Argentina

El 99,8 por ciento de los malvinenses le ha dicho no a los reclamos soberanistas de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a través de un referéndum en donde los habitantes del disputado archipiélago del Atlántico Sur, votaron a favor de permanecer bajo la soberanía británica.

La negativa del Gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a pagar los tildados "fondos buitres" a sus acreedores, ha hecho que los bonos del país suramericano se desplomen un 6%.

Este domingo las islas Malvinas iniciaron su proceso de consulta para que sus habitantes decidan si quieren o no continuar bajo soberanía del Reino Unido. El referendo que se extiende hasta este lunes, ha estado marcado por el espíritu de la Union Jack y la puntualidad británica.

Los exdictadores argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, se verán este martes las caras nuevamente ante un tribunal, por su presunta responsabilidad en la persecución y detención de opositores bajo el llamado "Plan Cóndor", el cual implicó la cooperación de las dictaduras del Cono Sur, concretamente de países como Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia y Brasil, durante los años 70 y 80.

El Gobierno de Cristina Fernández reiteró este miércoles en una corte de apelaciones de EEUU que no pagará el monto total de la deuda en manos de quienes califica como "fondos buitres". El país suramericano debe 1.300 millones de dólares a los denominados inversores "holdouts", liderados por NML Capital Ltd de Elliott Management y Aurelius Capital Management, que compraron bonos de la deuda soberana argentina antes del corralito de 2001, cuando el Ejecutivo suspendió sus pagos.

El Gobierno de Cristina Fernández se encuentra a un paso de dar luz verde al Memorandum de Entendimiento (MOE) firmado por Argentina e Irán, con el cual sendos países prevén esclarecer el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos. Pese a las críticas de la oposición y de la comunidad judía de ese país, el gobernante Frente para la Victoria (FpV) y sus partidos aliados han conseguido recabar la firma de 59 diputados para sacar adelante la polémica medida