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La contrarreforma que viene

Juan José Solozábal
martes 14 de febrero de 2012, 21:20h
Reacciono con algún estupor ante las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con materias referentes a los Ministerios de justicia y de educación. Me parecen desconcertantes, pues no tienen, creo, la condición de las emprendidas en otros sectores, mayormente el sector económico, de naturaleza financiera o laboral, en que se justifican, sean o no acertadas, por su envergadura y decisión. Las medidas a que me refiero, en relación con la revisión de la legislación sobre el aborto, la asignatura sobre educación cívica o la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial o la atribución de carácter vitalicio a los magistrados del Tribunal Constitucional, parecen en cambio medidas un tanto improvisadas y quizás sin entidad suficiente para adelantar los cambios profundos y necesarios que en tales ministerios deben abordarse.

Si estas reformas son discutibles no es sólo por su propia insignificancia o inanidad desde un punto de vista material.¿Alguien cree de verdad que la asignatura de educación cívica sea el “problema pendiente” de nuestro sistema educativo?¿O que a la espera de una Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la conformidad de la actual ley de plazos sea correcto abogar por una rectificación de la misma?¿Alguien cree que las presiones sobre el Consejo General del Poder Judicial no alcanzarán a los miembros propuestos y nombrados exclusivamente por las asociaciones judiciales? ¿O que la independencia del Tribunal Constitucional se incrementará si se opta por un tribunal de ancianos que, como instancia de continuidad, prolongue, en la práctica, al Tribunal Supremo?

Si objeto a estas reformas es porque presentan un marchamo ideológico, que a mi juicio es inaceptable en los ámbitos a los que se refieren, que son el penal y el institucional. En estos sectores debe hacerse un esfuerzo por alcanzar un acuerdo lo más amplio posible sobre la conducta especialmente odiosa que la comunidad no tolera, o, como en el caso presente asimismo, sobre las bases en que se fundamenta la organización judicial de todos. Por tanto en estas materias no caben medidas de contrarreforma, adoptadas según el patrón ideológico exclusivo de la mayoría parlamentaria, esto es, sin incluir a la oposición , y que se limitan a reponer las cosas a la situación en que estaban antes de su regulación actual.

Puede parecer ilógico que yo pretenda una mayoría para introducir el cambio de la actual regulación normativa que no se observó con anterioridad en el momento de la imposición de ésta, que ciertamente se llevó a cabo sin voluntad de integración. Pienso que la aceptación social de una regulación, si lleva un tiempo en vigor sin especial contestación, como creo ocurre en el caso de la legislación sobre el aborto o la asignatura de educación cívica o la elección parlamentaria de los miembros del Consejo del Poder Judicial, puede compensar deficiencias originales en la legitimación de tales instituciones o leyes. Por ello, desde un punto de vista sanamente institucional, no me parece prudente, por ejemplo, proceder a cambiar según el sentir exclusivo del grupo político que actualmente tiene una mayoría suficiente, la legislación del aborto o del matrimonio homosexual, aunque en su momento hubiese preferido otras fórmulas normativas que no se aceptaron, y aunque la regulación de tales cuestiones, como decía, no reposaba en la mayoría que ahora reclamo para su modificación.

Creo que al hacer un juicio sobre la conveniencia de modificar determinadas ordenaciones es necesario tener en cuenta su incorporación ya a la vida de la sociedad, pues son lo que los anglosajones llaman law in action, esto es derecho efectivamente aplicable, y no derecho meramente propuesto, y enjuiciable sin tener en cuenta consideraciones realistas o de política jurídica. Si se comparte mi idea de que en lo penal y lo institucional una legitimidad de ejercicio puede amplificar la legitimidad de origen de sus regulaciones legales, se estará de acuerdo en la conveniencia de solicitar el consenso más amplio para verificar el cambio sobre estas materias sensibles en las que no puede aceptarse sin más, aunque sea posible desde un punto de vista procedimental, la imposición partidista de un espíritu de cruzada o contrarreforma.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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