La corrupción en España: un problema grave

El 88% de los españoles cree que la corrupción es un problema grave. Poco me parece. Y eso que nos situamos por encima de la media de la UE, que está en el 74%. Lo que, desgraciadamente, no sorprende a nadie es que la corrupción se asocie inmediatamente con la política. Pero, ¿qué hace que esta podredumbre esté tan extendida en España?

Según una encuesta del Eurobarómetro, los españoles culpamos a la falta de transparencia en el gasto público, a la pasividad de nuestros políticos para combatir estos usos, a que la responsabilidad penal de los culpables es mínima o, incluso, a que ni siquiera tienen que pasar por delante de un tribunal. Se destaca también la cercanía y excesiva amistad entre empresarios y políticos. Esto es, lo que llamamos compadreo.

Parece evidente, por no decir que es una “perogrullada”, que más transparencia gracias a leyes más duras y con una aplicación estricta solucionaría la mayoría de los casos de corrupción de este país, si bien es verdad que su propuesta es –oh, desgracia–tarea de los propios políticos. Los jueces siempre se quejan de que tienen las manos atadas ante determinados casos porque su trabajo es interpretar y aplicar la ley existente. ¡Cómo se echa de menos esa ansiada separación real de poderes!

Otro elemento a tener en cuenta es si la corrupción puede ser responsable de la quiebra de un país. Los griegos dirán que sí y en España, como siempre, depende del partido al que se vote. Un ejemplo claro es el de los ERE en Andalucía. Muchos dirán que el despilfarro en subvenciones inútiles y sueldos estratosféricos, el desvío de fondos públicos millonarios a partidas interesadas sin repercusión en el ciudadano y la consecuente falta de inversión pública sí que puede manchar de números rojos las cuentas de una región.

Otros dirán, con el mismo derecho a expresarse, que “el dinero público no es de nadie” y que, por tanto, su mal uso no repercute en la marcha económica de esa misma región. A la vez, serán capaces de discutir con los que piensan que los excesos en la contratación de eventos en una administración, similar a lo que supuestamente se decide en el caso Gürtel, también pueden llevar a elevadas tasas de déficit.

Mientras, habrá quien opine que los designados para velar por los intereses de los trabajadores que miran para otro lado también pueden entrar en la casilla de “corruptos”. Igualmente, alguno se preguntará cómo es posible que el porcentaje de ciudadanos que considera grave la corrupción sea tan elevado y, paradójicamente, continúe votando.

Y digo yo: Si tenemos tan claros los motivos que provocan esta corrupción, ¿por qué no se pone remedio? ¿Quién tiene que ponerlo? ¿Tiene la Justicia algo que decir? ¿Qué partido político podría lanzar la primera piedra? ¿Sería muy difícil tener un control exhaustivo de los ingresos y los gastos de los políticos a lo largo de su carrera? ¿Podemos considerar corrupción la inacción a cambio de subvenciones o aguinaldos? ¿Es la corrupción un modo de vida?

Uno no sabe cuál puede ser la solución a un problema que crea la avaricia de los únicos que pueden solucionarlo, pero lo que sí me queda claro es que si sólo el 88% de los españoles ve la corrupción como un problema grave es porque el otro 12% son los propios políticos y los que de esta degradación se benefician. Porque no hay que olvidar que para que un político caiga en la tentación, alguien tiene que poner el pastel delante.

Al final, lo que da miedo de verdad al que ha llegado hasta la última línea de este artículo de opinión es reconocer si es corrupto el que quiere o el que puede: ¿Yo qué haría?