Castigo a las CCAA que incumplan y premio a las que generen superávit

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado una “reforma estructural de primer orden” que convierte a España en país “pionero” en materia de compromiso de reducción del déficit público. Muchos de los pasos de este Ejecutivo, ha dicho la portavoz, se deben a un traspaso de poderes “cordial pero incompleto”. El anteproyecto de Ley de Estabilidad, que ha detallado Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, persigue la sostenibilidad de todas las administraciones públicas, que deben presentar superávit o equilibrio. El cumplimiento facilitará el acceso a subvenciones y recursos y, por el contrario, el castigo si esto no es así consistirá en dejar un depósito del 0,2 por ciento del PIB nominal. Las excepciones que se contemplan son recesión, catástrofe o emergencia.

Montoro ha puntualizado que de esta reforma derivarán otras, todo ello “para facilitar la financiación de la economía de nuestro país y la creación de empleo”. El ministro de Hacienda ha subrayado que estas medidas “aseguran los servicios básicos a los españoles, además de reafirmar nuestro compromiso con la Unión Europea”. No menos importante, ha concluido, es que las comunidades autónomas han de enviar las grandes líneas de sus Presupuestos al Estado antes de ser aprobados. En definitiva, evitar de raíz problemas antes que tener que aplicar correcciones o lamentar cuentas inviables.

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha tomado la palabra para anunciar un real decreto ley en materia energética que contempla una interrupción en los incentivos a las nuevas centrales de energía renovable. La medida, de carácter temporal, contribuye, en palabras de Soria, a “no convertir el problema energético en problema financiero” y, según la vicepresidenta, a “modernizar y mejorar estructuras que están impidiendo recuperar la confianza y no dan la suficiente flexibilidad”. El titular de Industria ha remarcado en todo momento el compromiso del Gobierno con la energía fotovoltaica, la solar y eólica, así como que “no hay riesgo para el suministro”, pues la capacidad instalada, ha dicho, dobla la demanda. El ahorro anual de la medida, ha estimado, ronda los 160 millones de euros.

En materia de empleo, De Santamaría ha lanzado un mensaje a los más de cinco millones de parados, una vez conocido este viernes el último y fatídico dato. Se ha referido a la reforma laboral, que debe permitir que se mantenga el empleo en las empresas y evitar los despidos. El Gobierno, ha admitido, esperaba esta cifra y ha querido tranquilizar a los afectados con la promesa de una pronta norma, derivada de los acuerdos de los agentes sociales y el Gobierno, y de otras medidas económicas encaminadas a la generación de puestos de trabajo.

Por último, el Ejecutivo muestra su apoyo a la candidatura de Madrid 2020. Entiende que con unos Juegos Olímpicos “se apoya la marca España” y se exhibe al mundo “credibilidad, confianza y dinamismo”.