Andalucia

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Izquierda Unida en la Cámara Baja andaluza han rechazado este miércoles pedir ningún tipo de responsabilidad por el caso de los ERE irregulares tal y como había pedido el PP en una proposición no de ley.

Un gobierno autonómico, una norma populista, y el trabajo de reforma financiera del Gobierno puede venirse abajo. Por José Carlos Rodríguez

Cree que la imputación de Álvarez "no tiene fundamento jurídico" y prevé que acabe "en nada".

A pesar de que tanto desde la Junta de Andalucía como desde el PSOE-A se han vendido las primarias del próximo día 29 como un ejercicio de democracia interna, lo cierto es que día a día aumentan las sospechas de que el proceso electoral se ha dirigido para que sea Susana Díaz la que suceda finalmente a José Antonio Griñán. Así lo denuncian varios ex altos cargos del partido y hasta uno de los candidatos que finalmente se ha quedado en el camino. La hasta ahora consejera de Presidencia de la Junta ha sido la única que ha logrado reunir los avales necesarios para postularse a la elección y será nombrada cabeza de lista de los socialistas andaluces sin someterse al escrutinio.

Según la juez Alaya, "fue la persona que dictó las normas".

Mercedes Alaya ha cerrado la toma de declaraciones por el caso de los ERE en una instrucción en la que se han confirmado casi un centenar de imputaciones. La Junta de Andalucía ha dado marcha atrás y no pagará la defensa de los cargos implicados, como tenía pensado hacer en un primer momento.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que han sido imputados por la juez Alaya en el caso de los ERE fraudulentos.