrayado que España trabaja “en la dirección adecuada”, aunque ha insistido en que la tasa de paro de nuestro país es inaceptable y tiene que ser reducida cuanto antes.

Precisamente, Rajoy, que no ha podido asistir al entierro de Manuel Fraga por esta reunión, se había referido por la mañana a la reforma laboral, estancada y la espera de lo que decida el Ejecutivo, para reprochar a los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, su falta de compromiso en esta cuestión, considerada fundamental por el Ejecutivo popular para volver a crear empleo en nuestro país. “Las organizaciones sindicales y empresariales –ha dicho- tendrán que aportar algo, porque la reforma laboral no es una exclusiva responsabilidad del Gobierno, es de todo el mundo. El Gobierno cumplirá con su responsabilidad, pero el Gobierno no lo puede todo”, ha subrayado Rajoy para anunciar a continuación que el Ejecutivo establecerá que los salarios se fijen en función de la evolución de la actividad económica y la situación de las empresas.