La sinrazón de Gibraltar

Cuando García-Margallo, apenas nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, le soltó a un antiguo compañero británico del Parlamento Europeo la ya famosa frase “¡Gibraltar español!”, no estaba solamente gastándole una amigable broma a quien había sido su colega hasta pocos días antes. Estaba cogiendo al vuelo la ocasión de anunciar, cuanto antes y conociendo sin duda la repercusión de su gesto, que se iniciaba una nueva etapa en relación con el viejo problema de Gibraltar. Un obstáculo absurdo que no entorpece pero que crea innecesarias dificultades entre dos países que tienen todos los motivos para mantener unas relaciones estrechas y cordiales; que, salvo éste, no tienen desde hace siglos ningún contencioso y que desde que llegó a España la democracia son socios y aliados. Era una manera de anunciar que se había terminado la actitud “buenista” de complacencia y de indefensión de los legítimos intereses nacionales que ha caracterizado la política exterior de España –en general y, en concreto, con relación a la cuestión de Gibraltar- durantes las dos últimas legislaturas. El Gobierno de Zapatero no ha exigido en ningún momento el cumplimiento del la Declaración de Lisboa (1980) ni, sobre todo, el más concreto proceso de Bruselas (1984) que obligaba a las partes, España y el Reino Unido, a mantener negociaciones bilaterales en las que se abordaría la cuestión de la soberanía sobre la Roca. Una soberanía que, por cierto, está clarísima si nos atenemos a los textos internacionales, desde el Tratado de Utrecht a las declaraciones de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Más aún, el ministro Moratinos aceptó, sin contrapartidas consistentes, la “trilateralización” del conflicto que implicaba dar voz y voto en las negociaciones a las autoridades locales gibraltareñas. Matutes, ministro de Exteriores del Gobierno Aznar, y sus propios antecesores socialistas, se habían negado a darles a los gibraltareños una voz propia, a la que no tienen ningún derecho, hasta el punto de que dos previstas reuniones hispano-británicas (Sevilla, noviembre de 1995 y Londres, septiembre de 1996) no llegaron a celebrarse por esta razón. No se oponía España a que gibraltareños formaran parte de la delegación británica, pero nunca como una parte diferenciada. Era el principio de “Dos banderas, tres voces”. Pero todo esto se vino abajo con la llegada del tándem Zapatero-Moratinos, que aceptaron el llamado Foro Trilateral. El entonces “ministro principal” de la colonia, Caruana, estaba feliz con su nuevo estatus, que rompía la secular posición española, y no tardó en esgrimir una supuesta e imposible “soberanía” de Gibraltar, que carece de cualquier apoyatura legal en el derecho internacional.

Acaba de aparecer un libro de un autor británico, Robert Holland (Blue-Water Empire. The British in the Mediterranean since 1800. Ed. Allen Lane, 2012), en el que hay abundantes e interesantes referencias a Gibraltar, que muestran la completa inutilidad de mantenimiento de la actual situación de la Roca. Con palabras de un conocido escritor militar, Max Hastings (autor de ese espléndido libro que es La guerra de Churchill), Holland cree que “el aferramiento de Gran Bretaña a la Roca se ha convertido…en una sinrazón de taberna (saloon-bar)”, aunque añade que “la historia… no siempre evoluciona de acuerdo con principios completamente racionales”. Para Holland, en Gibraltar se entremezclan aspectos netamente británicos que están “orgánicamente vinculados a la presencia de España y de la españolidad (spanishness)”. Un planteamiento que, aunque él no lo dice, estaría en la línea de los planes de co-soberanía, que ya se plantearon en la época de Aznar y sus ministros de Exteriores y que, de la mano de García- Margallo, parece que vuelven a plantearse. Holland, sin embargo, no es demasiado optimista porque subraya que la interconexión de la actividad económica entre Gibraltar y su “campo”, que ha sido muy estrecha durante la mayor parte de los trescientos años de ocupación británica, es ahora menos intensa porque Gibraltar tiene otros recursos económicos. Cita el repostaje de barcos, las finanzas “off shore” y el juego “on line”. Y podría añadir el contrabando, el blanqueo de capitales y el incumplimiento de normas comunitarias, que obligarían al territorio.

El libro de Hollande está lleno de informaciones de interés que muestran cómo siempre ha habido en Londres quien se ha quejado de la sinrazón de la situación de Gibraltar. El primero de ellos fue el propio rey Jorge III, que tras el sitio español entre 1782 y 1784, pensó en devolver la Roca a Madrid a la que veía como “innecesariamente irritante”. Algunos años después, Napoleón, contestando a alguien que le preguntaba por qué no se había apoderado de la Roca afirmaba: “Gibraltar no tiene ningún valor para Gran Bretaña. Ni defiende nada, ni intercepta nada. Es simplemente un objeto de orgullo nacional”. Cuando Londres hizo del Mediterráneo un lago británico y, sobre todo, durante las dos guerras mundiales, Gibraltar adquiere una mayor importancia. Aunque son constantes las afirmaciones de fuentes británicas en la línea de que “la supuesta invulnerabilidad de Gibraltar no tiene más fundamento que la debilidad española”. A principios del siglo XX unas baterías de modernos cañones que España situó en Algeciras sembraron la alarma entre los británicos, convencidos que unas pocas andanadas destruirían sus defensas. Hasta el punto de que hicieron planes de contingencia que incluían la ocupación de la Andalucía del sur, así como el corte de las comunicaciones con Madrid. Pero desde que el Reino Unido –y podemos poner la fecha de la crisis de Suez, 1956- dejó de ser una potencia mediterránea el mantenimiento de la colonia (de cuya naturalaza jurídica habría que hablar mucho) es más sinrazón que nunca.

Un siglo largo después no tiene, por supuesto, ningún sentido hablar de cañones. Pero tampoco lo tiene referirse a un supuesto derecho de autodeterminación de los gibraltareños. Lo niegan los textos de Naciones Unidas y hasta lo saben los británicos que cuando en 1969 otorgaron una constitución al Peñón, se comprometieron a no tomar ninguna decisión sobre la colonia sin tener en cuenta los “deseos” de sus habitantes. No se atrevieron a hablar de autodeterminación porque no venía al caso. Menos fino estuvo hace tres semanas el primer ministro Cameron, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuando, a pregunta de un senador español, utilizó ese término y hasta llegó a decir que la hipótesis de un Gibraltar devuelto a España sería una “recolonización”. Como en tantas otras ocasiones en el ámbito internacional, todo depende de la voluntad política que se ponga en el caso. Y que, en esta cuestión, pasa por dos conceptos: co-soberanía temporal y amplia autonomía para los habitantes del territorio, con plenas garantías para sus derechos adquiridos.