¿Es la reforma presentada este viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy la fórmula idónea para reactivar el mercado laboral? Teniendo en cuenta que está orientada más a eliminar el despido como primera opción que a crear empleo, y aunque no caben un sí o un no sin valoraciones, quizá esté más cerca de esto último.
Es la reforma más importante de la legislatura. No creará empleo pero tiene como función que el
despido no sea la primera opción, y facilitar la contratación cuando la economía se recupere. ¿Es esta la reforma adecuada? No valen ni el sí ni el no, sin cualificaciones. Pero quizás esté más cerca de esto último.
La
presentación que hace el Gobierno comienza con un diagnóstico de la situación. Resulta espectacular el gráfico de la página 6 que recoge:
1) La evolución del PIB,
2) la evolución del empleo y
3) las remuneraciones por asalariado. En 2008 el PIB comienza a caer hasta hundirse, y las remuneraciones por asalariado, lejos de seguir el mismo camino, aumentan su crecimiento desde entonces. Eso sí, a costa de la evolución del empleo, que empieza a decrecer a gran velocidad. Esa destrucción de empleo se produce sólo en los empleos temporales y últimamente algo, aunque poco, en los indefinidos, como se ve en la página 7.
¿Qué respuesta le da el Gobierno a esta situación? Vamos por partes. Para reducir la dualidad hace más atractiva la contratación indefinida, reduciendo los costes de despido. Esos costes de despido los tiene en cuenta el empresario cuando contrata, de modo que los costes de despido son costes de contratación.
Se acabaron los 45 días. Habrá un máximo de 33. Pero además será causa de despido objetivo cuando la empresa
1) Tenga pérdidas actuales,
2) tenga pérdidas previstas o
3) sus ingresos caigan durante tres trimestres. En una situación de crisis, como la actual, esta situación será habitual. Y precisamente durante la crisis es cuando más despidos se habrán de hacer. Bien, pues serán procedentes, lo que limita la indemnización a
20 días, con 12 meses de máximo. En el caso de los despidos improcedentes, que serán ya muchos menos, tendrán un máximo de 24 meses.
Esto facilita la contratación, claro está. Pero facilita el despido. Eso no es necesariamente malo, porque necesitamos que las empresas se ajusten para volver a ser productivas y eficientes. Y necesitamos que cuando llegue ese momento sea barato contratar. Ese es el objetivo de este punto. Otra medida que incide en que el Gobierno quiere facilitar el despido es que ahora los
ERE no necesitarán una autorización administrativa previa. Este cambio es muy importante para las empresas que quieran ajustar las plantillas, pero también para las administraciones.
Se le ha otorgado mucha importancia, pero seguramente lo más importante de la reforma laboral ya se sabía: Se da prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial y en el caso de las empresas en dificultades se puede no aplicar el convenio de ámbito superior. En los convenios,
sindicatos y grandes empresas acuerdan condiciones que no pueden asumir las empresas medianas y pequeñas. Se limita la capacidad de competir de las empresas pequeñas y se reduce la capacidad de crear empleo. Se refuerzan las subidas salariales y el paro masivo. Ganan los sindicatos, ganan las grandes empresas, pierden las pequeñas y pierden los parados. La prensa había adelantado que en estos acuerdos dentro de la empresa no será obligatorio que los trabajadores estén afiliados. Este es el gran golpe a las centrales sindicales, que pierden mucho poder.
Estos acuerdos dentro de la empresa buscan que el despido no sea lo más fácil. También busca ese objetivo la
flexibilidad interna: se podrán modificar las funciones, la jornada de trabajo y se simplifica la reducción de la jornada o la suspensión temporal del trabajo.
El otro gran ámbito de la reforma laboral es el llamado
Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores, destinado a las
Pymes (menos de 50 trabajadores). Durará hasta un año y tiene una deducción fiscal de 3.000 euros en la contratación del primer trabajador menor de 30 años más la deducción fiscal del 50 por ciento de la prestación por desempleo de los trabajadores contratados, jóvenes o no. El empleado podrá compatibilizar el sueldo con la percepción del 25 por ciento de la prestación. Esta medida tiene varios objetivos. Por un lado que muchos que iban a ir al paro, sean rescatados por una empresa o la creen ellos mismos, para autoemplearse. La segunda es que no compatibilicen el cobro de la prestación con la economía sumergida. Además hay una bonificación de hasta 3.600 euros en la contratación de jóvenes de 16 a 30 años y de 4.500 euros en la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años.
Se mantiene el
Contrato para la Formación y Aprendizaje. Se mantiene la edad máxima de 30 años, pero sólo mientras la tasa de paro supere el 15 por ciento. Bien es cierto que se prevé que no baje de ese nivel hasta 2014 o 2015. Y, lo que es muy importante: El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa, siguiendo el ejemplo de Alemania.
Y, por último, aunque la presentación del Gobierno lo coloca en primer lugar, “Se autoriza a las
Empresas de Trabajo Temporal para actuarcomo agencias privadas de colocación, por disponer de unaamplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y conamplia experiencia en el mercado de trabajo”. En la actualidad las mal llamadas Oficinas de Empleo colocan al 3 por ciento de los parados. Y España es el país en que más puestos de trabajo se quedan sin cubrir a pesar de la incidencia del paro. Hay una gestión pública de la colocación de trabajadores. Hay una gestión catastrófica de la colocación de trabajadores. Y se pide la colaboración de las empresas privadas.