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revisar la libertad vigilada y educación obligatoria

Lo que no puede pasar por alto la reforma de la Ley del Menor

viernes 27 de enero de 2012, 11:31h
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, celebra que se vaya a reformar la Ley del Menor, pero ha explicado a EL IMPARCIAL que hay dos puntos que no se pueden olvidar en el nuevo texto: obligar a los menores de catorce años que delincan a cumplir medidas educativas con carácter obligatorio y que los que hayan cometido delitos graves no salgan en libertad vigilada sin que un experto nos diga que está realmente rehabilitado.
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha celebrado el anuncio del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón de reformar la Ley del Menor, aunque ha recordado a EL IMPARCIAL que “hay dos puntos que el nuevo texto no puede pasar por alto” como son que los menores que hayan cometido delitos graves no puedan salir del régimen de libertad vigilada salvo que un experto nos diga que pueden salir sin riesgo y obligar a los menores de catorce años que delincan a cumplir una serie de medidas educativas con carácter obligatorio.

Así, Canalda ha señalado que desde su oficina vienen reclamando que “sería conveniente trabajar en el periodo de libertad vigilada, ya que parece que no es razonable que los menores que han cometido un delito muy grave, como el Rafita (en la imagen, arriba) con Sandra Palo, salgan en el periodo de libertad vigilada si alguien no nos garantiza que está realmente reinsertado o rehabilitado y sin riesgo para los demás y sin riesgo para ellos”.

“Lo que proponemos –insiste el defensor del Menor– es que no tengan el beneficio del periodo de libertad vigilada salvo que de verdad se lo merezcan. Eso es muy significativo porque la libertad vigilada puede ser de hasta tres años, lo que sería sumar tres años a la condena si no lo hace bien y si no se reinserta”.

Medidas educativas obligatorias
El otro aspecto que para Arturo Canalda es fundamental y que a su juicio el Ministerio deberá abordar sin ninguna duda es “cambiar la ley en el sentido de que por debajo de los 14 años, esas medidas educativas que ahora son voluntarias puedan convertirse en medidas de carácter obligatorio. Es un cambio sustancial porque supone una reforma importante del Código Penal”.

En este sentido, hay que recordar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, conocida como Ley del Menor, no afecta a los mayores de 14 años, va desde los 14 hasta los 18 años. Cuando un menor por debajo de esta edad delinque no tiene responsabilidad penal. Es lo que se denomina inimputable. En ese caso se le aplican medidas que conocemos como de protección, que son del Código Civil y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Son medidas educativas que establece un juez, pero no son obligatorias. Están sujetas a que los padres tengan disponibilidad para llevar a su hijo a cursos de formación o trabajos para la comunidad, en definitiva, lo que le diga el juez. Pero es voluntario.

Canalda matiza que no propone bajar la edad penal de los menores, “esto es simplemente que unas medidas que ahora son del Código Civil y voluntarias convertirlas en obligatorias porque son medidas que están funcionando muy bien en los mayores de 14 años”. Además, entiende que “no es justo que un menor que toma contacto con el delito desde tan pequeño no tenga conciencia de que eso que ha hecho está mal y que esté a su libre albedrío cumplir aquello que le ha ordenado el juez que haga”.

Así, el defensor del Menor en la Comunidad de Madrid insiste en que “vamos a decirle a los niños, por ejemplo en la franja de 12 a 14 años, que eso que ha hecho está muy mal y que se les obliga, después del colegio o los fines de semana, a ir a una residencia de ancianos, a limpiar grafitis de una pared o lo que decida un juez y que es obligatorio”.

Edad penal
Canalda no se ha mostrado partidario de pedir que se baje la edad penal porque considera que con estas medidas obligatorias se vería compensado el daño que ha causado, pero además porque no se sabría dónde poner el límite: “Ahora la bajas a los doce y dentro de tres años aparece un chico precoz que con 11 años hace alguna maldad y ¿qué haces, vuelves a bajar el límite?”. Insiste en que “hay que ser muy cuidadoso, eso son excepciones, y con 12 años se tiene muy poca conciencia de lo que se hace. Por eso hay que explicarle que ha hecho mal y hay que compensar a la sociedad”.

Por otra parte, ha recordado que con la reforma que plantea ahora el Ministerio de Justicia no se habría dado el espectáculo que hemos vivido en los últimos meses con los dos juicios paralelos por Marta del Castillo: el juicio de El Cuco (en la imagen, abajo) por un lado y el de Miguel Carcaño por otro, "con la curiosidad de que hay sentencias aparentemente contradictorias y, sobretodo, que el menor fue condenado como encubridor de un delito que todavía no había sido juzgado". Esto, apunta canalda, “con el planteamiento actual del ministerio de que los menores puedan ser juzgados en el mismo procedimiento que los adultos, salvaguardando evidentemente que para ellos hay una ley específica, que es la del menor, esto lo obviaría”.

No obstante, explica que hay una doble dificultad técnica que tendrá que estudiar el Ministerio en el sentido de que en un juicio de adultos el instructor es el juez y en un juicio de menores el instructor es el fiscal. Por otro lado, los plazos que establece la Ley de Responsabilidad Penal del Menor son más breves que los del Código Penal. “Así, lo que no debería nunca es perjudicarse el procedimiento de menores a favor del procedimiento de adultos”, concluye Canalda.
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