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crónica política

¿Quién devuelve ahora la Generalidad a Camps?

miércoles 25 de enero de 2012, 23:05h
Enorme alegría para Francisco Camps, Ricardo Costa y el PP. Tras seis semanas de juicio y dos días de deliberaciones el jurado popular del Tribunal que juzgaba al ex presidente de la Generalidad valenciana y al ex secretario general del Partido Popular en esa Comunidad, los ha considerado inocentes del delito continuado de cohecho impropio por el que se les acusaba al haber recibido presuntamente regalos de la “trama Gürtell”. Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el jurado sostiene que no existen pruebas suficientes para establecer que red liderada por Francisco Correa pagara los trajes que supuestamente recibieron los dos altos cargos del PP valenciano.

Desde el PP nacional, su secretaria general, María Dolores de Cospedal se ha apresurado a pedir “especialmente al PSOE, excusas” además de invitarles a recapacitar porque “quién repone ahora la honorabilidad de ambos, sometidos a juicios especiales, sumarísimos y paralelos”.

Cinco votos a favor y cuatro en contra los miembros del jurado han declarado la no culpabilidad de Francisco Camps y Ricardo Costa en el delito de cohecho impropio continuado por haber aceptado regalos, en concreto trajes y otras prendas de vestir, por parte de la “trama Gürtell”. Una decisión que ha obligado al presidente del Tribunal a desalojar la sala ante las incontenibles muestras de emoción de los familiares, amigos y seguidores de los políticos tras oír el veredicto.

En el mismo, el jurado no ha encontrado pruebas de los cabecillas de la trama corrupta pagaran los trajes y prendas que recibieron ambos dirigentes populares ni ha encontrado vínculos entre los supuestos regalos y las adjudicaciones efectuadas por la administración autonómica valenciana. En este sentido, se destaca que la decisión de absolver a Camps y Costa no procede de jueces profesionales, sino de un jurado popular, “es decir, de ciudadanos, con lo que el posible recurso para criticar la sentencia apelando a determinadas actuaciones de los magistrados, en función de su trayectoria o su adscripción a determinadas asociaciones judiciales, cae por su propio peso”, señalan fuentes jurídicas a “El Imparcial”.

“Tremendo veredicto, desde el punto de vista político –según los analistas consultados por este diario-, que deja a un PP inconmensurable de cara a la opinión pública desde el punto de vista de la honradez frente a las campañas orquestadas desde el PSOE e Izquierda Unida contra la honorabilidad de sus cargos. ¿Qué va a decir ahora –José Blanco-, el gran azote de Camps, Costa e incluso el propio Rajoy en este caso, que condenó a los acusados y al PP incluso antes incluso de que comenzara el juicio?, se preguntan las mismas fuentes. “¿Y quién repara ahora a Francisco Camps, que dimitió en julio del pasado año de su cargo como presidente de la Generalidad para sentarse en el banquillo y poder demostrar así su inocencia?”, señalan.

Antes de conocerse esta noticia de gran alcance, el día había estado protagonizado por la presencia de Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso de los Diputados. Poco a poco, los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy desgranan en el Congreso de los Diputados los planes de sus respectivos Ministerios. Si ayer fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría quien compareció ante la Comisión Constitucional y anunció un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que sus miembros sean elegidos por la Judicatura y no por el Parlamento, este miércoles ha sido el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha adelantado las líneas maestras de su futura gestión. El ministro y ex alcalde Madrid ha insistido en la despolitización del CGPJ, en la reforma de la ley del Aborto, la instauración de la pena de prisión permanente revisable y la reforma de la ley del Menor.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Gallardón ha reiterado que el Gobierno cumplirá los objetivos marcados en el programa electoral del PP, entre los que se encuentra la modificación de la ley del Aborto para que las menores con dieciséis y diecisiete años tengan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, algo que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó en su reforma de esta ley en 2010. La intención del Ministerio de Justicia es volver a la legislación de 1985, recuperando “algunos derechos del niño” fijados en ese texto, “lo que significará –según fuentes populares consultadas por este diario, la eliminación de actual ley de plazos aprobada hace dos años y la vuelta a la autorización del aborto en sólo tres supuestos: en las primeras doce semanas de gestación para casos de violación, hasta 22 semanas en supuestos de riegos de malformaciones del feto y sin límite cuando peligre la salud física o mental de la madre”. El ministro ha subrayado que toda la reforma de esta ley se hará de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional inspirada en la defensa del derecho a la vida.

También se ha referido el titular de Justicia a la instauración de la pena de prisión permanente (cadena perpetua) revisable, configurada para delitos muy restringidos pero que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social. Sobre la ley del Menor, Gallardón ha explicado que su modificación se encaminará hacia los casos de delitos graves en los que estén implicados adultos y menores, como el de Marta del Castillo, para que todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, aunque a estos últimos se les seguirá aplicando la actual legislación. Además ha anunciado cambios para acabar con “la excesiva litigiosidad, la falta de gestión y, en definitiva, cambiar un modelo que ya se ha agotado”, entre los que se encuentran la imposición de tasas judiciales a la hora de acceder a los órganos judiciales en segunda instancia, aunque los ciudadanos que acrediten falta de recursos estarán exentos de este pago.

Mención aparte merece la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, con el regreso a su designación por miembros de la Judicatura y no como sucede con el actual sistema, por el que los vocales son nombrados por el Parlamento. “Despolitizar el órgano de gobierno de los jueces es el objetivo”, no sólo de Gallardón, sino también del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien también se ha referido hoy a esta iniciativa y al profundo rechazo expresado por el PSOE, precisamente el partido que en época de Felipe González cambió el sistema para que fueran el Congreso y el Senado quienes eligieran a los vocales del CGPJ. El jefe del Ejecutivo ha justificado este cambio “porque los españoles han su OK en las urnas y porque el Tribunal Constitucional ha señalado que es una fórmula preferible”.

Ante las duras críticas del PSOE a esta reforma, Rajoy ha recordado que los socialistas modificaron el sistema de elección en 1985 “sin pactar con nadie” y al grito proclamado entonces, como recuerdan fuentes del PP, por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra de que “Montesquieu ha muerto, con lo que acababa con las separación de poderes, clave de la democracia, al dejar supeditado al poder judicial al legislativo, una situación que Rajoy quiere corregir de manera inmediata”.
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