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Sensus communis

Las agencias de calificación: Los oráculos también yerran

jueves 19 de enero de 2012, 09:01h
El pasado 13 de enero Standard & Poor’s Ratings Services rebajó el rating a largo plazo de España y de otros países europeos, incluida Francia, que hasta ahora había conservado su triple A. Con unas elecciones presidenciales a la vista, la decisión de Standard & Poor’s podría considerarse una vil injerencia en la campaña electoral, salvo porque dudamos seriamente de que esta agencia tenga un interés especial en que presida la República Francesa el socialista François Hollande, principal beneficiario de la rebaja, quien no parece, a priori, más proclive que Sarkozy a ejecutar las políticas neoliberales que este tipo de agencias recomiendan. Cada vez que una de estas empresas emite su “opinión” sobre la solvencia de un país, el mundo político se estremece cual adolescente sometido a la severa mirada de su enamorado. Hay algo en ello de naturaleza patológica. Estas agencias se dedican nada menos que a expresar su opinión sobre nuestra condición presente y, como los viejos oráculos, a prever el futuro e indicar el camino a seguir. A los hombres, conocer nuestro ser, y más aún el reflejo del mismo en la conciencia de los otros, y saber de nuestro incierto destino nos ha preocupado e inquietado siempre mucho. No es de extrañar, nos va la vida en ello. Así, insumisos a la condición líquida de nuestras sociedades, por decirlo con Zygmunt Bauman, deseamos la seguridad que daría –o por lo menos la capacidad de respuesta que ofrecería– conseguir un ventanuco abierto desde el que vislumbrar, al menos, el desconocido porvenir.

Algunos periódicos han publicado el último informe de Standard & Poor’s y me he tomado la molestia de leerlo. Además ha coincidido con un reportaje publicado este fin de semana en El País sobre cómo funciona esta compañía, que también he leído. Lo que más me ha sorprendido es que las conclusiones a las que llegan están agencias para sus calificaciones y sus sugerencias de futuro en los estudios que toman como base para bajar o no el rating de un país no están, aparentemente, por lo que colijo de mi parcial y no especializada lectura, apoyadas en sesudos informes científicos y datos económicos más o menos desconocidos al ciudadano común sino en lo que los servicios secretos llaman fuentes abiertas.

Las cuestiones que alegan en su toma de decisiones estas agencias no van más allá de las opiniones que expresa cualquier articulista de periódico, dicho sea esto sin menosprecio para los articulistas de periódico, entre los que modestamente me encuentro, sino para justificar mi perplejidad porque uno esperaba que memorandos que tienen tal repercusión en los mercados analizasen la situación económica con mayor profundidad.

En el caso concreto del informe referido a España, da la impresión, además, de que la decisión estaba fijada desde hacia tiempo y no se han tomado la molestia de revisarla a la luz de las medidas económicas que ha adoptado recientemente el nuevo gobierno, más allá del acierto o no de éstas, que es cuestión que no juzgo aquí y sobre la que ya dije algo días atrás. El informe de Standard & Poor’s señala que en su “opinión” la economía española ofrece una “perspectiva negativa”, que sitúan en un tercio de posibilidades de que los ratings sigan bajando en 2012 y 2013. Uno de los motivos que alegan en defensa de su “opinión” es que “el gobierno no toma medidas adicionales para cumplir en términos generales sus objetivos presupuestarios en 2012 y 2013, con déficits del 4,4% y el 3% del PIB, respectivamente”. Se podrá discrepar de la eficacia de las medidas, pero afirmar que el gobierno no las toma cuando se ha aprobado una subida importantísima y generalizada del IRPF y una contención sustancial del gasto público no es cierto.

En fin, como afirmó un empleado de una de estas agencias ante el Senado estadounidense y todos hemos conocido por el documental Inside Job, el cual muestra los manejos de estas agencias y del sistema financiero de Wall Street, ellos se dedican simplemente a opinar, amparándose en la libertad de expresión. Afirmación tal no se produce en un momento cualquiera, no responde a una tertulia de café, sino que la persona que así habla quiere eludir cualquier responsabilidad de su empresa en el hecho de que pocos días antes de la quiebra de Lehman Brothers la agencia para la que trabajaba otorgase a este banco la calificación de máxima solvencia.

Conviene, por tanto, tener presente que estas agencias simplemente “opinan”, expresión que habrá que interpretar a partir de ahora, a la vista de la endeblez y errores de sus informes, en el sentido parmenídeo y platónico del término y distinguir la “doxa” u “opinión” de la verdad.

Claro, que las pitonisas y sibilas griegas también erraban en sus predicciones, pero al menos sus oráculos tenían un tono más transcendente y más interpretable, quiero decir que dejaban más margen de libertad al hombre, como en aquel que se dice estaba inscrito en el Templo dedicado a Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. Los oráculos de estas agencias son, por el contrario, mucho más prosaicos e imperativos, como los que señala el último informe a propósito del rating español: hay que hacer la reforma laboral y “reformas en otros ámbitos necesarios para fomentar el crecimiento” (sería prudente que en papeles que luego tienen tanta repercusión se tomaran la molestia de precisar esos “ámbitos necesarios”), hay que reducir el déficit público...

Frente a estas agencias que cumplen mal que bien su papel y que los mercados financieros consideran necesarias, habría, no obstante, que mandar un claro mensaje de que la política, en las sociedades democráticas, está por encima de cualquier grupo por importante que sea o por relevantes que sean los intereses que representa. Me ha extrañado –reconozco mi ignorancia– que algunas de estas agencias coticen en bolsa, cuando sus informes tienen tanta repercusión en un mercado en el que participan. Creo que la política podría empezar por prohibir que estas empresas cotizaran en bolsa. No me ha extrañado, en cambio, porque sí lo conocía, que su accionariado esté compuesto en gran medida por los propios bancos y fondos que califican, cuestión que también pienso que debería regularse. Quizá no fuera conveniente que se convirtiesen en entes públicos dependientes de organismos internacionales como el FMI, porque acabarían sometiéndose a las presiones políticas de los países que financian dichos organismos, pero si convendría una regulación internacional que determinase bien los conflictos de intereses entre el accionariado de estas empresas y la función que cumplen las mismas. Por ejemplo, sería fundamental poner coto al oscurantismo con el que trabajan estas agencias, que entiendo es así para evitar presiones de los países, fondos y entidades financieras analizados –o para ocultar esas presiones, quién sabe. La transparencia debería ser una condición esencial de sus informes, tanto en el resultado como en el modo de prepararlos. Estas agencias no pueden seguir siendo como los oráculos griegos, que también erraban. Una agencia europea, fundada sobre estos criterios, podría ayudar a clarificar el panorama.
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